Querido Rubenl, es viejo como las tarjetas VISA que estas actividades se facturan para el que la pida, tapadas como actividad de secretariado, traducción, restaurante, y un sinfin de cosas que en la actividad empresarial sirva de justificación del gasto.
La legalización, y por tanto el reconocimiento administrativo, produciría, en mi opinión, los siguientes efectos:;
-Control médico obligatorio para la persona que lo ejerce, con la consiguiente garantía sanitaria para la persona demandante.
-Cotización a la SS, y entrada por tanto en el sistema de protección social de estas personas, con vista a su futuro.
-Regulación de la forma de ejercicio, de tal manera que se pueda brindar una protección "física" a las personas que lo ejercen (tal como ocurre en Holanda), anulando la presencia del proxeneta.
-Al ser una actividad regulada, significa que su ejercicio al margen de la legalidad tendría sanción administrativa. Así la gente que la ejerza al margen conoce de antemano la sanción si se descubre.
Naturalmente, y siendo una profesión tan compleja, habría que hacer otras cosas, a través de las consejerias adecuadas, para lograr en lo máximo posible que estas personas encontraran otro tipo de ocupación, aunque conozco casos que no lo dejarán en mucho tiempo, pues absolutamente lucrativo a los niveles que estas personas se mueven.
Tambien, y esto si que me parece básico, es la oferta de oficinas policiales donde denunciar la explotación por otras personas, pues como dije en mi primera intervención, es una labor a regular siempre que exista voluntariedad.
Hasta luego
