Hoy en expansión vienen un artículo muy interesante que resume las cuestiones controvertidas con las que nos encontraremos al acabar la carrera para ejercer la abogacía (examen, master, prácticas, etc). Como se apruebe lo que comenta el artículo esto va a ser muy duro...
Os pongo el link y el texto más abajo por si no se puede abrir.
No puedes ver los enlaces.
Register or
Login100 preguntas y un caso práctico harán la criba para ejercer de abogado
Publicado el 17-03-2009 , por José Mª López Agúndez
El Ministerio de Justicia y el de Ciencia e Innovación ya discuten con colegios, universidades y bufetes las exigencias de la formación para los futuros letrados, la duración del máster y la realización de prácticas.
Convertirse en abogado será más difícil a partir de la entrada en vigor de la Ley 34/2006 de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, prevista para el 1 de noviembre de 2011. El sector legal ya discute el primer borrador de reglamento para la Ley de Acceso –al que ha tenido acceso EXPANSIÓN–, en el que se desarrollan los requisitos de la formación y evaluación de los futuros abogados.
Para ser abogado habrá que aprobar un test eliminatorio de 100 preguntas y la resolución de un caso práctico en el que los aspirantes contarán con cinco horas. El mayor quebradero de cabeza para colegios, universidades y bufetes –que ya discuten con Justicia y Ciencia e Innovación el contenido de una norma que marcará los límites para el acceso a la profesión– es cómo elaborar el contenido y los requisitos de la formación, un máster obligatorio que incluirá un periodo de prácticas en un despacho y será determinante para pasar el examen. No sólo está por definir el contenido de las materias obligatorias del programa de formación –que deben decidirlo conjuntamente ambos ministerios– sino cómo se organizarán las prácticas y la posición de cómo queda cada agente: colegio, universidad y despacho.
Según el texto que ya debate el sector, “el máster deberá contemplar, como materias obligatorias, las que se establezcan en el plan de estudios aprobado por orden conjunta de los Ministerios de Ciencia e Innovación y Justicia”.
Según explican fuentes jurídicas consultadas, aquí surge ya una “discrepancia” entre los dos departamentos, ya que mientras Justicia quiere que los contenidos del grado en Derecho –actual licenciatura– se incluyan en el máster, Ciencia e Innovación entiende que las universidades deben tener libertad para definir el contenido del grado. Otras fuentes confirman que realmente se han producido “tensiones” en esta cuestión.
Hay más temas espinosos, como la relación de los colegios y las universidades para organizar las prácticas en los despachos de abogados. Según el borrador, la relación entre el colegio y la universidad tendrá que regirse a través de un convenio, pero ¿qué sucederá con los despachos?
El texto establece que “los colegios garantizarán que puedan ser realizadas todas las prácticas que demanden los alumnos de los cursos de formación”.
Otras fuentes consultadas apuntan que ésta es “una de las batallas del reglamento; a los despachos les preocupa porque se trata de alumnos que luego se integrarán en los bufetes y porque tendrán que ofrecer las prácticas y acreditar que da tales prácticas incorporadas al máster. ¿Y quién le dirá qué alumnos tiene que incorporar?”.
Intereses en conflicto
En otras palabras, “existen intereses en conflicto entre colegios y despachos. Los colegios tratarán de influir todo lo que puedan y los bufetes mantener toda la autonomía posible en la elección de las personas a las que les abren la puerta y darles las prácticas”.
Ésta es una de las cuestiones esenciales del convenio que celebren universidades y colegios, que deberá recoger cómo organizar las prácticas. Una prueba de ello es lo que prevé el artículo 16 del borrador: “El número de alumnos de los que puede ser tutor un abogado en las prácticas externas del curso de formación para abogados no podrá ser superior a dos. Los colegios de abogados podrán modificar este número máximo cuando sea necesario para cubrir todas las necesidades de prácticas que demanden las universidades con las que tengan convenio y las escuelas de práctica jurídica”.
Por otro lado, las universidades piden que el máster debe tener 90 créditos: 30 obligatorios, cuyo contenido estaría configurado por los ministerios competentes; 30 de prácticas externas y el resto establecido libremente por la universidad. Actualmente, el borrador prevé que el máster tenga 120. Las universidades también tienen su postura sobre la prueba de acceso: “Ha de consistir en una prueba objetiva, limitándose el test para las materias que no han sido impartidas en el Grado de Derecho”. También piden que en la prueba se tenga en cuenta “el Derecho propio de las autonomías”.
La carrera de abogado se complica, dentro de unos años se tardarán siete años, no cinco, como ahora.
Muchos flecos que atar
El sector legal vuelve a tener ante sí una encrucijada que muy probablemente condicionará el ejercicio de la abogacía en España a partir de 2011. A partir del 1 de noviembre de ese año, los alumnos que se gradúen en Derecho que deseen ejercer tendrán que hacer un máster, cuyo contenido está empezando a definirse ahora y que incluye unas prácticas, además de superar una prueba.
Este nuevo planteamiento es claramente “desincentivador” para hacer la carrera de Derecho.
Fuentes jurídicas consultadas por EXPANSIÓN confirman las “tensiones” entre Justicia y Ciencia e Innovación a la hora de definir el Grado en Derecho. Pero a los bufetes les preocupan más cosas. Lo que piden es tener la posibilidad de “elegir” a los aspirantes futuros abogados porque los despachos son los que ofrecerán las prácticas y no quieren que los colegios impongan los alumnos procedentes de las universidades y de las escuelas de práctica jurídica.
Esta inquietud procede de que en la Ley de Acceso “se cierra en falso, porque hay dos interlocutores que pugnan por el acceso, las universidades y los colegios –que tienen relación con las escuelas de práctica jurídica–”.
El desarrollo de la ley a través del reglamento también tiene una preocupación para las universidades:“Al crearse un máster oficial les coloca en una posición complicada, ya que se tienen que aplicar precios públicos y esto limita las posibilidades de financiación”.
