Si la prensa no da a esto el mismo bombo que a lo de Monedero o Errejon, es porque creen que el votante de derechas directamente es UN SUBNORMAL.
Una empresa del Gobierno de Aguirre pagó 5 millones en asesores y ‘lobbies’.
Madrid Network, una empresa participada por la Comunidad de Madrid y creada por el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2007 para fomentar la innovación tecnológica, gastó en 2011 cinco millones en asesorías externas, contratación de ejecutivos y grupos de presión o lobbies, algunos ligados al PP. Los contratos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, incluyen pagos por la celebración de desayunos de trabajo en el extranjero o la puesta en marcha de planes estratégicos de comunicación para la internacionalización de la industria madrileña.
Madrid Network es una empresa de derecho privado y no está sujeta a los controles de las sociedades públicas, por lo que puede contratar sin concurso, aunque su presidente lo nombra el Gobierno regional. Todas las adjudicaciones, por tanto, están dentro de la ley aunque no tengan ningún filtro. Los cinco millones de euros gastados en asesores de esta entidad contrastan con los 1,3 millones que costó el programa de asesoramiento de toda la Comunidad en 2011 o los 4,9 millones que tiene de presupuesto el Consejo Consultivo, órgano que realizó ese año 311 dictámenes. En 2014, la Generalitat gastó 53,5 millones en promoción exterior, de los que solo 1,2 millones fueron a pagar asesores y consultores. Fuentes de la patronal madrileña CEIM coinciden en que son “cifras demasiado elevadas para Madrid Network”.
En 2011, fueron 72 los gabinetes, asociaciones y profesionales contratados para desarrollar los trabajos reclamados por Madrid Network. De ellos, el bufete que más recibió (646.073 euros) fue Equipo Económico, el gabinete de asesoramiento que en 2006 creó el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que abandonó en 2008. Los pagos se realizaron en cuotas de 45.626 euros.
En el momento de la adjudicación, el presidente de Madrid Network era Antonio Beteta, consejero de Hacienda con Aguirre. A finales de 2011, cuando el PP ganó las elecciones generales, Montoro lo nombró secretario de Estado de Administraciones Públicas, puesto en el que sigue hoy.
Fuentes próximas a Beteta aseguran que “jamás firmó una adjudicación. Quien adjudicaba”, afirman, “era el gerente, que posteriormente fue vicepresidente y presidente de Madrid Network, Aurelio García de Sola. Beteta solo era un cargo político. Estaba centrado en su labor en la consejería”, indican.
Este periódico ha comprobado que los contratos con las empresas adjudicatarias estaban firmados en su mayoría tanto por García de Sola como por Alicia Hinojosa, en su “condición de apoderados mancomunados de Madrid Network”. Cuando EL PAÍS se puso en contacto con García de Sola para conocer su versión, el exgerente rechazó hacer declaraciones, alegando que no recordaba el asunto: “Ha pasado mucho tiempo”.
Por cuantía, la siguiente más beneficiada por las adjudicaciones fue Arcano Valores (483.800 euros). Arcano es una reconocida firma de asesoramiento financiero con oficinas en Madrid, Barcelona y Nueva York. En tercer lugar se halla el gabinete Business Assestment Plans & Projects, con 349.200 euros, que está presidido por Manuel Lamela Fernández, que también fue consejero de la Comunidad en el Gobierno de Aguirre, del área de Sanidad, entre 2003 y 2007.
Esta sociedad limitada tuvo, en 2011, 550.000 euros de ventas. Beteta y Lamela fueron consejeros de Aguirre en sucesivos ejecutivos, pero no coincidieron nunca en el Gobierno.
En concreto, la sociedad de Lamela recibió un contrato de 349.280 euros por el “soporte a la constitución y a la presentación de ofertas para proyectos y obras concretas en otros países del mundo, especialmente Latinoamérica y EE UU”, además de un “servicio de consultoría y asesoramiento profesional”, según refleja la documentación de la empresa. Esta hace referencia a trabajos relacionados, entre otros, con información o mediación en la construcción de un hospital en Piura (Perú), otro en Antofagasta (Chile), el metro en São Paulo (Brasil) o una cárcel en Uruguay. El capital social de la empresa es de 3.000 euros.
