Manos Limpias, el pseudo sindicato de Miguel Bernard, cabeza visible de la ultraderecha madrileña desde sus tiempos de delfín de Blas Piñar, ha tenido el honor de abrir el baile de querellantes contra el juez Baltasar Garzón, al que han concurrido con sus mejores galas la resucitada Falange Española de la JONS, abogados de querellas rechazadas y empresarios imputados en la trama corrupta vinculada al PP.
Bernard, de larga y conflictiva trayectoria nacionalsindicalista como funcionario del Ayuntamiento de Madrid, ha presentado centenares de querellas contra partidos nacionalistas o de izquierda, instituciones, homosexuales y hasta contra el programa infantil Los Lunis. La que interpuso contra el juez y la fiscal del 11-M casi le cuesta un disgusto, ya que el Supremo dedujo testimonio contra él por acusación y denuncia falsas al entender que esa querella entrañaba un "fraude procesal" y un "manifiesto abuso de Derecho".
Pero entre los magistrados de la Sala Penal, Bernard también tiene su público: suplió la negativa del fiscal a acusar al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, que resultó condenado precisamente por desobediencia al Supremo. Ahora, con la imputación y posible condena del juez al que ha perseguido durante años por atreverse a indagar los crímenes del franquismo, ha logrado el premio gordo.
La querella de Manos Limpias fue admitida al segundo intento ?primero se presentó como denuncia? por la Sala Penal, en un auto del que fue ponente Adolfo Prego, un magistrado ultraconservador que se ha significado como patrono de honor de la fundación para la Defensa de la Nación Española, (Denaes). Prego es hermano de la periodista Victoria Prego, adjunta a la dirección de El Mundo, el diario al que Garzón ha acusado de "denigrarle sistemáticamente".
A esta querella se ha sumado ahora Falange, para lavar el "honor" de su "movimiento".
El abogado Antonio Panea lleva persiguiendo Garzón desde que éste, en 2006, rechazó una querella del ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, contra Emilio Botín, presidente del Santander, adjudicatario del banco de Mario Conde tras su intervención y saneamiento.
Pérez Escolar había sido condenado a 10 años de prisión por estafa y apropiación de casi cinco millones de euros en la gestión de Banesto, pero dada su avanzada edad, no llegó a pasar ni dos meses en la cárcel. Panea pertenecía al grupo de seguidores de Pérez Escolar, cuyas intervenciones críticas contra Botín en las juntas de accionistas del Santander cosecharon todo tipo de desplantes y abucheos. Hasta su fallecimiento en 2007, Pérez Escolar interpuso una treintena de querellas contra Botín, casi todas archivadas y sin que ninguna concluyera en condena. Garzón archivó una de tantas, previo informe favorable del fiscal y el respaldo posterior de la Sala Penal de la Audiencia.
Fallecido Pérez Escolar, Panea tomó el relevo y trató de vincular el archivo de la querella de su colega con el supuesto cobro por Garzón de 1,7 millones de dólares que le habría pagado el banco durante su estancia en Nueva York. La acusación era tan burda que todas sus denuncias ante el Poder Judicial fueron archivadas. El magistrado Luciano Varela, que anduvo meses investigando los honorarios de Garzón en Nueva York, tuvo que archivar la querella por inexistencia de delito, no sin realizar un último intento, sin éxito, de que el Poder Judicial sancionase a Garzón supuestamente por no informar de que había percibido unos ingresos de 200.000 dólares.
Pese a estar la querella archivada, Panea acudió con otra que contiene supuestos "nuevos datos" que revelarían que Garzón solicitó personalmente a Botín el patrocinio de unos cursos que dirigió en Nueva York, con intervención de diversas personalidades. Por el momento, a Garzón de nada le han servido las explicaciones de la Universidad de Nueva York ni del banco, y la querella se ha admitido. En las últimas semanas, el Supremo ha respaldado a una magistrada de Cantabria que expulsó a Panea de un juicio por encararse con ella e interrumpir al letrado de la parte contraria.
La tercera querella admitida hasta ahora ha sido la del abogado Ignacio Peláez, defensor del empresario implicado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri. Éste no llegó a ingresar en prisión, pero Peláez visitó en la cárcel a los principales implicados de la red corrupta para "preparar la defensa" de su cliente. Garzón había ordenado grabar las conversaciones de los presos con sus abogados, sospechando que alguno podría incurrir en operaciones de blanqueo. Aunque, efectivamente, algún abogado ha resultado imputado, el Supremo entiende que el juez ha podido incurrir en prevaricación y vulneración de la intimidad.
Antes de ejercer de abogado, Peláez fue fiscal de la Audiencia Nacional y por tanto, compañero de Garzón. Desde que migró a la abogacía, su trayectoria no ha pasado desapercibida. Hace unos meses fue juzgado junto a sus clientes, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, Los Albertos, por el caso de la carta falsa con la que la pareja de empresarios intentó contrarrestar la condena del caso Urbanor, finalmente extinguida por prescripción. El tribunal que les juzgó en octubre expresó su "sorpresa" por la contratación de Peláez por Los Albertos, pero no encontró "prueba suficiente" que demostrara que conocía la falsedad de la carta. Peláez salió absuelto y Los Albertos, condenados a cuatro meses.
Hace unas semanas, Peláez fue investigado por la Audiencia Nacional por ayudar a entrar, sin permiso, a un periodista holandés y a la mujer de un preso en los calabozos del edificio. A los policías de servicio les dijo que sus acompañantes eran compañeros del despacho, pero los agentes desconfiaron y descubrieron que uno era periodista y la mujer era la esposa del recluso.
Contra Garzón ha anunciado también una querella el Colegio de Abogados de Madrid por las escuchas del caso Gürtel, que de momento ha quedado en la recámara. El decano, Antonio Hernández-Gil, afirmó que es la primera vez que el Colegio (una institución con más de 400 años de historia) se querella contra un juez. Aseguró que la querella se presentará "en el momento más adecuado" y cuando "sea más eficaz". En la Junta que adoptó el polémico acuerdo se sienta el vicedecano Luis Rodríguez Ramos, que defiende, junto a varios de sus colaboradores, a varios de los imputados en de la trama.
¿DETECTAIS LA CORRUPCION Y LAS MALAS ARTES O NO?
