La ley de transparencia delata a los obispos: Utilizan el dinero del IRPF para sus aventuras empresariales, que agrupan bajo el epígrafe contable de “Actividades pastorales nacionales”.
La revista Tiempo ha logrado obtener, a través del portal de transparencia puesto en marcha por la ley del mismo nombre, un informe sobre las cuentas de la Conferencia Episcopal. No obstante, la Administración no facilitó en primera instancia la información, sino solo después de que el Consejo de Transparencia estimara una reclamación presentada sobre el acceso a esta documentación.
El punto más novedoso del documento, que nunca había visto la luz, es la prueba de que con el dinero del impuesto sobre la renta que los contribuyentes deciden dedicar a los fines de la Iglesia, los obispos financian su cadena de televisión 13TV en sucesivas aportaciones anuales. Según la memoria presentada al Gobierno, en 2013 realizaron una aportación de capital de 5,9 millones de euros que se apuntaron bajo el epígrafe de “actividades pastorales nacionales”, partida que tiene en total 7,7 millones de euros. El año anterior habían invertido en esa cadena otros 4 millones de euros y durante el 2014 la aportación fue cercana a los 10 millones de euros. En 2015 la CEE ha continuado aportando dinero al canal de televisión.
A pesar del carácter de justificación de los gastos que realiza la Iglesia católica con el dinero que sale del IRPF, se trata de una mera explicación, ya que no se aportan facturas sobre esos gastos o justificantes de las diócesis de los sueldos que reciben los sacerdotes y obispos, que es la partida de gasto más importante. Por su parte, el Estado certifica ante la Iglesia católica lo que ha recaudado por la asignación tributaria destinada a sus fines.
Durante la elaboración de la ley de transparencia se debatió sobre si la norma afectaba a la Iglesia debido a que recibe fondos que provienen del Estado. Esta ley afecta al documento que informa del destino de los fondos que recibe a través del IRPF. En este caso se trata de la citada memoria justificativa que se encuentra en poder de los ministerios de Hacienda y de Justicia, que no es el resumen que se facilita a la prensa cada año.
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