No puedes ver los enlaces.
Register or
LoginEl Tribunal Supremo investigará a la exalcaldesa de Valencia y senadora del Partido Popular Rita Barberá por presunto blanqueo de capitales en relación con la operación Taula. Así lo acuerda la Sala Segunda en un auto en el que abre causa contra ella y designa instructor a Cándido Conde-Pumpido.
La investigación, que el pasado 27 de julio apoyó la Fiscalía, deriva de la exposición razonada elevada al Supremo en abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, describiendo indicios contra la aforada de un presunto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa.
En un auto, del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, el Supremo destaca que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, los hechos descritos por el Juzgado de Valencia en la exposición razonada pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales. «Resulta, pues, imprescindible continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos» de Barberá.
Según la exposición razonada, en el curso de una investigación sobre determinadas irregularidades en la contratación pública en el ámbito de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y de la Diputación Provincial, así como en el de la empresa pública Imelsa y la dependiente de la Generalitat valenciana CIEGSA, se tuvo conocimiento de una conversación telefónica (cuya escucha se hizo con autorización judicial) en la que se hablaba de un donativo mediante transferencia bancaria a una cuenta del Grupo Popular del Ayuntamiento, a cambio de recibir en efectivo, dos billetes de 500 euros.
En la conversación se hace referencia a la secretaria del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento como la persona que habría entregado los billetes, y se citaba a Rita Barberá pero sin hacer respecto a ella ninguna imputación concreta. Realizadas las investigaciones pertinentes, siempre según la exposición razonada, se pudo comprobar que en una cuenta del Banco Sabadell a nombre del Grupo Municipal del PP en Valencia se habrían realizado determinadas aportaciones, por importe de 1.000 euros, por parte de 50 personas vinculadas al grupo y al partido, entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2015, entre ellas Barberá.
Afloramiento de efectivo
Se comprobó igualmente que en las cuentas bancarias origen de alguna de esas transferencias se habían recibido, en la misma fecha o en fechas inmediatas, el ingreso de cantidades en metálico o mediante traspaso de otras cuentas, por diez de las personas investigadas. Lo que investiga el juez es si, bajo la cobertura de esas aportaciones de 1.000 euros que todos los investigados reconocen haber efectuado, se oculta el afloramiento de un dinero en efectivo en poder de algún responsable o responsables del Grupo Popular. La secretaria del Grupo, María del Carmen García-Fuster, era la persona que operaba de facto con las cuentas bancarias. También se investiga el origen del dinero supuestamente blanqueado.
Sobre la implicación concreta de Barberá, y haciéndose eco de lo descrito por la juez de Valencia, el auto del Supremo destaca que Barberá fue una más de las personas que efectuaron esa aportación de 1.000 euros, por lo que resultaría incoherente llamar a declarar como investigados (antes imputados) a los aportantes y no hacerlo en el caso de la aforada.
Posición jerárquica
Señala también que la hoy senadora ostentaba una efectiva posición como superiora jerárquica de la principal investigada, María del Carmen García Fuster, tanto por ser alcaldesa de Valencia en la fecha de los hechos investigados, como por ser la máxima responsable del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia. A ello se suma la relación personal de estrecha confianza que había entre ambas.
Aun así el juez de Valencia reconoce ante el Supremo que ni las personas que han declarado ante él como investigadas ni las que lo han hecho como testigos (las cuatro que se negaron a hacer esa aportación) apuntan a una participación concreta, personal, de la aforada María Rita Barberá en la entrega del dinero, ni en la propuesta o indicación para que dicha entrega se llevara a cabo o se aceptara.
El resto de la causa sigue en Valencia
En el auto en el que la Sala abre causa a Barberá, se acuerda que el procedimiento que afecta al resto de investigados continúe en el Juzgado de Valencia como órgano competente, «sin perjuicio de que dicho juez remita al Supremo cuantos datos resulten de las diligencias que se practiquen y que tengan relación con los hechos atribuidos provisionalmente a la persona aforada».
