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LoginEn un nuevo gesto contundente, esta vez contra el fraude fiscal, el gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha firmado un decreto que prohíbe al Ayuntamiento contratar a empresas que tengan filiales en paraísos fiscales para evadir fondos de forma ilegal. La regulación, pionera, y que no tendrá efecto retroactivo para los contratos vigentes, se "decreta la voluntad del Ayuntamiento de no tener relación jurídica con empresas que, directamente o mediante empresas pantalla o filiales, desvíe fondos a paraísos fiscales con la intención de evadir obligaciones tributarias y otras actuaciones delictivas".
El portavoz del ejecutivo, Gerardo Pisarello, ha subrayado que con este paso el consistorio va más allá de la declaración política de ser una ciudad "libre de paraísos fiscales". "Hay que hacer entender a los poderosos que en democracia todo tiene", ha añadido. "Aprovechamos las grietas de la Ley de Contratación Pública para introducir las consecuencias concretas que tiene esta actividad", ha explicado y ha precisado que el decreto --"jurídicamente riguroso"-- introduce en los contratos una "cláusula esencial", que respeta la normativa pero permite solicitar información adicional. Al ser una cláusula esencial, es de obligado cumplimiento.
Pisarello, que también es segundo teniente de alcalde y responsable de Economía, ha precisado que la medida busca además una mayor igualdad de oportunidades entre las empresas que aspiran a trabajar para el Ayuntamiento. Introduce "transparencia y lealtad en la competencia, porque la evasión fiscal es una medida que permite a las grandes corporaciones tener posiciones de ventaja ante las pequeñas o medianas o las cooperativas".
La medida tomada por Colau es una antigua demanda de entidades como la Plataforma por una fiscalidad justa que, ya en vísperas a las elecciones municipales del año pasado, lo exigieron y recordaron que varios ayuntamientos del norte de Europa lo están haciendo. Las entidades toman como referencia de paraísos fiscales una lista publicada por la sociedad civil Tax Justice Network, pero el Ayuntamiento tendrá como referente las listas oficiales de países elaborada por las instituciones europeas o el Estado español. El año pasado, la Comisión Europea publicó una lista negra de paraísos fiscales en la que figuran 30 países o territorios que no cooperan en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Entre ellos figuran los estados europeos de Andorra, Mónaco, Liechtenstein y la isla de Guernsey, dependiente del Reino Unido.
De acuerdo con el decreto, en la fase de licitación, todas las empresas deberán declarar si tienen relaciones con países considerados paraísos fiscales. Y las empresas que declaren que las tienen, deberán aportar "documentación que explicite el carácter de estas relaciones y la información que no sea confidencial se publicará en el perfil del contratante". Si falsearan los datos, ha advertido Pisarello, se rescindiria el contrato.
