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La reciente sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (por unanimidad) marca un antes y un después en la lucha de los afectados por la salida a Bolsa de Bankia, pues despeja el camino para que puedan reclamar cientos de miles de inversores, provocando una dinámica judicial favorable a los demandantes que les permita recuperar toda su inversión. Es, si cabe, una sentencia más importante que las dictadas en su día en materia de preferentes, pues en el caso de las acciones no es preciso entrar a analizar si el cliente fue debidamente informado o si tenía conocimientos financieros y demás condiciones personales. Todas las compras serían en principio nulas, pues el llamado "vicio del consentimiento" proviene en este caso de una causa objetiva y ajena al inversor como son "las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública".
Todavía quedan algunas incógnitas por despejar como por ejemplo si podrán reclamar también los que compraron acciones después del 20 de julio de 2011 (fecha de la salida a Bolsa). Hasta por lo menos marzo de 2012 no hubo ninguna señal de alarma que permitiera sospechar la verdadera situación financiera de la entidad, por lo que ¿por qué esos inversores posteriores no iban a ser víctimas de idéntico engaño? O, por ejemplo, si a la vista de esta resolución se atreverá por fin a reclamar algún inversor institucional. Y es que no podemos olvidar que el 40% de la colocación se realizó entre grandes empresas y ninguna, que sepamos, ha reclamado su dinero. Curioso, ¿no les parece?
Al margen de todo ello, es también hoy un día para reconocer que esta resolución del Supremo sería impensable si un partido como UPyD no hubiera tenido la osadía de presentar una querella contra Bankia, Rato y sus amigos en junio de 2012 (atrevimiento que bien se lo han hecho pagar, por cierto). Han sido más de tres años y medio de trabajo y lucha personal en la Audiencia Nacional, que ahora produce sus frutos también en esta vía civil, pues gracias a esa investigación criminal se consiguió acreditar la manipulación contable y, por extensión, el engaño a los inversores.
Es, en definitiva, una magnífica noticia, que va a arrojar algo de justicia en uno de los episodios más negros de nuestra reciente historia económica y ¡política!, pues aunque ningún político haya asumido responsabilidad por ello, lo cierto es que la salida a Bolsa de Bankia (y de otras entidades) no fue sólo permitida sino incluso incentivada por las autoridades económicas, por el Ministerio de Economía y el Banco de España, en ese momento dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Es más, a estas alturas nadie puede negar que antes del rescate bancario del PP hubo otro encubierto, realizado por el gobierno socialista y ejecutado a costa de cientos de miles de preferentistas y accionistas, que pagaron la factura de unas cajas de ahorro arruinadas por los propios políticos con su nefasta gestión.
Andrés Herzog es abogado.
