Es frecuente oír, al hablar del estado de la educación, que el gobierno no quiere que aprendamos, o que le interesa que seamos unos ignorantes. Incluso la sabiduría popular se pone creativa, y acuña términos como “ignorantar” o “ignorantados” para describir este proceso.
A nadie se le escapa ya, tras años de contrarreformas educativas, que éstas tienen un objetivo claro: expulsar a los hijos e hijas de las familias más humildes del sistema educativo a edades más tempranas, y empeorar la calidad de la educación que reciben mientras permanezcan en él.
Se suele decir que los ricos de este país no soportan que sus vástagos se mezclen en la escuela con los hijos de los pobres, unos vagos y maleantes en potencia a sus ojos. Es un lugar común saber que tuercen el gesto cuando sus retoños tienen que acceder en pie de igualdad y codearse con los “proletas” en la educación superior.
La realidad es bastante más siniestra. En un país con una economía sustancialmente desindustrializada, donde predominan sectores escasamente productivos y basados en la sobreexplotación de mano de obra (turismo, hasta hace poco la construcción…), a la clase dominante de este país no le sale rentable tener una mano de obra joven “sobrecualificada”. Para mantener en alza sus ganancias necesitan que tengamos la formación justa (en sentido restrictivo) para poder aprovecharse de nuestro trabajo en sus empresas. Por eso reducen nuestro acceso a la educación, y reservan la formación y puestos de trabajo más elevados para los suyos, para los que puedan pagarlo.
Pero, como decíamos, también reducen la calidad de la educación que recibimos. Si alguna vez la educación sirvió para reflexionar sobre la sociedad y estimular una conciencia crítica y emancipadora, eso queda muy lejano ya. La necesidad de la clase dominante por mantenernos como un rebaño que respete el orden establecido y no luche por cambiar su situación hace que cada vez más, la educación se apuntale como un mecanismo más obvio de transmisión de la ideología de la clase dominante.
Por citar un ejemplo representativo de los intereses que tienen quienes configuran nuestra educación, veamos algunas editoriales de libros escolares y quiénes están detrás: Anaya pertenece al grupo francés Lagardère, cuyo principal negocio está en la aeronáutica y en la defensa; Santillana pertenece al Grupo Prisa, controlado por bancos como el Santander; Ediciones SM, a una secta religiosa marianista, al igual que Edelvives. A muchos nos sonarán estos nombres de nuestros libros de texto, que si los desempolvásemos ahora y releyésemos con una mirada crítica, nos quedaríamos fríos al ver que la peor droga no se ofrecía a la puerta del instituto, sino dentro de las aulas.
Por otra parte, también algunas personas señalan que ante los recortes en la educación, lo que hay que hacer es “recuperar la democracia”en este ámbito. Si bien es cierto que muchas reformas han implicado un serio retroceso en el poder de decisión de la comunidad educativa, ¿ha sido alguna vez el sistema educativo realmente democrático, cuando siempre ha estado sometido a unos gobiernos que no han hecho más que administrar los intereses de las grandes empresas?
La verdadera democracia, si asoma por la educación, no lo hace por su configuración legislativa, sino de la mano de miles de alumnos y profesores, de su acción de masas y su capacidad de decisión consciente. Viene del compromiso de verdaderos profesionales de la educación, de aquellos influenciados por la efervescencia de la sociedad, y que buscan un alumnado consciente. Viene de su participación en la transformación de la sociedad con sus ideas y acciones. Es eso precisamente lo que hay que recuperar (en la medida en que se haya perdido, si lo comparamos con otras épocas). Pero no para mejorar el sistema educativo, sino para erguir otro nuevo, en el que sean verdaderamente los intereses de profesores y estudiantes, y de la sociedad en general, los que rijan la educación, y no el interés de un puñado de empresas.
Antón Ferreiro
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