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LoginEl Ministerio del Interior ha reabierto el CIE de la Zona Franca de Barcelona. El Ministerio ha citado mañana viernes a todos los policías que estaban destinados allí, según fuentes cercanas al centro consultadas por EL PAÍS. Desde que el CIE cerró en noviembre, esos agentes habían sido reubicados en otros lugares. Llos agentes interpretan que se trata del paso previo a reincorporarse al centro.
La decisión ha sido tomada justo después de que el gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, haya sido claro este jueves respecto a la orden de cese de la actividad del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca y haya advertido de que si Interior lo reabre puede multarle o incluso precintarle el equipamiento. Con todo, el teniente de alcalde, Jaume Asens, ha admitido que si los trámites administrativos comienzan de cero, si tramitaran una nueva licencia, "y cumplen todos los requisitos, no tendríamos potestad para impedir" la reapertura.
Desde la Jefatura Superior de Policía se asegura que el proceso sigue adelante, y que la última palabra para decidir cuándo se pone en marcha la tiene el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. El CIE de Zona Franca se creó en 2006, pero en realidad fue fruto del traslado del anterior centro de internamiento, que estaba situado en los sótanos de la comisaría de La Verneda, en Rambla de Guipúzcoa.
Asens ha explicado que la alcaldesa comunicó ayer la orden de cese, avanzada por El Periódico, a la delegada del Gobierno en Cataluña por falta de licencia y de requisitos de seguridad. "Esperamos que el Ministerio del Interior de forma voluntaria actúe conforme a derechos y sino nos veremos obligados a poner en marcha medidas coercitivas", ha advertido Asens, que ha respondido a la pregunta de qué ocurrirá si el ministerio lo reabre. "Lo hemos prohibido pero podría ser que desobedeciera, lo que nos obligaría a poner en marcha medidas que podrían ser desde multas o incluso un precinto de las instalaciones", ha dicho y ha confiado en que no ocurra: "Esperamos que no lleguemos, porque sería bastante kafkiano".
Asens ha relatado exhaustivamente la secuencia de los hechos que han llevado a ordenar el cierre de un centro que cerró en noviembre por obras y que Interior contemplaba reabrir de forma inminente. Ha explicado que siendo concejal del distrito de Sants-Montjuïc, en abril pasado, descubrió la ausencia de licencia cuando los técnicos inspeccionaron las obras del centro. Unas obras, ha precisado, que comenzaron a raíz de una resolución judicial que obligaba a cumplir medidas como instalar tazas de WC en los baños o eliminar elementos puntiagudos en su interior.
La licencia que tenía el CIE desde 2005 era de dependencias generales de la Dirección General de la Policía, que comprendían salas de maquinaria, gimnasio, cafetería, enfermería para animales (porque había caballos) o galería de tiro. La conclusión a la que llega Asens es que la situación irregular del centro se ha producido desde 2005. "Ha estado fuera del derecho, de cierta anomalía, se han hecho actividades sin licencia ni satisfacer requisitos de seguridad".
Con el cierre del CIE, tanto el Parlament como la Generalitat, como diversos ayuntamientos, entre ellos el de Barcelona, exigieron que no volviese a abrir. Pero el Ministerio del Interior, del que depende, siempre ha defendido la necesidad de esa infraestructura, para materializar las expulsiones de los inmigrantes en situación irregular. Sobre todo aquellos que acumulan antecedentes o que tienen conmutaciones de pena, aseguran.
Los policías ahora están haciendo los traslados de personas con orden de ingreso en un CIE a otros centros de Valencia, de Madrid o incluso de Murcia. Tras el cierre, Interior comunicó que se abriría el 16 de junio, pero la fecha se postergó hasta después de las elecciones, alegando que quedaban pendientes "flecos administrativos". Además del problema con la licencia de actividad, Colau también ha argüido que incumple la normativa de Seguridad y Prevención de Incendios.
