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LoginLa Asamblea Nacional de Venezuela va a abrir esta semana una investigación sobre los contratos de asesoría que firmaron los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con la Fundación CEPS, a la que ha pertenecido toda la cúpula de Podemos, empezando por Pablo Iglesias. Esta entidad sin ánimo de lucro domiciliada en Valencia cobró al menos cuatro millones de euros de los gobiernos chavistas entre los años 2002 y 2012, aunque fuentes de la oposición venezolana consultadas por ABC aseguran que «fue una cantidad mucho mayor».
Varios diputados opositores comenzaron esta investigación hace meses, pero la mayoría chavista la mantenía bloqueada. Ahora, con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a la oposición al chavismo, controlando el Parlamento venezolano tras las últimas elecciones, la investigación se va a reactivar. Está previsto que esta misma semana la Comisión de Política Interior del Parlamento y la de Contraloría abran sendas investigaciones, que analizarán contratos y remuneraciones de la Fundación CEPS con seis ministerios y el banco del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). Varios de estos convenios fueron publicados por ABC entre los meses de enero y marzo del año pasado.
La Comisión va a trabajar con abundante documentación, entre ella facturas y correos electrónicos que hasta la fecha se desconocían. Se prevé que el Gobierno de Nicolás Maduro intentará frustar los trabajos de la Asamblea Nacional. Según las fuentes consultadas por este diario, por el momento hay indicios de la comisión de dos delitos: uno contra la Hacienda Pública y otro de malversación de caudales públicos.
El primero se refiere a que la Fundación CEPS «no ha pagado impuestos en Venezuela de las cantidades que facturó al Gobierno», según aseguran a ABC fuentes de la Mesa de la Unidad Democrática.
Por el momento hay indicios de la comisión de dos delitos: uno contra la Hacienda Pública y otro de malversación de caudales públicos.
En cuanto a la malversación, las asesorías pagadas a los consultores políticos de la Fundación CEPS se cargaron a los presupuestos públicos, pero todos sus trabajos estuvieron encaminados únicamente a perpetuar el chavismo y atacar a la oposición. Así lo acreditan los informes que ha ido revelando ABC en los últimos días, así como los publicados durante el pasado año.
El Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) llegó a cobrar hasta 7.000 euros mensuales por cada asesor que enviaba a Venezuela. De hecho, tenían despacho en el Palacio Presidencial de Miraflores, separado solo unos metros del que ocupaba el entonces presidente Hugo Chávez.
El contrato más lucrativo
Precisamente, entre los convenios que firmaban ambas partes, el más lucrativo solía ser el suscrito con el Ministerio de la Presidencia, que reportaba a CEPS hasta 270.000 euros anuales, según la abundante documentación a la que ha tenido acceso este diario.
CEPS está íntimamente ligada a Podemos, aunque no hay dependencia orgánica entre fundación y partido, que, como es público y notorio, fue registrado después, en enero de 2014. Los líderes de ambas organizaciones se entremezclan, aunque niegan vínculos financieros.
El vicepresidente de CEPS es Alberto Montero Soler, diputado de Podemos por Málaga en el Congreso. Montero, que antes fue presidente de la fundación, es el profesor que adjudicó a Íñigo Errejón la polémica beca de 1.800 euros mensuales para estudiar la vivienda en Andalucía sin moverse de Madrid. El propio Errejón es actualmente vocal de CEPS, tal y como aparece en la página web de la organización sin ánimo de lucro. Por las filas del Consejo Ejecutivo de CEPS han pasado Pablo Iglesias, secretario general de Podemos y Luis Alegre, secretario general del partido en la Comunidad de Madrid. Carolina Bescansa, diputada en el Congreso tras las elecciones del 20-D, también ha trabajado para CEPS.
Esta organización tiene alrededor de 300 miembros con un denominador común: profesores de izquierdas. Combinan «una elevada formación técnico-académica y experiencia militante en organizaciones de la izquierda política y social del Estado español», según se presentan. Aseguran ser «una organización política no partidaria dedicada a la producción de pensamiento crítico y al trabajo cultural e intelectual para fomentar consensos de izquierdas».
