texto sacado del expansion de hoy:
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, atribuye el retraso en la elaboración del reglamento para el acceso a que su éxito “pasa por su implantación pacífica”, afirmó ayer en el Colegio de Madrid.
“Creo conveniente que haya una ley reguladora del derecho de defensa, pero esta ley no tiene por qué ser orgánica, como sucede con otros derechos fundamentales”, afirmó Francisco Caamaño, ministro de Justicia, ayer por la mañana en una conferencia pronunciada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Caamaño glosó un discurso muy completo en el que trató prácticamente todas las cuestiones que afectan a la Abogacía y que tienen implicaciones legislativas, actuales o futuras. Por ejemplo, explicó algunas claves del futuro sistema de acceso al ejercicio de la abogacía.
Ante un aforo repleto de abogados, Caamaño anunció que su departamento está “abordando muchos” de los “aspectos nucleares” del ejercicio de la abogacía, que serán incluidos en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, proyecto que estará listo a finales de este año. Esta norma “dará la investigación al fiscal”.
El ministro defendió la incardinación del modelo de los colegios profesionales en el ordenamiento, aunque advirtió que su situación en el ordenamiento lleva implícitas unas obligaciones como “contrapartida”. Caamaño apuntó que “sería un error contemplar el proceso de liberalización como algo incompatible con la institución colegial”.
Incluso fue más allá, y precisó que “no basta con disponer de una reserva de actividad; es necesario contar con un modelo organizativo para asegurar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos”. Entre las “contrapartidas” que tiene la posibilidad de contar con este modelo, Caamaño citó la “responsabilidad” de los colegios de velar por “el cumplimiento de los códigos deontológicos”, la adaptación del ejercicio de la abogacía a las nuevas tecnologías, en la formación para los abogados y la movilidad en el espacio europeo.
El ministro destacó cómo “los colegios deben desempeñar un papel fundamental para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías”. Esta realidad, precisó, provocará que surjan “nuevas normas deontológicas, por ejemplo, el secreto profesional se mezclará con el secreto de las comunicaciones a través de la red”.
Preocupación
Caamaño anunció que el proyecto de reglamento de la Ley de Acceso “será remitido la semana próxima al Consejo de Estado”. Sobre esta cuestión, explicó: “Me consta la preocupación de la Abogacía y la Universidad sobre cómo se conformará, así como del retraso acaecido”. El ministro atribuyó este retraso en elaborar la norma, del que ya se ha hecho eco este periódico –ver EXPANSIÓN del 27 de julio–, a que “ha sido un proceso meditado”. El motivo es que “en esta tarea de adaptación Justicia ha trabajado co Educación y con las entidades universitarias buscando acallar las voces más críticas”. Y ahondó en el hecho de que “el éxito del modelo pasaba por su implantación pacífica; por eso hemos agotado el tiempo” para elaborar el reglamento.
El nuevo periodo de formación que introducirá la Ley de Acceso, que entrará en vigor en octubre de 2011, constará de 90 créditos y abarcará un lapso temporal de año y medio. Caamaño explicó que en el futuro “se podrán convalidar los diferentes máster” que existan y se realicen, siempre que incluyan los créditos previstos para el acceso a la abogacía. Ello facilitará que se pueda completar el periodo de formación para los licenciados que opten por hacer oposiciones –en algunas se realizan cursos, como el de la Escuela Judicial– y a quienes opten por realizar otros máster, incluso de carácter superior: “Éste es el acuerdo a que hemos llegado y es satisfactorio para todos”.
Por otro lado, apuntó que el anteproyecto de Ley de Mediación está pendiente de envío al Consejo de Estado. Esta norma, previsiblemente, ayudará a desbloquear unos 180.000 juicios anuales inferiores a 6.000 euros, procesos en los que habrá obligación previa de acudir al mediador antes de proseguir con la demanda.
