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LoginLa ley de Seguridad Ciudadana acaba de ser aprobada de forma definitiva en el Congreso de los Diputados, con los votos a favor del PP y UPN, y en contra del resto de los grupos parlamentarios. Se trata de una de las leyes más polémicas y más discutidas por la oposición, que la ha bautizado como «ley mordaza», pero el Gobierno se basa en algunos datos impactantes para justificar su aprobación. Por ejemplo, este: entre 2012 y 2014 se produjeron en España casi 1.000 disturbios violentos en manifestaciones por toda España, que tuvieron un coste de más de 47,5 millones de euros, según las cifras oficiales que maneja el Ministerio del Interior.
En los disturbios resultaron heridos 869 civiles y 632 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los incidentes se redujeron de forma notable a partir del año pasado y en este 2015. Según la Delegación del Gobierno de Madrid, en la capital hubo el año pasado un 30 por ciento menos de manifestaciones (10.831 en todo el año).
Menos incidentes
El «bajón» que se ha producido en el número de disturbios, y en su intensidad, se observó en los incidentes que siguieron a la Marcha por la Dignidad del pasado 21 de marzo. Los daños ocasionados por esos disturbios tuvieron un coste de 34.696 euros. Un año antes, los incidentes producidos tras la Marcha por la Dignidad costaron 142.000 euros, cuatro veces más.
Fuentes de Interior explican que «la prioridad de la ley es proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana y el propio desarrollo de la manifestación». Desde la oposición, sin embargo, se ve un menoscabo claro del derecho de manifestación con sanciones desproporcionadas.
La ley de Seguridad Ciudadana se publicó el martes en el BOE, pero entrará en vigor el próximo 1 de julio. La norma prevé 44 razones por las que alguien puede ser sancionado con multas que van desde los 100 euros hasta los 600.000, siempre que no sea delito. Las cuatro faltas más graves son la celebración de manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas; fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa; celebrar espectáculos públicos quebrantando una prohibición y proyectar haces de luz sobre pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.
El uso de punteros láser para deslumbrar a pilotos y controladores aéreos se considera una «amenaza potencial» muy grave para la seguridad de los aviones, y por tanto para la seguridad de los ciudadanos. No es un hecho aislado. Según los datos de Interior, las denuncias por estos hechos han crecido de forma alarmante en los últimos años: un 687 por ciento en solo tres años.
Denuncias por punteros láser
Según la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en 2010 se produjeron 119 denuncias por la utilización de punteros láser. Un año después, las denuncias se dispararon hasta las 446. En 2012 fueron 500 y en 2013, 658. El año pasado llegaron a 818 denuncias.
Desde la aprobación de la Constitución de 1978, la primera ley que reguló la intervención de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana fue de 1992, con un catálogo de infracciones y sanciones. Tras 22 años de vigencia, el Gobierno consideró que había «nuevas circunstancias» para aprobar una ley acorde con el siglo XXI. Pero la oposición, con el PSOE a la cabeza, encontró ahí un filón para atacar al Gobierno por querer menoscabar los derechos de los ciudadanos.
Lo cierto es que en los últimos años, de media un 65 por ciento de los detenidos por desórdenes públicos han resultado absueltos, quizás porque el castigo penal es exagerado para estos casos y pocas veces se producen condenas. De ahí que Interior considerase la necesidad «no de sancionar más, sino de sancionar mejor». Por eso, hay conductas relacionadas con el orden público que hasta ahora se castigaban como faltas en el Código Penal y que han quedado destipificadas, pero se entiende que deben sancionarse en el ámbito administrativo, para lograr una «respuesta sancionadora» más eficaz.
Lo cierto es que a lo largo de los 16 meses que ha durado la tramitación de esta ley, el Gobierno ha ido limando asperezas ante el aluvión de críticas que recibió por parte de la oposición, y se han suprimido algunas de las conductas más polémicas. Pero las críticas no han retrocedido ni un milímetro. Así, por ejemplo, concentrarse sin autorización ante el Congreso ya no será sancionado con un máximo de 600.000 euros, sino con un máximo de 30.000, y siempre que haya «perturbación grave de la seguridad ciudadana».
