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LoginÉdouard Perrin conoce de primera mano el precio de contar un secreto. Desde abril, el periodista francés teme una posible condena de hasta cinco años de prisión y multas de más de un millón de euros tras sacar a la luz el escándalo de LuxLeaks, una desviación sistemática de capital por parte de cientos de grandes empresas a través de Luxemburgo. “No voy a quejarme ni a lloriquear”, asegura a EL ESPAÑOL desde su nuevo hogar en EEUU, donde se ha mudado con su familia. “Es una consecuencia de lo que hice y lo acepto de buen grado”.
El año pasado, una investigación llevada a cabo por periodistas internacionales reveló que compañías como Ikea o Amazon canalizaban sus ingresos al Gran Ducado para pagar impuestos por debajo incluso del 1% cuando el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, gobernaba en Luxemburgo. La punta del iceberg, con todo, ya había asomado tiempo atrás. En 2012, Perrin expuso por primera vez una supuesta trama de pactos secretos entre compañías y autoridades luxemburguesas en un filme para la cadena de televisión France 2. Luego el galo participó también en la pesquisa internacional.
Tanto el trabajo inicial de Perrin como la investigación internacional posterior se basan en una miríada de documentos confidenciales filtrados desde la consultora PwC. La Fiscalía luxemburguesa comenzó a buscar responsabilidades por el robo de los documentos e imputó a Perrin en primavera. Pero el reportero no es el único en el punto de mira del país más pequeño de la UE. La justicia luxemburguesa fue primero a por Antoine Deltour, antiguo auditor en PwC, en diciembre del año pasado. El mes siguiente imputó a otro exempleado de la consultora cuya identidad se desconoce.
Los ‘soplones’ están acusados de robo doméstico, violación de secreto profesional, violación de secretos comerciales, blanqueo y acceso fraudulento a sistemas de tratamiento de datos. Sobre Perrin, pesa la acusación de ser “co-autor, sino cómplice, de las infracciones cometidas por un exempleado de PwC”, según la Fiscalía del Gran Ducado. Y es que la ley luxemburguesa es especialmente estricta en la protección de los secretos de las empresas.
Perrin teme que su historia se convierta en la de muchos otros en el gremio periodístico si la UE aprueba una directiva de protección de secretos comerciales en la que está trabajando y que ha levantado ampollas entre asociaciones de periodistas, sindicatos y organizaciones en defensa del medio ambiente, la salud pública y la seguridad alimentaria -mientras cautiva el aplauso del mundo empresarial. “Los periodistas tendrán que demostrar que obraron en favor del interés público [si desvelan un secreto comercial] y casi siempre dependerá del Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidir si lo hicieron”, opina el periodista francés. “En mi caso, estoy seguro de que el interés público es abrumador”.
Aunque Perrin es juzgado por la actual ley luxemburguesa, la comunidad de periodistas ve en su caso un ejemplo de lo que la Directiva podría provocar en toda la UE de salir adelante. Y ahora Luxemburgo preside el Consejo de la Unión Europea.
¿EN QUÉ CONSISTE LA DIRECTIVA?
Bruselas lleva años trabajando para otorgar a las empresas mecanismos unificados en toda la UE para proteger sus secretos comerciales. Mientras, grupos opositores presionan a contrarreloj para que no se abra una puerta legal a la vulneración de la libertad de prensa, la movilidad laboral o la calidad de los alimentos, porque entienden que la medida -oficialmente “Propuesta de Directiva relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas”- proporcionaría a las compañías gran opacidad y poder para defenderla ante un juez.
La propuesta ha entrado en el triálogo, un proceso de negociaciones informales entre los órganos legislativos de la Unión, y podría votarse en el Parlamento Europeo en noviembre, según sus críticos. La ponente del comité responsable de la Directiva en el Parlamento, sin embargo, afirma que las negociaciones se demorarán.
En concreto, quienes se oponen a la Directiva advierten de los siguientes riesgos: las empresas podrán llevar a periodistas y a sus fuentes a juicio con facilidad y el juez decidirá si obraron por el bien público y de manera adecuada; la movilidad laboral puede verse en peligro si determinados conocimientos profesionales se consideran secretos; la mayor opacidad que garantizaría la Directiva a las actividades empresariales podría debilitar el control que las autoridades europeas tienen sobre ellas y los productos comerciales.
UN PROCESO LIDERADO POR LA GRAN EMPRESA
Generalmente, el concepto de secreto comercial se refiere a un tipo de activo empresarial conocido como know-how -la forma en que se trabaja o hacen las cosas en una compañía-, que puede abarcar desde procesos industriales hasta los guiones de conversaciones telefónicas de una teleoperadora, apuntan los abogados consultados por EL ESPAÑOL. El secreto puede abrigar, por ejemplo, una fórmula farmacéutica antes de que sea patentada. En España, está amparado a nivel civil por la Ley de Competencia Desleal y en el ámbito penal mediante el delito de divulgación de secretos, explica Ángel García Vidal, catedrático de derecho mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro del bufete Gómez-Acebo & Pombo.
Pero la Directiva define el secreto para toda la Unión como una información que reúne tres condiciones: 1) que no sea “generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión”; 2) “tenga un valor comercial por su carácter secreto”; 3) “haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legalmente ejerza su control”.
“Con estos criterios, todo el tráfico de correos electrónicos en la red interna de una compañía podría ser considerado un secreto comercial si está protegido con una contraseña”, denuncia Martin Pigeon, investigador en el Observatorio de la Europa Corporativa, un grupo pro-transparencia que vigila esfuerzos lobistas a escala comunitaria. “La definición que han adoptado es muy vaga”. Pigeon considera que, de aprobarse la Directiva, casi cualquier actividad empresarial podría ser secreta. La definición y la medida en su conjunto, afirma, son fruto de una mastodóntica campaña de presión por parte del mundo empresarial a través de grupos que representan a compañías como Michelin, Intel, Nestlé o General Electric.
El Observatorio realizó una investigación en colaboración con el británico Buró de Periodismo de Investigación y el diario francés Mediapart sobre el papel de la industria en la gestación de la propuesta legislativa. La pesquisa consistió en el análisis de cientos de correos electrónicos y documentos intercambiados entre la Comisión y el lobby empresarial obtenidos tras una petición formal a la UE. El más antiguo data de 2006, pero la presión corporativa ocurrió sobre todo en los tres años previos a la publicación del borrador de la Comisión en otoño de 2013, indica Pigeon. “Básicamente, la Comisión y el lobby empresarial trabajaron en este texto casi completamente solos hasta el final, por lo menos hasta septiembre de 2012, cuando la Comisión llevó a cabo su consulta pública”, afirma.
De las 382 respuestas que obtuvo la Comisión en su consulta pública sobre la iniciativa, sólo once procedían de sindicatos y organizaciones no gubernamentales. Más de 220 participantes afirmaban poseer secretos comerciales. Unos 120 poseían patentes y 93 tenían derechos de diseño. (Hay que aclarar que los participantes en la consulta podían poseer varias formas de protección a la vez). Desde el Observatorio aseguran que la Comisión contactó proactivamente con corporaciones para que respondiesen a su encuesta.
“Hemos apoyado esta Directiva y creemos que este tipo de protección paneuropea es necesaria, porque las empresas se encuentran con normas diferentes o simplemente inexistentes en la UE cuando operan más allá de sus fronteras”, dice Ilias Konteas, asesor sénior en Business Europe, la patronal comunitaria, que ha presionado para la aprobación de la medida. Konteas asegura que la Directiva no supondrá una amenaza para el periodismo ni las libertades civiles. “Proteger secretos comerciales no va en contra de libertades fundamentales, como la libertad de prensa, que están consagradas en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”, afirma.
Robert Bond, jefe del área de ciberseguridad y protección de datos en la firma legal londinense Charles Russell Speechlys, defiende que “la Directiva, en general, forma parte del esfuerzo de la Unión Europea para proteger nuestra economía digital y los empleos que genera”. La medida, dice, busca armonizar la legislación de los países miembros sobre secretos comerciales en una era de explosión del cibercrimen y el espionaje corporativo.
VIVIR EN LOS TRIBUNALES
Este verano, el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento aprobó por mayoría un texto con propuestas para enmendar el borrador de la Comisión. El texto, a cargo de la eurodiputada francesa Constance Le Grip, del partido conservador Los Republicanos (el de Nicolas Sarkozy), coexiste con el borrador de la Comisión y representa la postura del Parlamento en las negociaciones del triálogo. Los críticos con la Directiva consideran que este nuevo documento proporciona más protección a reporteros y fuentes pero todavía deja la puerta abierta a que las empresas asfixien a los periodistas con juicios o los amenacen con litigar.
Tanto la propuesta original de la Comisión como el texto del Parlamento recogen en su artículo cuarto de manera casi idéntica una serie de excepciones a la protección del secreto comercial. La primera de ellas corresponde al “uso legítimo del derecho a la libertad de expresión e información”. La segunda a la revelación de un “comportamiento impropio e irregularidad ilícita” cuando el “demandado haya actuado en interés público”. Además, la propuesta original de la Comisión incluye otra condición: “Siempre que la presunta obtención, utilización o divulgación del secreto comercial fueran necesarias para dicha revelación”. Esta condición se considera especialmente perniciosa para las fuentes empresariales que quieren denunciar actividades ilícitas, los ‘soplones’, que tendrían que demostrar que su filtración era necesaria para exponer la corrupción.
Los conceptos indeterminados de “interés público” y “uso legítimo” hacen que sea un juez quien tenga que ponderar entre la protección del secreto comercial y la validez de la información elaborada por el periodista, dice García Vidal, el catedrático de derecho mercantil. “Imagínese que usted en un artículo ha tenido un comportamiento absolutamente legal y que yo, titular de la información reservada, digo que lo voy a denunciar”, explica. “Evidentemente, si yo lo demando, acabará el proceso y voy a perder -es más que probable que yo pierda-, pero a lo mejor ante mi amenaza y el hecho de que lo voy a llevar a un juzgado, aunque usted tenga la razón, el miedo, el estrés, las preocupaciones pueden hacer que se retraiga”. El ordenamiento jurídico está lleno de conceptos indeterminados, añade.
Pese a que las mejoras propuestas por el Comité parlamentario han sido bien recibidas, los críticos con la Directiva consideran que son insuficientes. Por ejemplo, una campaña organizada en Change.org por la periodista gala Élise Lucet, directora del programa Cash Investigation de France 2 -el espacio donde Perrin emitió su trabajo sobre Luxemburgo- entregó en julio 400.000 firmas a Le Grip para que escuchase los temores de la prensa.
“Realmente intentamos tener estándares altos en la protección de periodistas y la protección de ‘soplones’”, asegura la parlamentaria Le Grip en entrevista telefónica con este diario. “Todos, la inmensa mayoría de los grupos políticos en el Comité, estamos muy concienciados sobre estas cuestiones”. Le Grip, que participa en las negociaciones del triálogo, no cree que la norma vaya a perjudicar a ‘soplones’ y periodistas y dice que en algunos casos, como el de Luxemburgo, la ley nacional tendrá que cambiar y darles más protección para adaptarse a la Directiva europea. Ya con las negociaciones en marcha, la eurodiputada ha reconocido a este diario en una segunda entrevista que la defensa de la libertad de prensa “podría ser un punto de dura discusión”.
Ahora, alargar el diálogo entre las instituciones europeas para pelear por más seguridad jurídica para la prensa es primordial para Renate Schroeder, directora de la Federación Europea de Periodistas y lobista para la Directiva. “Hemos sido muy activos este año”, asegura. Su agenda para este otoño se presenta apretada, con reuniones con eurodiputados conservadores y progresistas además de representantes de los Estados miembros. “Se han hecho mejoras con respecto al borrador de la Comisión, no hay duda de eso”, afirma Schroeder. “Pero no van lo suficientemente lejos”.
“El término ‘uso legítimo’ puede tener un efecto disuasorio en los periodistas”, asegura Guenaëlle Collet, responsable de asuntos europeos de la Unión Europea de Radiodifusión, una organización internacional con base en Ginebra de medios audiovisuales de servicio público. “La palabra ‘legítimo’ introduce incertidumbre”.
Por su parte, Perrin, el periodista galo que desveló el LuxLeaks, advierte de lo arduo que es estar en el banquillo. “Es un proceso largo, es un proceso costoso y estoy seguro de que las compañías van a usar esto como palanca para decir ‘¿estás seguro de que quieres empezar esto?’”, dice. “Porque ellos tienen abogados, tienen recursos; normalmente los medios no tienen esto o incluso la voluntad de entrar en una larga lucha”.
