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LoginLos informes policiales detallan que en España existen 3.500 personas ligadas a movimientos radicales de izquierdas. El 80% de ellas forman parte de grupos antifascistas, y el resto, unos 700, el núcleo duro, son los anarco-insurreccionalistas (más violentos y organizados), repartidos sobre todo entre Barcelona y Madrid y con conformados por «okupas». El cálculo es que unos 300 de ellos (la cifra oscila entre 200 y 400, según el momento) están asentados en la capital de España.
Sus lugares de reunión y donde tejen sus tácticas de subversión contra el sistema son los denominados «centros sociales autogestionados», lo que popularmente se conocen como casas «okupa». En la actualidad, hay algo más de una treintena en la ciudad, además de algunos situados en localidades estratégicas como Móstoles y Rivas Vaciamadrid.
Durante años, el Patio Maravillas ha sido el eslabón principal de esta tela de araña antisistema. Su original ubicación en la calle del Pez terminó en desalojo apenas cuarenta y ocho horas antes de que Ahora Madrid desalojara del Consistorio al PP. Esa misma jornada, los «okupas» usurparon un edificio del mismo barrio, Malasaña, propiedad de un fondo con inversiones de la familia del opositor venezolano Henrique Capriles, en la calle del Divino Pastor. Los «squatters» lo tenían perfectamente estudiado. Previamente, se habían informado de la situación del inmueble, de cuatro plantas y deshabitado, mediante informes catastrales y del registro de la propiedad. Ese «modus operandi» nada arbitrario viene recogido en su manual de instrucciones, desvelado esta semana pasada por ABC.
En esa «reokupación» estuvieron presentes miembros de la dirección de Podemos, como la mano derecha de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, y algunos de los que dos días después tomarían posesión como concejales de Gobierno de Manuela Carmena.
Por eso, poco o nada ha sorprendido que al desalojo del pasado martes del nuevo Patio Maravillas el juez que lo ordenó no comisionara a la Policía Municipal. Es más, el propio concejal de Seguridad y, a la sazón, exmiembro del edificio okupa, Javier Barbero, no tenía ni idea de la operación que se iba a llevar a cabo y telefoneó a algunas autoridades para preguntar si los agentes «antidisturbios» habían procedido al desalojo con la orden judicial pertinente.
No solo la pertenencia más o menos activa de al menos media docena de ediles de Ahora Madrid en el movimiento okupa; sino la cantera ideológica y el apoyo de ese colectivo a Podemos y su marca municipal es lo que explica que la alcaldesa Carmena se haya mostrado favorable a negociar con los expulsados del Patio la cesión de un edificio municipal para que desarrollen sus «actividades sociales y culturales». Representantes de la Policía Nacional y Municipal han puesto el grito en el cielo por lo que consideran un «disparate» y un agravio comparativo con otras organizaciones y entidades legalmente constituidas y que carecen de esas facilidades.
Sin embargo, hay precedentes. En 2009, la entonces ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, rubricó la cesión parcial del mastodóntico edificio de Tabacalera a colectivos «okupas», para desarrollar un espacio artístico. La llegada al poder del PP en el Gobierno de la Nación nada ha hecho cambiar esta situación. El actual secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, ha renovado el acuerdo iniciado por el PSOE, pese a la frontal oposición de sectores de Interior, que consideran que Tabacalera es una tapadera de los antisistema y que su uso óptimo sería trasladar allí la destartalada comisaría del distrito de Centro, actualmente en Leganitos.
