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LoginEl Juzgado Social número 10 de Barcelona ha abierto la puerta a permitir que las prostitutas obtengan los derechos laborales que tanto reclaman.
En una sentencia del pasado febrero, el magistrado Joan Agustí Maragall estima una petición de la Tesorería General de la Seguridad Social contra la propietaria de un centro de masajes eróticos de Barcelona y tres empleadas de este local y considera que mantenían una relación de «carácter laboral». A partir de esta resolución judicial, que no es firme ya que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), las prostitutas que quieran tendrán jurisprudencia para reclamar por la vía judicial que les equiparen con cualquier otro trabajador. De esta forma, se les podría reconocer el derecho a formalizar un contrato con el empresario para el que trabajen con la correspondiente alta en la Seguridad Social y el cobro de la prestación de desempleo.
"Las trabajadoras codemandadas ejercían libremente, sin coacción y de manera no forzada, la prestación de servicios de prostitución por cuenta de la empresaria demandada, bajo su dirección y dependencia", concluye el magistrado en la sentencia que recuerda que no se han encontrado "motivos de ilicitud penal ni de lesión de derechos fundamentales" en este caso. En este sentido, la sentencia recuerda que, en octubre de 2012, la Inspección de Trabajo y miembros del Cuerpo Nacional de Policía acudieron al centro de masajes eróticos propiedad de la demandada, que se anunciaba por internet, y encontraron a las tres trabajadoras.
En su declaración ante los funcionarios, las tres prostitutas explicaron que cobraban "a comisión de cada uno de los servicios que realizan, que los clientes los proporciona la empresa a través de publicidad y de su página web, así como los diferentes materiales de trabajo: aceites, camillas y demás instalaciones". La actuación policial acabó con la detención de la empresaria y de la encargada del centro y se iniciaron diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona por un presunto delito de explotación sexual, pese a que esta investigación se archivó unas semanas después.
El acta de infracción de la Inspección de Trabajo, por falta de afiliación y alta de las trabajadoras codemandadas, acabó en el juzgado tras ser recurrido por la empresaria, que negaba toda relación laboral con las empleadas. En su resolución, el magistrado considera que existe una relación laboral entre la propietaria del negocio y las mujeres que se prostituían en el local, que no sólo se limitaba al alquiler de habitaciones. Ha quedado probado que la empresaria proporcionaba los clientes, gestionaba los pagos y organizaba los horarios de trabajo de las meretrices.
A partir de esta sentencia, la Tesorería de la Seguridad Social podría reclamar a la propietaria del centro de masajes las cuotas impagadas por tener a las prostitutas trabajando en el local. El magistrado recuerda que la trabajadora que compareció en el juicio afirmó que "ejerció la prostitución por cuenta ajena de forma libre, no coaccionada, más allá obviamente de la situación social y económica que puede haberla inducido" a su ejercicio. Por eso, la sentencia carga contra el Estado por ofrecer "cobertura legal al proxenetismo, vía reglamentación administrativa y despenalización aplicativa, sin ofrecer cobertura jurídica específica al ejercicio de la prostitución" ya que de esta forma "se agrava el atentado a la dignidad, a la libertad y a la discriminación por razón de sexo".
El juez insta al Estado a adoptar el denominado modelo nórdico, por el que se penaliza como delito la compra de servicios sexuales, no los servicios de las personas que ejercen la prostitución. De esta forma, considera que "la actual situación de alegalidad y el no reconocimiento del carácter laboral de la relación no hace más que agravar enormemente la incuestionable lesión de la dignidad, la libertad y la igualdad que comporta toda relación de prostitución por cuenta ajena para la inmensa mayoría de las mujeres que la ejercen".
Esta decisión judicial es pionera, ya que hasta ahora la jurisdicción social sólo reconocía las relaciones de alterne -la estimulación del consumo de bebidas alcohólicas por parte de las mujeres a cambio de recibir una comisión del coste de la consumición- y rechazaba la posibilidad de que exista un contrato de trabajo que dé cobertura a las situaciones de explotación lucrativa de la prostitución.
La sentencia del juzgado de Barcelona destaca que "para que este contrato de trabajo pueda reputarse válido es imprescindible que su objeto y causa sean lícitos". En este sentido, el juez cree que en este caso lo es porque las mujeres lo "ejercían libremente" a cambio de una retribución de la empresaria.
