No puedes ver los enlaces.
Register or
LoginLas listas de Ahora Madrid (la que gobierna desde el sábado el Ayuntamiento de la capital) y Podemos en la Asamblea de la Comunidad están trufadas de personas identificadas e incluso imputadas por la Policía por desórdenes e insultos graves, entre otras cuestiones. No solo está el caso de Rita Maestre (a la que la Fiscalía pide un año de prisión por la profanación en 2011 a la capilla de la Universidad Complutense en el campus de Somosaguas), sino también el de otros compañeros de filas municipales.
Por ejemplo, el número 2 de Manuela Carmena y segundo teniente de alcalde, Nacho Murgui, ha participado activamente en la «okupación» de edificios en Madrid, como él mismo ha reconocido. Uno de los casos que más ha defendido es el del llamado Patio Maravillas, que ha tenido varios emplazamientos en el céntrico barrio de Malasaña y que ahora se ha «trasladado» a otro inmueble, propiedad de la familia de Henrique Capriles, el opositor al chavismo venezolano.
A Murgui, hasta hace meses presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, se le ha visto en varias ocasiones en manifestaciones de grupos radicales antifascistas. Otros okupas en el Consistorio son Celia Mayer (número 11 de la lista); el polémico Guillermo Zapata (12); y hasta el recién nombrado edil de Seguridad, Javier Barbero (18);es decir, el jefe político de la Policía Municipal.
Precisamente contra este Cuerpo, conformado por unos 6.500 agentes, tuvo un fuerte enfrentamiento en un desahucio en la calle del Tribulete (barrio de Lavapiés), en febrero de 2014, el entonces concejal por IU Jorge García Castaño. «No fue detenido porque era edil. Es más, él mismo se encargó de recordárnoslo verbalmente», «No fue detenido porque era edil. Él nos lo recordó»reconoce un mando policial a ABC. García Castaño, que se pasó a Convocatoria por Madrid (la plataforma auspiciada por Tania Sánchez tras abandonar IU y que aboga por una convergencia con Podemos), participó activamente en la acampada ilegal en la Puerta del Sol con motivo de la irrupción del 15-M, en mayo de 2011. «Llevaba labores de comunicación», indica otra fuente. En una entrevista durante los disturbios de la celebración de la JMJ (año 2011), llegó a acusar a los «antidisturbios» de haberle golpeado.
Pero en aquel lanzamiento de Lavapiés hubo otra persona más beligerante con las Fuerzas del Orden. Se trata de Isabel Serra, una de las diputadas de Podemos en el Parlamento madrileño (número 16). Se la imputó porque, según los testigos, lanzó objetos contra los agentes e incluso insultó a una policía municipal: «¡Zorra! ¡Hija de puta!». No pudo ser detenida porque cuando se procedió a ello se escondió en una facultad de Somosaguas, aprovechando que la Policía no puede acceder al recinto por el principio de autonomía universitaria. Pero testigos de Tribulete la señalaron.
Pero fue en el contexto de la acampada de Sol, que duró dos meses, cuando cobraron fuerza los grupos de okupas, sobre todo Rompamos el Silencio, donde estaban Isabel Serra y Héctor Meleiro (puesto 86 en la lista de Podemos a la Asamblea, aunque no ha conseguido su escaño, y también imputado por el asunto de la capilla). Otras «okupaciones» de este grupo fueron Casablanca (centro logístico del 15-M), los antiguos Cines Luna y, por supuesto, el Patio Maravillas.
Guillermo, hermano menor de Íñigo Errejón y miembro de Contrapoder (el otro grupo universitario radical donde germinó Podemos), fue identificado realizando pintadas en el oratorio universitario. En la nómina de este colectivo ultraizquierdista y de Juventud Sin Futuro se encuentran Maestre, Pablo Padilla (diputado número 5 del partido morado) y Ramón Espinar (3), que se dedicaba a grabar sus acciones y es hijo de uno de los beneficiarios de las «tarjetas black», del mismo nombre y presidente de la Asamblea por el PSOE en los años 80.
El gobierno de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona comienza a tomar decisiones. Ayer se conoció que el ejecutivo municipal ha decidido retirarse de la acusación penal contra dos estudiantes universitarios detenidos a raíz de los incidentes registrados durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Según informó el ayuntamiento, la alcaldesa Ada Colau dio instrucciones a los servicios jurídicos municipales para retirar los cargos, alegando entre otros motivos que la prisión no cumpliría su función «resocializadora». El grupo municipal del PP consideró «sorprendente e inaudita» la decisión.
