Problema territorial:
1. Solución federal: que las CC.AA se ocupen de recaudar lo que ellas gastan. Pero estableciendo como techo competencial, el mismo que en la legislación republicana.
2. Solución uniforme: suprimir las CC.AA, privatizar todas las televisiones, que sólo el Estado pueda legislar, (sólo una Cámara y con no más de 100 diputados), poner Alcaldes, una sola circunscripción electoral y, un sistema electoral o totalmente mayoritario, o totalmente proporcional. No dar el rango que no tienen a las lenguas cooficiales, que sean voluntarias, pero nunca obligatorias.
Problema judicial:
1. TC y TS por oposición, DGRN fuera. No es justo que un órgano político fiscalice las actuaciones de Notarios y Registradores. Para eso, mejor el Supremo por oposición.
2. Que el juez que se meta en política no pueda volver a la carrera judicial.
3. Sólo fiscales de cada caso concreto, nada de dependencia jerárquica ni unidad de actuación: ni Fiscal General, ni Fiscales Jefes: todos por oposición y no a dedo.
4. No reinserción para delitos violentos como violación, atracos, terrorismo, violencia doméstica, homicidios, etc. En otros casos, sí, pero no con tanta generosidad.
5. Supresión de fueros procesales. Que el mismo juez que instruya, juzgue y falle sin tanto trámite tal como procesamiento, etc. Que las apelaciones contra la instrucción se decidan en el mismo juicio y, en las apelaciones contra la sentencia.
Problema educativo:
1. Quitar toda participación de alumnos y profesores en órganos de Gobierno de los Centros escolares.
2. Quitar lo de la promoción automática.
3. Directores por oposición, no por elección.
4. Que sean los Centros los que elaboren los planes de estudio, no los políticos.
Problema laboral: quitar financiación pública a los sindicatos. Dar al empresario plenos poderes para dirigir la empresa, sin tantas trabas de negociaciones previas y autoridades laborales. Y si se pasa, que sean los jueces o los tribunales de arbitraje los que pongan los límites.
Y por último, problema de la propia Constitución.
Que pueda ser reformada cada diez años con 3/5 de la Cámara y cada quince años, por mayoría absoluta. Y que la votación se celebre por imperativo legal, igual que cada cuatro años hay elecciones.
