El PP de Valencia actuó durante años como una "organización criminal", según los investigadores. La trama, en la que destacaban Alfonso Rus, Máximo Caturla, Gerardo Camps, y Francisco Camps, como principal "recaudador y nexo con la caja negra de Génova", según fuentes del caso —un extremo que el expresidente del Consell ha negado a la SER—, disponía de hasta cinco cajas b, que se nutrían con el dinero de empresarios que a cambio lograban adjudicaciones públicas. En la causa que investiga el juzgado número 18 de Valencia hay ya más de 60 imputados por delitos de cohecho, blanqueo y malversación entre otros.
El empresario José Adolfo Vedri, detenido por la trama de financiación ilegal del PP en Valencia, obtuvo adjudicaciones amañadas de 11 consejerías del gobierno valenciano, empresas públicas dependientes de la Generalitat, las diputaciones de Valencia y Alicante y el Ayuntamiento de la capital del Turia por encima de los 30 millones de euros, según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER. Las cifras superan con mucho a la Gürtel en Valencia, que logró alrededor de 16 millones de euros.
Vedri, a través de su empresa de cabecera dedicada a la comunicación, Engloba, y sus 14 filiales, comienza a contratar con el Gobierno valenciano en 1999, en época de Eduardo Zaplana, pero el grueso de las adjudicaciones irregulares se produce durante el mandato de Francisco Camps, a partir de 2003.
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