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LoginCon la reciente aprobación de la Ley Habilitante solicitada por el presidente Nicolás Maduro, quien tendrá la facultad de gobernar por decreto hasta el 31 de diciembre con el fin de “enfrentar” agresiones estadounidense, son encontradas -y confrontadas- las opiniones.
Para el abogado y director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Benigno Alarcón, la nueva Ley Habilitante forma parte de una puesta en escena con objetivos electorales que “no se puede ver solo como un mecanismo para desviar la atención, aunque eso puede ayudar”.
“Esta ley es parte de montar un escenario para hacer creer que estamos ante la amenaza de una próxima guerra con Estados Unidos o de una invasión, cuando nada de eso está planteado, sino tomar medidas económicas para presionar al Gobierno venezolano para que cambie su actitud, explica Alarcón.
Riesgos
El director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB alerta que esta ley da libertad al Presidente para tomar acciones contra opositores, incluso en materia penal. “Es muy grave porque concentra aún más de lo que ya estaba el poder en un solo hombre, no solo para que legisle en materias puntuales, como las económicas, sino para que llegue al colmo de tomar decisiones y legislar en materia penal, lo que involucra la libertad de los seres humanos”.
Si bien no hay muchas especificaciones en la Ley Habilitante que tendrá Maduro por nueve meses, Alarcón advierte también que no establece límites al habilitado: “Se puede prestar para perseguir sin límite a actores de la oposición, apresar sin pruebas, simplemente porque se sospeche o se diga que la persona tiene algún tipo de cooperación con el imperio”.
La diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Liris Sol Velásquez, defiende la solicitud y aprobación de la habilitante argumentando que se hacía necesaria por la declaración de “amenaza a la seguridad nacional” que hizo el presidente Barack Obama sobre Venezuela.
Explica que esos poderes especiales otorgados al Jefe de Estado le permiten crear mecanismos y acciones “para atender una amenaza imperialista”.
El diputado a la AN por el partido Causa R Américo De Grazia, afirma que la habilitante solo podrá servir para la persecución política a venezolanos contrarios a su Gobierno. “No hay manera de que a través de la Ley Habilitante se pueda afectar los intereses de Estados Unidos, pero sí el de los venezolanos, criminalizando las protestas, calificándolos de apátridas y de colaboracionistas con el gobierno norteamericano para perseguirlos… es una legitimación de la represión”.
A juicio del parlamentario de la bancada opositora, la única forma de afectar eventualmente a EE UU es quitándole el suministro petrolero, mas insiste en que los mayores perjudicados serían los venezolanos.
Objetivos electorales
De acuerdo con Alarcón, entre los objetivos electorales que contempla la reciente habilitante está el “tratar de unificar al país ante la presencia de un enemigo externo; en segundo lugar, si no puedo unificar al país, por lo menos hago que la oposición no pueda atacarme porque nadie podría solidarizarse con el enemigo externo… en tercer lugar, como posiblemente no podré reunificarlos a todos, por lo menos con los que alguna vez fueron míos”.
Alarcón añade a las posibles intenciones electorales mediante habilitante el hecho de sacar de la carrera política y electoral a los actores que pudieran molestar al Gobierno.
¿Suspender elecciones?
En vísperas de la renovación de diputados a la Asamblea Nacional, cuya fecha de votaciones aún no ha sido anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), queda la duda sobre si el Presidente usaría su poder especial para suspender las parlamentarias bajo la excusa de una “amenaza imperialista”.
Alarcón señala que la suspensión de elecciones no está descartada, más cuando el ente encargado sigue sin anunciar su cronograma.
De Grazia, por su parte, coincide en que ciertamente la suspensión de las elecciones puede ser activada mediante la habilitante, “siempre afectando los intereses de los venezolanos… la utilizarán para evitar cualquier tipo de protesta que en tiempo electoral pueda ser usado por la oposición a su favor”.
El director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB concluye en que todo dependerá de la medición de respuesta que haga el Gobierno, para decidir si es conveniente o no usar esa estrategia”.
La diputada Liris Sol Velásquez rechaza esta matriz de opinión, calificándola de “rebuscada”. Resta mucho escenario. Y tela por cortar.
Preservar los derechos:
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) alerta sobre la posibilidad de que “como en anteriores ocasiones, la Ley Habilitante se solicite con unos propósitos y termine siendo utilizada con otros fines, afectando derechos que, por reserva legal, solo pueden ser normados por el órgano legislativo”.
Haciendo sus críticas a su vez a la Ley 113-278 del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, aprobada el 18 de diciembre de 2014, exhortó a ambos gobiernos a que la aplicación de cualquier sanción “cuente con las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, ajustándose a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos”.
Asimismo, insiste en que la Ley Habilitante no sea usada “con fines distintos a los previstos, especialmente en lo relacionado con la preservación y garantía de los derechos humanos”.
