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LoginLos nueve juristas que constituyen el denominado Comité Permanente de seguimiento de la digitalización de los juzgados y tribunales de Madrid (integrado por tres jueces y seis secretarios, dos de ellos de alto rango) cobraron en 2014 dietas extra por importe de 3.000 euros cada uno (27.000 en total). Recibieron ese dinero por haber asistido a cuatro reuniones que se celebraron en la biblioteca del Tribunal Superior de Madrid. El citado comité se encarga de “revisar y validar” la evolución de la renovación informática que se acomete desde finales de 2011 en los juzgados madrileños para reducir las esperas y agilizar los trámites judiciales.
Este grupo reducido de juristas (entre ellos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Francisco José Vieira; y seis secretarios, incluidos los dos máximos responsables de la secretaría) también cobró la misma cantidad en 2013, según fuentes de la Comunidad de Madrid. En total, 54.000 euros en dos años entre los nueve.
Los pagos fueron (el comité permanente sigue en funcionamiento este año) por los trabajos derivados de estar en un órgano cuyo cometido es analizar y resolver los problemas que puedan ir surgiendo tras la implantación de las nuevas herramientas informáticas en los juzgados donde ya funcionan en periodo de pruebas.
A finales de 2011, y en cumplimiento de la Ley 18/2011, de 5 de julio, que regula la denominada agenda digital, la Comunidad decidió abordar un proyecto informático para renovar y mejorar el sistema informático de los juzgados y tribunales de Madrid. El proyecto se llama Iusmadrid y consta de tres fases que han sido nutridas un con total de 6 millones. Indra ha sido la adjudicataria del proyecto como ganadora de los sucesivos concursos públicos. El proyecto está inmerso ahora en la tercera fase, en la que trabajan 24 juristas entre jueces, secretarios y fiscales, según la Comunidad de Madrid. Estos juristas también cobran sus primas de este organismo a través de la tecnológica Indra, pero Justicia no ha facilitado el dinero que han recibido en primas. En los trabajos de la segunda fase, que concluyó a finales de 2013, participaron menos juristas, 14 (entre jueces, fiscales, secretarios y funcionarios). E Indra, por indicación de la Consejería de Justicia, les pagó un total de 93.000 euros: el que menos, cobró 3.000, y los que más 9.000, en función del número de asistencias a las reuniones con los técnicos de Indra. El Comité Permanente inició su andadura en 2013. De hecho, constan pagos a sus miembros en ese periodo por importe de otros 27.000 euros.
En la actualidad, el Comité Permanente lo componen nueve juristas (aparte de los 24 antes citados que trabajan con los técnicos de Indra en sus nuevas herramientas digitales). Los miembros de este comité (los que percibieron el año pasado 3.000 euros cada uno) son el presidente del Tribunal Superior de Madrid, Francisco Vieira; José Palazuelos (secretario de gobierno del Tribunal Superior), José Gayo (secretario coordinador), José Manuel Yuste (magistrado), Juan López (magistrado), Luis Fernando Pareja (secretario), María Isabel Lama (secretaria), Rosa María Mariscal de Gante (secretaria) y Cristina García Aranguena (secretaria). También figura como miembro del comité permanente el fiscal Superior de Madrid, Manuel Moix. Pero Moix no ha cobrado. En 2014, según datos facilitados por la Comunidad de Madrid, estos nueve juristas se reunieron “una vez cada tres o cuatro meses”.
EL PAÍS adelantó el lunes que una treintena de juristas (entre ellos el jefe de los jueces de la Comunidad, Francisco José Vieira,y al menos otros ocho magistrados más, aparte de secretarios, fiscales y funcionarios) han cobrado desde 2011 y hasta la fecha más de 200.000 euros en primas que la Consejería de Justicia paga a través de la firma Indra (una empresa privada). Los pagos son por participar en las comisiones formadas en las distintas jurisdicciones (Social, Contenciosa, Civil etcétera) para a orientar a los técnicos de Indra sobre cómo han de construir los programas digitales de los juzgados.
Los jueces, alegando que realizaban el trabajo fuera de su jornada laboral y que el cometido es ajeno a la función judicial, exigieron cobrar. La Comunidad acudió a Indra como adjudicataria (en concurso abierto) de las distintas fases del proyecto para que se hiciera ella cargo del pago de las primas.
El promotor disciplinario del Consejo del Poder Judicial abrió el lunes una investigación para aclarar estos pagos, ya que los jueces tienen restringido por ley recibir retribuciones de empresas privadas. El martes citó a declarar al jefe de los jueces de Madrid, Francisco Vieira, uno de los jueces que han percibido estos pagos. Vieira reconoció que no pidió permiso al Consejo para realizar estos trabajos remunerados.
El proyecto digital de los juzgados consta de tres fases. Solo por la segunda fase, la treintena de participantes cobró de Indra un total de 93.000 euros.
Tanto Indra como la Comunidad se han remitido al pliego de adjudicación de las distintas fases (en concurso abierto) para explicar por qué los jueces están percibiendo primas. Coinciden en que ahí se establecen los pagos, puesto que el pliego obliga “al cliente o usuario” (Justicia) a “revisar y validar” las nuevas herramientas. En ningún punto de los pliegos se especifica que Indra esté obligada a pagar a los jueces.
Fuentes de la Comunidad de Madrid no han precisado si los 3.000 euros que percibieron en 2013 los miembros del comité permanente van aparte o están incluidos en las remuneraciones que consta recibieron al menos cinco de ellos que, también, formaron parte de las comisiones de jueces, secretarios y fiscales creadas para la segunda fase de la renovación digital, y que supuso a Indra el desembolso de 93.000 euros. El presidente Vieira, por ejemplo, ha cobrado 6.600 euros por su intervención en la segunda fase (según el cuadro de retribuciones al que ha tenido acceso este periódico), y además le consta un pago de 3.000 euros ese mismo año por su pertenencia al Comité Permanente. La Comunidad ignora sí cobró por ambos conceptos o esa cantidad está descontada. ¿Cómo y por qué cobran los juristas por hacer este cometido? Según fuentes del Gobierno de Ignacio González, fue una exigencia de los magistrados. En nombre de ellos negoció su presidente, Vieira. En la Comunidad recuerdan su insistencia en que, al tratarse de un cometido ajeno a la función judicial, debía ser remunerado o no habría participación de los jueces, lo que habría imposibilitado construir las herramientas digitales en los juzgados.
Auque paga Indra, de todo el operativo de Iusmadrid (y, en concreto, de facilitar a Indra la relación de jueces a los que hay que retribuir y con qué cantidades) se encargó Mar Macarrón, subdirectora general de la agencia ICM. Todo lo que ejecuta la consejería en materia de informática judicial, lo hace a través de su agencia pública ICM que se rige por un consejo de administración que preside el consejero de turno, desde 2011 Salvador Victoria (PP).
ICM está en la lupa del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de la trama Púnica (35 detenidos entre los que destaca el otrora número dos del Gobierno de Esperanza Aguirre Francisco Granados, ahora en la cárcel). Y lo está por sus relaciones contractuales con Indra. El juez sospecha que en el pasado entre ambas empresas hay contratos y facturación falsas. ICM tiene este año un presupuesto de 155 millones (que llegó a ser de 200 antes de la crisis económica.
