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FINANCIACIÓN
El Gobierno duplicará las becas a costa de encarecer la matrícula
LA COMISIÓN EUROPEA DE FINANCIACIÓN PLANTEA UN ALZA DEL 148% DE LAS AYUDAS DE AQUÍ A 2015 PERO ESTUDIA PENALIZAR A LOS REPETIDORES
JUANJO BECERRA
LUIS PAREJO
Sa idea no es nueva. Hace años que los economistas de la educación vienen defendiendo una subida de las tasas académicas para que los estudiantes asuman un mayor porcentaje del coste de su educación y afronten de un modo más responsable su paso por los campus. La propuesta siempre venía acompañada de una contrapartida: un fuerte aumento de las becas para evitar que el alto precio de la matrícula cerrase las puertas de la Universidad a las familias de nivel socioeconómico más bajo.
Los rectores vienen siendo partidarios de esta política, que les permitiría aumentar su financiación y sanear las siempre famélicas cuentas universitarias. Diversas comunidades autónomas convirtieron la subida de las tasas en una bandera e incluso se han llegado a aprobar documentos en el Consejo de Universidades que iban en esta línea, pero los sucesivos gobiernos no tuvieron el coraje político necesario para enfrentarse a su impopularidad entre los estudiantes y a las protestas que podría despertar.
La novedad es que el actual Ejecutivo parece decidido a impulsar un fuerte incremento de las becas en todos los conceptos posibles para poder introducir un alza en los precios públicos.
El último documento de trabajo de la Comisión Mixta del Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria plantea dotar de 1.052 millones de euros extra a la política nacional de becas desde ahora y hasta 2015 con el objetivo de que, para entonces, un 30% de los matriculados en las universidades españolas reciba algún tipo de subsidio, frente al 15,4% del presente curso.
Así se recoge en el documento que el pasado lunes hicieron llegar José Antonio Pérez García y Juan Hernández Armenteros -dos de los economistas de la educación que siempre defendieron que el actual nivel de tasas era socialmente regresivo- a sus compañeros como resumen de las jornadas de trabajo que se vienen celebrando desde septiembre de 2008.
En una de ellas, la que tuvo lugar el pasado 26 de febrero, la propia Secretaría de Estado de Universidades sugería a los expertos dos alternativas a la actual política de precios públicos: «Aumentar segundas y sucesivas matrículas» o «aumentar el precio vs. consolidación de la política de becas».
Por su parte, Pérez y Hernández Armenteros, miembros y voz cantante de la Comisión por invitación del Ministerio de Ciencia e Innovación, desarrollan al detalle las partidas presupuestarias que deberían ponerse en juego para lograr la duplicación de las becas.
Así, proponen pasar de los 157 millones de euros, destinados el curso pasado a cubrir los gastos de matrícula de los alumnos, a 301 millones para 2015 (91,7% de aumento). Las becas económicas saltarían desde los 325 a los 832 millones de euros (155,7%) y las de movilidad, de los 137 a los 304 millones (121,8%). Pero el aumento más importante sería el de los préstamos renta dedicados a los alumnos de máster, que crecerían un 300% (de 707 a 1.759 millones).
según han apuntado a CAMPUS expertos en financiación universitaria, la primera vez que se planteó la necesidad de hacer repercutir en los estudiantes un mayor porcentaje del coste de la Educación Superior que reciben fue en un documento aprobado por el Consejo de Universidades en 1994. En él se fijaba el objetivo de que, para 2004, los alumnos sufragaran el 27% de su formación universitaria -tradicionalmente, en España pagan entre el 10 y el 15% -, lo que suponía una subida de las tasas del 53% en esos 10 años que finalmente no se produjo de un modo tan drástico.
En 1999, el 'Informe Universidad 2000' -más conocido como 'Informe Bricall'- sugería: «El sistema español de financiación no ha sido capaz de combinar de forma satisfactoria la contribución de las tasas con un esquema de ayudas públicas a estudiantes y familias». Y, a continuación, introducía algunos de los mecanismos que se estaban utilizando en países que habían apostado por la subida a lo largo de los 90, como el Reino Unido, siguiendo la doctrina del 'Informe Dearing'; Italia, Holanda y Australia, entre otros.
Este informe quedó demonizado incluso antes de nacer, debido a las protestas al entender que perseguía impulsar un modelo empresarial de gestionar la Universidad pública española.
En la pasada legislatura, durante la aprobación de las horquillas anuales de precios para el primer y segundo ciclo en el Consejo de Coordinación Universitaria (CCU), el Gobierno recibió presiones, por parte de algunas comunidades autónomas y rectores, para permitir un sensible incremento de los precios públicos. «Los rectores insistían en que aprobáramos una medida que permitiera repercutir a los estudiantes un mayor porcentaje de la formación que reciben, pero siempre se negaban a presentarnos esa propuesta por escrito», recuerdan a CAMPUS fuentes del Ministerio de Educación y Ciencia de aquella época.
Pese a la insistencia de los economistas de la educación sobre la necesidad e introducir estos reajustes en el modelo español, ningún Ejecutivo ha encontrado la valentía política necesaria para llevar a cabo una medida que puede generar un rechazo importante entre los estudiantes por mucho que el alza de tasas vaya acompañado de un incremento proporcional de las becas.
De hecho, el anterior informe de financiación del CCU, presentado en abril de 2007 y que está sirviendo de referencia para los trabajos de la comisión actual, afirmaba: «No parece previsible una modificación generalizada de los precios públicos de la enseñanza superior, aunque en paralelo con la mejora de las becas y ayudas al estudio convendría introducir elementos de diferenciación, al menos en los precios públicos de postgrado».
Es decir, que se daba por perdida la batalla de cobrar más por el grado, pero los expertos lo creían irrenunciable para el nuevo nivel universitario surgido del Proceso de Bolonia. De hecho, el documento presentado por la Secretaría de Estado el 26 de febrero, aludía a que «los másters profesionalizantes (regulados), se situarán en el precio del grado más caro en cada comunidad», que los de continuación de estudios se regirán por «la horquilla establecida» y que los de formación continua se cobrarán según «el precio más alto» de dicha horquilla. En cuanto al grado, a la luz de los documentos de trabajo de la comisión, el Gobierno está tratando de disfrazar la subida de las tasas para mitigar las posibles protestas.
Por eso el documento del 26 de febrero baraja la opción de hacerla repercutir sólo a los repetidores. Y por eso el del 30 de marzo, suscrito por Pérez y Armenteros (en el que se elude en todo momento analizar las consecuencias del aumento de becas sobre la política de precios) destaca la «implantación de un programa que premie a aquellos estudiantes que, en régimen presencial, superen 60 créditos en la primera convocatoria, otorgándoles un premio por un importe equivalente al precio de la matrícula que ha cursado».
Un incentivo que se incrementaría «en función de la calificación media obtenida» y que en las enseñanzas no presenciales se lograría con sólo superar 45 créditos en primera convocatoria.
¿Y que opinan los estudiantes de la reforma que se avecina? Diego Ortega, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas, cree que con este tipo de medidas se está dando cancha a los anti Bolonia y a las acusaciones de mercantilización de la educación superior. Además, vaticina que «muchos universitarios se echarán a la calle».
Personalmente, Ortega piensa que «los estudiantes deben pagar algo porque asumir una parte del coste de la educación fomenta la responsabilidad», pero está convencido de que «las tasas actuales están bien o incluso deberían bajar un poco, mientras que las becas deberían aumentarse hasta alcanzar la media europea».
«Es un absoluto sinsentido», zanja Marcos Loureiro, presidente nacional de los Comités Abiertos de Facultad (CAF), que llevan más de un año peleando contra el incremento de los precios públicos pretendido por la Xunta. «Ni siquiera aumentando las becas es lógico, porque tendríamos que dedicar ese dinero a pagar las tasas; ni mucho menos penalizar a los estudiantes de nivel socioeconómico bajo o medio bajo por el hecho de repetir asignaturas», apunta.
Pero no todos los expertos en financiación universitaria están de acuerdo en que el actual sistema sea regresivo al transferir más recursos de los que menos tienen a los que más, ni que vaya a ser más eficiente por ser más caro.
Francisco Michavila es uno de los discrepantes. «Si comparamos los precios de las matrículas españolas con las de los países europeos del entorno, los universitarios en España se sitúan entre los que más pagan. Más aún si se corrigen los costes de las matrículas con el PIB per capita. A la vez, el sistema de ayuda a los estudiantes es bastante insatisfactorio», afirma el director de la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Politécncia de Madrid.
«En estas condiciones, no veo oportuno que se produzca un aumento sustancial, es decir que vaya más allá del crecimiento de la carestía de la vida, de las matrículas universitarias mientras no se haya mejorado en profundidad el sistema de ayudas a los estudiantes», añade este experto.
