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LoginAunque el Gobierno y la Generalitat hayan pactado no presentar varios recursos, el Tribunal Constitucional sigue resolviendo las decenas que aún están pendientes.El Pleno del TC ha decidido, por unanimidad, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del apartado de la Ley de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña que permitía aumentar el gasto de personal, "previa autorización del Gobierno", cuando la finalidad sea "la puesta en funcionamiento de nuevos servicios". La sentencia del Supremo es la solución definitiva sobre el fondo del asunto, no la suspensión provisional que se produce de forma automática cada vez que el Gobierno recurre una ley autonómica. El artículo anulado habría facilitado a la Generalitat la puesta en marcha o el refuerzo de las llamadas "estructuras de estado" previstas en el proceso independentista. La sentencia determina que esa previsión contradice lo dispuesto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, que expresamente prohíbe "cualquier gasto en materia de personal que conlleve un incremento global de la masa retributiva autorizada para 2015". Eso supone que se ha vulnerado la competencia exclusiva del Estado para regular las bases y la coordinación general de la actividad económica, así como el principio de coordinación con la Hacienda estatal que rige la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.La sentencia, de la que ha sido ponente de la resolución el Magistrado Juan Antonio Xiol, recuerda que la doctrina constitucional permite al Estado "establecer medidas de contención de gasto público" incluso cuando tales medidas incidan en la autonomía presupuestaria de las autonomías. Esto es así porque "la autonomía financiera que la Constitución reconoce a las Comunidades Autónomas" debe acomodarse "a las medidas oportunas que adopte el Estado tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa, toda vez que a él corresponde la responsabilidad de garantizar el equilibrio económico general".La Generalitat reconocía que se trata de una competencia del Estado, pero sostenía que se podía interpretar el precepto anulado de forma que no chocase con la norma estatal. Resaltaba que la norma "solo permitiría la creación de nuevos servicios públicos si esto no conlleva un incremento global de la plantilla de personal del sector público catalán".La Ley de Presupuestos del Estado indica que, "con carácter general, no se incrementarán las retribuciones del personal al servicio del sector público", y que no podrá incorporarse "nuevo personal al sector público", salvo unas excepciones. Y entre esas excepciones "no se encuentra la creación de nuevos servicios públicos" que prevé la ley impugnada.
