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LoginLa Guardia Civil está registrando este martes varios ayuntamientos catalanes —la mayoría, gobernados por Convergència— así como algunos de la Comunidad de Madrid, Valencia y Andalucía, en el marco de una operación por delitos por organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude a las Administraciones e infidelidad en la custodia de documentos.
La operación está dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el titular del juzgado número uno de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch. Al menos 12 personas han sido detenidas. Entre ellas, el exalcalde de l’Ametlla de Mar (Tarragona), Andreu Martí, de Convergència, y el también exalcalde de Anglès (Gerona), Josep Manel Bassols, que ya fue arrestado e imputado por su vinculación con la trama del 3 por ciento.
La llamada operación Térmyca, una pieza separada de las diligencias por el caso 3% que llevó a registrar la sede de CDC y de su Fundación Catdem, tiene como nexo común la empresa de consultoría Efial, con sede en Barcelona, que ofrece sus servicios a Consistorios en áreas como urbanismo y administración local y que ha trabajado para ayuntamientos de todos los colores políticos, aunque en su mayoría de Convergència. Los agentes de la Guardia Civil también están registrando la sede de esta compañía, en la Diagonal de Barcelona, así como varios domicilios, despachos profesionales, sociedades mercantiles y entidades públicas.
Puigdemont, salpicado
Según fuentes de la investigación, a lo largo de la mañana la Guardia Civil está registrando los ayuntamientos de Tortosa, Ametlla de Mar y Vandellós, en la provincia de Tarragona; y Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón, en la Comunidad de Madrid. Además, se han formulado 15 requerimientos de información a los Ayuntamientos de Barcelona, Llinars del Vallés y Masquefa (Barcelona); la Seu d’Urgell (Lérida); Calonge y Gerona (Gerona); Cambrils (Tarragona); Alaior y Soller (Islas Baleares); Velilla de San Antonio, Collado Villalba y Getafe (Madrid); Benicássim (Castellón); Armilla (Granada); y Palos de la Frontera (Cádiz). La investigación se extiende también a Andorra.
En total, se prevén unos 48 registros y practicar una docena de detenciones. En el caso del Ayuntamiento de Gerona, el Instituto Armado buscará información de contratos que el consistorio acordó con la consultoría Efial durante la etapa en la que era alcalde el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El pasado marzo, la Oficina Antifraude de Cataluña ya requirió al al consistorio gerundense varios contratos con Erial de la etapa Puigdemont.
Adjudicaciones sin transparencia
La operación Térmyca tiene su origen en las actuaciones que a finales de junio de 2014 que afectaron al Ayuntamiento de Torredembarra, en las que fue detenido su entonces alcalde, de CiU, Daniel Massagué. El caso también tiene ramificaciones en Andorra, ya que los investigadores sospechan que la consultoría Efial blanqueaba los ingresos de sus contratos conseguidos a dedo derivándolos a este país.
Efial, creada en 2007 por Antonio Martos, que trabajó para el Ayuntamiento de Barcelona y es asesor de la Sindicatura de Cuentas catalana, ofrecía a los ayuntamientos externalizar algunos de los servicios y lograr así adjudicaciones sin la debida transparencia.
Tras saltar el escándalo de Torredembarra, el pasado enero Erial cambió su nombre por el de Consultoría en Gestión Innovadora (CGI). Los investigadores sospechan de que Erial, y luego CGI, crearon un entramado societario para desviar fondos públicos de los ayuntamientos mediante adjudicaciones de servicios fraudulentas. Según la investigación, la empresa actuaba como un «ayuntamiento paralelo», o en la sombra.
Tanto cuando la organización criminal actuó bajo el nombre de “Efial Consultoría” como cuando lo hizo como “CGI”, los investigados construyeron una estructura paralela en los Ayuntamientos para evitar en su actuación la labor supervisora del Secretario e Interventor municipales.
A lo largo de la investigación se ha detectado la creación de la figura instrumental y ficticia de sociedades públicas (Entidades Públicas Empresariales Locales) carentes de actividad específica, creando un entramado fraudulento por el cual se desvían fondos públicos municipales de Ayuntamientos a la citada entidad pública y de ésta a la sociedad mercantil privada.
