Ya que veo que algunos no pierden tiempo para postear cualquier cosa que puedan utilizar contra PODEMOS, y lo que les mueve es la inquina y no su defensa de los derechos humanos, pues era normal que no se hablase aquí de este tema.
La detención de Milagro Sala
En diciembre de 2015, el senador Gerardo Morales fue electo gobernador de la provincia de Jujuy, y afirmó que discontinuaría todas las cooperativas de trabajo de su provincia. La organización Túpac Amaru realizó un acampe en la plaza central de la capital jujeña en reclamo contra el gobernador. El 15 de enero de 2016, el gobernador le quitó a la organización su personería jurídica y le cerró sus cuentas bancarias con el argumento de que «cambiaron su objeto social».26
El sábado 16 de enero de 2016, personal sin identificación de la policía provincial allanó la casa personal de Milagro Sala3 sin la presencia de ningún funcionario judicial, aunque sí de funcionarios del Gobierno provincial.27 Sala fue detenida por «haberse alzado en contra de decisiones gubernamentales».3 28
Luego, el fiscal de la causa expresó que Sala estará detenida «mientras se mantenga el acampe».29 Milagro Sala comenzó una huelga de hambre.30 31
Por considerar que se trataba de una detención arbitraria, el 17 de enero de 2016, Jorge Taiana (presidente del Parlasur) solicitó a la canciller Susana Malcorra que «en forma urgente le haga llegar información sobre la detención de la parlamentaria».32
En la ciudad de Buenos Aires distintas agrupaciones políticas, dirigentes sindicales, referentes de Derechos Humanos, y vecinos se acercaron a la sede provincial en rechazo de la detención de la dirigente y parlamentaria del Parlasur,33 y un grupo de diputados nacionales viajó a Jujuy con el objetivo de analizar la situación luego de la detención de Milagro Sala.34
El exjuez de la Corte Suprema y miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, calificó la detención como una «provocación de la dirigencia de Cambiemos».35 Jorge Capitanich (exgobernador de la provincia del Chaco y ex jefe de Gabinete de la Nación) y Agustín Rossi (exdiputado nacional y exministro de Defensa de la Nación), calificaron a Sala de «presa política».36 37 El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó el arresto como un «gravísimo precedente de criminalización de la protesta».38 El 19 de enero de 2016, Amnistía Internacional afirmó que la detención era «un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión», exigió su inmediata liberación39 y lanzó una «acción urgente» llamando a activistas a escribirle al gobernador Gerardo Morales, al fiscal del Estado Mariano Miranda y a la fiscal Liliana Fernández de Montiel.40 La Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestó preocupación e interés por el arresto de Sala a través de su secretario general, Luis Almagro, que remarcó que Milagro Sala es a la vez integrante del Parlasur.41 Tambíen se expresó en el mismo sentido la asociación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), que realizó un pedido de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).42 En el mismo sentido, representantes de España, Reino Unido, Bélgica, Finlandia, Alemania, Eslovenia, Suecia, Irlanda, Portugal y Grecia en el Parlamento Europeo sostienen que la decisión judicial «implica una clara violación de derechos humanos en Argentina».43
Con posterioridad a su arresto, Morales afirmó que agregó otros cargos: asociación ilícita agravada, y comisión de fraude y perjuicio contra la administración pública por el destino de $1 634 444,21 que iban a utilizarse para obras y que no fueron ejecutadas.4 El juez a cargo de la causa por la que Milagro Sala está detenida desmintió que ella registre otras denuncias.44
En la noche del miércoles 20 de enero, a pesar de estar imputada por delitos excarcelables, el juez decidió su traslado a una cárcel de mujeres.5 El 29 de enero, el juez a cargo de la causa firmó la excarcelación de Sala en la causa por «instigación a cometer delitos y tumulto», pero determinó que seguiría detenida por «asociación ilícita».45
El 28 de febrero de 2016, el diario Página/12 realizó una lista de las ilegalidades que se encuentran en el expediente contra Milagro Sala:6
Milagro Sala es legisladora del Parlasur, por lo que el Código Procesal Penal indica que la investigación penal preparatoria debe ser practicada por el juez, y no por el fiscal. Sin embargo, durante todo enero la investigación estuvo en manos de la fiscal, y el juez recién se hizo cargo el 29 de enero, luego de la detención de Sala y de los allanamientos.
Aunque la denuncia por el acampe frente a la casa de Gobierno, presentada al quinto día de instalado Gerardo Morales como gobernador, era por «instigación a cometer delitos y sedición», las medidas practicadas por la inteligencia policial tendían a identificar a los acampantes y establecer qué cooperativas se habían acogido al reempadronamiento del «programa de regularización y transparencia» del Gobierno provincial.
La fiscal de Feria Liliana Fernández de Montiel presentó el pedido de detención de Milagro Sala y de otros dirigentes de la Túpac Amaru a las diez menos veinte de la noche del viernes 15 de enero de 2016. El juez de control Raúl Gutiérrez lo aceptó pocas horas después, en la madrugada del sábado 16 de enero, y delegó su ejecución en el ministro de Seguridad de Morales, Ekel Meyer. Con la satisfacción del deber cumplido, ese mismo sábado Gutiérrez pidió licencia «a partir de este momento».
Antes de las cuatro de la tarde del sábado esta jueza designó para suplir a Gutiérrez al juez Gastón Mercau. El diario edita que «como la acordada no explica por qué razón lo eligió descartando otras opciones, los "piensa mal y acertarás" entienden que fue porque es su yerno, para que todo quedara en familia política».
A las cinco y media de la tarde, el fiscal de Estado invocó instrucciones del gobernador Morales para solicitar orden de desalojo, no de un lugar sino de Milagro Sala, quien en ese momento ya estaba detenida en la Comisaría de la Mujer.
La fiscal multitasking Liliana Fernández de Montiel, quien podría dar un curso para optimizar el rendimiento: el mismo viernes 15 de enero desde la tarde y hasta las 21.55 (es decir mientras escribía la solicitud de detención contra Milagro, que presentó a las 21.40) tomó tres declaraciones y asistió a nueve denunciantes para abrir una nueva causa contra la dirigente social.
El 15 de enero a la medianoche terminaba el turno de feria de Liliana Fernández de Montiel, quien a partir del 16 sería reemplazada por el fiscal Aldo Lozano. Sin embargo, Lozano nunca intervino, sin que en el expediente se explicara por qué, y siguió actuando Fernández de Montiel, quien solo tiene competencia en el fuero de Menores, por lo que no podía ser parte en esta causa.
Tampoco surge de las actuaciones por qué el yerno siguió a cargo una vez vencida la licencia de cuatro días del juez Gutiérrez. El periódico edita que «Fernández de Montiel y Mercau constituyeron la fuerza judicial de tareas del gobernador Morales para escarmentar a los movimientos sociales».
El 29 de enero, se notificó a Milagro el cese de su detención por el acampe, pero no recuperó su libertad. Según la Acordada de feria el juez Mercau debía iniciar su licencia el 1 de febrero «sin excepción de ninguna naturaleza», para ser reemplazado en el expediente por alguno de los dos restantes jueces de control. Pero Mercau siguió en funciones para dictar una nueva orden de detención contra Milagro.
Esta nueva causa se había iniciado el 15 de enero con la presentación espontánea ante la fiscal Fernández de Montiel de nueve personas, que entre las 18.30 y las 21.55 denunciaron hechos ocurridos en 2012, 2013, 2014 y 2015, es decir sin la urgencia requerida para habilitar la feria judicial de enero.
La acordada 213 fijó además que los asuntos de feria solo se despachan de lunes a viernes, de 8,30 a 12,30. Ninguno de esos requisitos se cumplió.
Los dirigentes de las cooperativas Organización Barrial Mariano Vera (Cristian Chorolque), Fuerza Jujeña (Julia Gutiérrez), Argentina Grande Disidente (Jorge David Lamas), Pan y Trabajo (Américo Celestino Romay) y Ocho de Octubre (José Daniel Orellana) se presentaron ante la fiscal y denunciaron bajo juramento haber cobrado dinero por obras que no hicieron, un día después de reunirse con Morales donde les dijo que les dijo que a los acampantes se les suspendería la personería y se les impondría una multa de 100 000 pesos. El diario Página/12 interpreta esto como una «ostensible extorsión»
El hermano de Gerardo Morales ―designado como presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo jujeño (IVUJ)― y el fiscal de Estado, eligieron para presentar nuevas denuncias a Fernández de Montiel, pese a que ―según la acordada 213― su turno había terminado el 15 de enero.
Estas nuevas denuncias se acumularon a las anteriores, sin fundamento. Una vez más se presentaron fuera del horario de tribunales, como si se tratara de una cuestión urgente, cuando los hechos denunciados ocurrieron un año antes.
Estas denuncias abarcaron 14 convenios firmados entre el IVUJ y distintas cooperativas y un convenio de tres cooperativas por el Plan Federal «Mejor Vivir II». La única vinculación con Milagro Sala es que varias de esas cooperativas «tienen domicilio en la propia sede central de la Túpac Amaru». La identidad de domicilio aun no es un tipo penal.
La última de esas denuncias es la que ganó abusiva difusión en la televisión oficial: por el convenio del Mejor Vivir, los cooperativistas cobraron en diciembre de 2015 un anticipo por obras que en enero de 2016 no se habrían iniciado.
Ese fue el único fundamento por el cual la fiscal Fernández de Montiel pidió y el juez Mercau ordenó, ambos el 26 de enero de 2016, la detención de Milagro Sala y de tres de los cooperativistas autoincriminados.
No hay otro cargo contra Milagro Sala que los dichos difusos, sin indicaciones temporales, ni testigos, de aquellos primeros irregulares denunciantes y la sede social compartida con algunas cooperativas denunciadas por la firma de convenios con irregularidades administrativas.
En todo el expediente no hay una sola prueba de la intervención de Milagro en aquellos hechos, ni elementos que puedan justificar las figuras delictivas elegidas por el Gobierno de Morales: defraudación contra la administración pública, extorsión y asociación ilícita.
El 25 de febrero, el fiscal general de la Procuraduría de Violencia Institucional resolvieron que efectivamente Milagro Sala está privada ilegalmente de su libertad y además «se impone la urgente e inmediata resolución que ordene su libertad».46
¿Por qué esos adalides de los derechos humanos no se postulan contra esto? Lo diré:
Porque el PP apoya a Macri, y a ese no se le puede tachar de dictador ni de populista, a donde vamos a llegar. Por no hablar del penoso tratamiento del tema por la prensa de este país, que lo ha ignorado por la misma razón. Todo vale si son nuestros hijos de puta.
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