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LoginLa mafia de Gennadios Petrov «ha conseguido una evidente penetración en los estamentos del Estado de su país». La Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado hace esta contundente afirmación en el escrito de 452 páginas en el que pide al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que transforme las diligencias previas de la operación Troika en procedimiento abreviado. El ministerio público pide que se acuse a 27 personas en este procedimiento, consecuencia del mayor golpe a la delincuencia organizada asestado jamás a la mafia rusa, en junio de 2008
Anticorrupción añade que Petrov, jefe de la Tambovskaya y reconocido en el mundo delincuencial ruso como «autoridad criminal» (Autoritievti), «mantiene fuertes vínculos con el poder económico, político, judicial y policial en Rusia, y también con miembros del crimen organizado internacional para la consecución de proyectos comunes».
Entre sus allegados del mundo de la política destaca el diputado de la Duma Vladislav Reznik, quien ha sido presidente de la Comisión Parlamentaria de Instituciones de Crédito y Mercados Financieros y miembro del Consejo Nacional de Bancos en Rusia, que igualmente es acusado en este sumario por la Fiscalía.
En cuanto a los allegados a Petrov dentro del Gobierno ruso, el Ministerio Público destaca a Anatoli Serdiukov, ministro de Defensa ruso con quien mantiene negocios; Victor Zubkov, suegro del anterior, ex primer ministro ruso y que según el ministerio público ha favorecido a la organización del capo con algunas decisiones políticas; Dimitri Kozak, ex titular del Ministerio de Desarrollo Regional de ese país y Leonid Reiman, que fuera ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Federación rusa.
Tampoco el ámbito de la persecución de delitos era ajeno al ámbito de influencia de la mafia liderada por Petrov. Anticorrupción considera que Nikolai Aulov, general jefe de la Dirección Principal del Ministerio del Interior de Rusia en el Distrito Federal Central estaría a su servicio. Lo mismo que Yuri Britikov, jefe de la UBOP, una unidad especial contra el crimen organizado; Igor Sobolevski, ex alto cargo de la Fiscalía rusa que mantenía contactos e intercambio de favores con el capo y, lo que es más preocupante, Alexandr Bastrikin, en la actualidad miembro relevante de la Fiscalía de ese país.
Dentro del mundo de los hombres de negocios, Petrov tendría relaciones con Arkadi Buravoy, socio suyo e implicado en el mundo de la construcción; Mikhail Mironov, su hombre de confianza en Rusia; Alexander Zolotoi, encargado de los negocios de oro y joyerías de su jefe en Moscú; Eugene Aschembrenner, vinculado a la mafia Izmailovskaya y German Greff, ex ministro de Desarrollo Económico y presidente del banco ruso Sberbank.
Igualmente se relaciona de forma directa con los oligarcas Alexander Abramov, alias «el Profesor», dueño de Evraz Holding; Iskander Makhudov, alias «el Chino», de UMMC e integrado en en la mafia Izmailovskaya y Oleg Deripaska, propietario junto al anterior de la citada empresa, imputado en España y con inversiones en la industria del automóvil, la aviación, el gas y el petróleo. Controla además el 42 por ciento de la producción mundial de aluminio.
La Fiscalía explica que los 27 imputados forman, junto a otros que no han sido localizados, una «comunidad criminal» que lleva asentada en España desde 1996. «Desde sus domicilios en España -sostiene Anticorrupción- han venido controlando las actividades criminales de los respectivos grupos que dirigen en su país de origen y que son ejecutadas por mandos intermedios y subordinados».
Los delitos cometidos en su país son, entre otros, el asesinato, tráfico de armas, extorsión, estafa, tráfico de influencias, tráfico de drogas, palizas por encargo... y «el enorme rendimiento económico generado (…) es canalizado en España mediante asesores jurídico-financieros que trabajan casi en exclusiva para la organización» atacada, que es la Tambovskaya-Malyhevskaya. La unión de estas dos mafias, explica gráficamente la Fiscalía, «puede ser caracterizada como una “Unión Temporal de Empresas” criminales, con una clara división de tareas y reparto de papeles».
«La actividad de introducción de capitales y la indiscriminada subversión de la legislación societaria y mercantil, con consecuencias de elusión tributaria de alcance penal constituyen, pues, el núcleo de la actividad criminal detectada en nuestro país».
El ministerio público identifica como máximos responsables de esa comunidad criminal al ya citado Petrov, a Alexander Malyshev, a Sergei Kouzmine y a Vitali Izgilov, éste ya condenado en España por sentencia firma y expulsado de nuestro país. Cada uno tiene su propia esfera de poder y cuenta con sus particulares subordinados, pero hay «plena coordinación y unidad de actuación».
La Fiscalía describe pormenorizadamente el entramado de blanqueo de Petrov -sus sociedades han acumulado un valor patrimonial muy superior a los 50 milones de euros-, con un papel destacado del abogado Juan Antonio Untoria, que hacía las funciones de consejero del jefe. Untoria es el letrado que asistió al empresario Francisco Javier Martínez de Lahidalga en el caso del «pequeño Nicolás». En cuanto a la trama mafiosa rusa facilitaba «los mecanismos jurídicos para conseguir los objetivos que Petrov se proponga: sociedades para traer los fondos ilícitos a España, regularizar su situación administrativa, solventar cualquier trámite burocrático...».
Junto a Untoria, juegan un papel destacado la mujer del jefe, Elena, que como su marido está huido en Rusia tras serles concedido un permiso para viajar hasta allí; su secretaria y traductora Ioulia Ermolenko; el marido de ésta, Andrei Malenkovich y la también secretaria y administradora de Petrov en España Svetlana Vassiljeva.
