No puedes ver los enlaces.
Register or
LoginEl Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) desoye a la mayoría parlamentaria y continúa con el proceso para reabrir la central de Garoña (Burgos), que lleva parada tres años y cuyos propietarios quieren que se le concedan 17 años más de vida. "Le rogamos que detenga el proceso de evaluación hasta la formación de un nuevo Gobierno", han pedido al presidente del CSN, Fernando Marti, nueve partidos: PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, Bildu, IU, Compromís y Democràcia i Llibertat. Juntos cuentan con 225 diputados, el 64% del Congreso. Pero el CSN ha aprobado este miércoles cuatro cambios relacionados con Garoña.
Pese a esta petición de "moratoria" de la mayoría parlamentaria, el presidente ha preferido seguir adelante con la aprobación de cuatro permisos relacionados con el proceso de reapertura de Garoña. Estos informes se han sometido a votación en el pleno del CSN y se han aprobado "por mayoría", no por unanimidad. El pleno, cuya composición final se remonta a los estertores de la anterior legislatura, está formado por Fernando Marti (PP), Fernando Castelló (PP), Javier Dies (PP), Rosario Velasco (PSOE) y Cristina Narbona (PSOE). Esta última consejera se ha enfrentado al resto de sus compañeros en varias ocasiones al rechazar el proceso de evaluación para la reapertura que está realizando el CSN.
Los nueve partidos enviaron el martes —Ciudadanos se sumó a última hora de la tarde— un escrito al presidente del CSN. En la carta se incide en que si el organismo informa favorablemente de la reapertura —y si se le da una "nueva licencia" con un Ejecutivo en funciones— las compañías propietarias (Endesa e Iberdrola) podrían reclamar "pérdidas por lucro cesante en el caso de que el próximo Gobierno decidiera" que la central no vuelva a operar. "Garoña está parada desde diciembre de 2012, por decisión unilateral y voluntaria", se señala en el escrito de los partidos. "Esta situación de parada no ha supuesto ningún problema para el suministro eléctrico y podría seguir en esta situación unos meses más".
Por eso piden "que el CSN detenga temporalmente el proceso de evaluación de la autorización de renovación de explotación de Garoña, hasta la formación del nuevo Gobierno al que corresponda la decisión final" sobre si se concede la reapertura de esta central, que ya cumplió sus 40 años de vida útil, el límite que hasta ahora se fijaba para estas instalaciones en España.
La posible ampliación de las operaciones más allá de los 40 años tiene un componente técnico importante, que evalúa el CSN. Los responsables de Garoña y del consejo llevan meses trabajando en los cambios necesarios para que se pueda reabrir. Sin embargo, no existe un plazo para que se pronuncie el Consejo de Seguridad Nuclear, de ahí que los partidos reclamen esa moratoria hasta que se haya despejado la configuración del próximo Gobierno central.
Porque la autorización definitiva para la reapertura es un asunto político, que dependería del Ejecutivo. Solo el PP, que ahora gobierna en funciones, se ha mostrado favorable a que Garoña vuelva a engancharse a la red.
En su escrito, los grupos firmantes resaltan que el proceso que se está siguiendo en el CSN es "una renovación inédita en la historia de la seguridad nuclear de España". Por un lado, "porque autoriza llevar un reactor nuclear hasta los 60 años de vida" y su "vida útil de diseño estaba prevista hasta los 40 años". Por otro, "porque permite una autorización administrativa de 17 años consecutivos", algo que "jamás en España se había dado". Las renovaciones se hacían de 10 en 10 años.
Explicaciones
Por lo inédito de la situación, los partidos también reclaman en su carta —que lleva el membrete del Congreso— que se ofrezca "una detallada explicación a la ciudadanía y a sus representantes en el Parlamento de las implicaciones técnicas, económicas y medioambientales" que acarrea la renovación.
El pleno ha emitido este miércoles cuatro informes favorables relacionados, por ejemplo, con modificaciones de los sistemas eléctricos y de aislamiento necesarios para que Garoña reabra. "Estas modificaciones estaban recogidas en la Instrucción Técnica Complementaria emitida por el organismo regulador en su sesión de 30 de julio", donde se fijaban las condiciones que debía cumplir la central. Con estos informes favorables de este miércoles no basta. Todavía restan más que tienen que ir aprobando el pleno hasta llegar al informe final favorable.
Durante la anterior legislatura el Gobierno del PP cambió varias normas para permitir que Garoña pudiera volver a operar. Si lo consigue sería la primera en hacerlo, lo que abriría la misma posibilidad al resto de centrales españolas. Si no pueden ir más allá de los 40 años, todas cerrarían en la próxima década.
