Zapatero y Rajoy han vuelto a reunirse para hablar de la crisis.
¿Crísis? ¿Qué crisis? No, no es un disco de Supertramp, aquel grupo pop de los años 70. Es que España no está en una crisis, sino en varias. Distintas crisis superponiéndose, potenciándose unas a otras.
* Una crisis económica, sí, la más grave de la etapa constitucional.
* Pero también, y anterior a ésta, una profunda crisis institucional.
* Y por si fuera poco, dominando sobre las dos anteriores, una crisis de valores que se manifiesta en una crisis de la familia, de la Educación, de la idea de dignidad humana, de proyecto común llamado España, de la noción misma del bien común...
Sin embargo, para el presidente del Gobierno y el jefe de la Oposición, sólo hay una crisis, la de las finanzas del Estado (en una situación límite) y la economía de los españoles (empobrecidos, con casi cinco millones de compatriotas en paro). De las otras, de la crisis de las instituciones democráticas y la crisis de los valores, no han hablado en su reunión.
España sufre una ofensiva sin precedentes contra las instituciones y los valores nacidos del Pacto constitucional.
La campaña del PSOE y sus aliados ultras, los sindicatos, los autoproclamados “artistas e intelectuales” y la Prensa pro-gubernamental para proteger al juez Baltasar Garzón ha puesto a los pies de los caballos a los magistrados del Tribunal Supremo encargados de investigar si Garzón prevaricó al intentar abrir una causa general contra el franquismo, sabiendo que no tenía competencias para ello y saltándose la Ley de Amnistía y el pacto de reconciliación y perdón que las dos partes enfrentadas en la Guerra Civil sellaron durante la Transición. Ambos bandos tenían cosas de las que avergonzarse y por las que perdonarse.
Los líderes republicanos, el PSOE, el PCE y los nacionalistas no fueron sólo víctimas de la Guerra Civil. También fueron sus responsables.
Mi generación, que no conoció la Guerra ni el franquismo, ha crecido convencida de que nuestros padres no volverían a enfrentarse.
Un presidente insensato ha venido a sembrar la cizaña y a reabrir las heridas de los españoles.
La prosperidad económica es importante, crucial, pero no menos importante y crucial es la calidad de nuestras instituciones y la independencia de los poderes en una Democracia.
No permitas que intimiden a los jueces.
No te calles ante la campaña contra el Tribunal Supremo desatada por el Gobierno, el PSOE y sus aliados extremistas.
No queremos revivir las guerras de nuestros antepasados. No queremos una historia falaz y maniquea, un pasado idílico de buenos y malos. La verdad histórica es un cometido de los historiadores, no de los políticos.
La Constitución, en su artículo 124, encomienda a la Fiscalía, entre otras funciones, la de defender la independencia del Poder Judicial.
El Ministerio Público tiene la facultad y el mandato constitucional de defender al Tribunal Supremo frente a los intolerables ataques e intentos de coacción por parte de políticos del PSOE, miembros del Gobierno, sindicalistas y por el rector de la Universidad Complutense, que dio cobijo en la Facultad de Medicina a un acto absolutamente anti-democrático de repudio y difamación de los magistrados del Supremo que están investigando al juez Baltasar Garzón.
Una de las grandezas del Estado de Derecho es que todas las personas son iguales ante la Ley.
Garzón no está por encima de la Ley.
El Gobierno de Zapatero y los sindicatos no están por encima de la Ley.
El Fiscal lo sabe y debe actuar para preservar la independencia de los tribunales.
