FUENTE ÁLAMO Y TORRE PACHECO. En esta trama hay 14 imputados, entre ellos Daniel García Madrid (PP), alcalde de Torre Pacheco. Éste fue detenido junto a un funcionario tras aprobar una permuta que perjudicó económicamente al Consistorio. La magistrada de San Javier sigue investigando en los ayuntamientos murcianos de Torre Pacheco y Fuente Álamo la comisión de los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto, siendo el empresario Facundo Armero (socio fundador de Polaris, junto con Pedro García Meroño, a quien luego vendió su participación en la empresa) el principal sospechoso de encabezar la trama de corrupción. Los últimos acontecimientos parecen demostrar la presunta existencia de financiación corrupta del PP en el municipio de Fuente Álamo, pese a que inicialmente se había archivado esta parte de la causa. Uno de los escoltas del empresario Armero reconoció haber llevado importantes sumas de dinero a los alcaldes de Fuente Álamo y de Mazarrón. Llama la atención, a modo de curiosidad, que quien fue durante tres años guardaespaldas de Armero, se encargara también de vigilar y ocultar en 2003 a los tránsfugas de la Asamblea de Madrid, Tamayo y Sáez, que posibilitaron la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
LIBRILLA. En la Operación Biblioteca hubo cinco detenidos, entre los que se encontraban el alcalde, Pedro Martínez, y el teniente alcalde y edil de Urbanismo, Pedro García, por supuestas adjudicaciones irregulares a empresas de los funcionarios encargados de contratarlas. Al igual que en el punto anterior, en esta operación de la Guardia Civil aparece la financiación corrupta del PP. Uno de los empresarios favorecidos por las adjudicaciones de obra pública, Domingo Peñalver fue detenido, y en la declaración ante el juez se auto inculpó del delito de cohecho al asegurar que realizó diferentes pagos al alcalde de Librilla y al concejal de Urbanismo para financiar el Partido Popular de este municipio, entre otras cosas.
LORCA. En la Operación Reciclaje o Caso Limusa, el ex-director de los servicios de la empresa municipal de limpieza de Lorca (Limusa), Francisco Gil Eguino, fue detenido como supuesto autor de un delito de fraude al utilizar las dependencias municipales para la gestión de sus empresas. Unas 70 sociedades están siendo investigadas. Posteriormente, fueron arrestadas otras siete personas en relación a esta trama, entre ellas el ex-alcalde socialista Miguel Navarro.
LOS ALCÁZARES. En la Operación Ninette, hay seis detenidos. Entre las dos personas que tuvieron que abonar fianza para eludir la cárcel está el ex-alcalde del PSOE Juan Escudero, que pagó 60.000 euros. En esta operación declaró el cartagenero Juan Antonio Roca, detenido en Marbella como principal acusado en la Operación Malaya, y con importantes intereses en su región natal. En esta trama, hay otros catorce imputados. Entre los detenidos está el empresario Valero Garcerán, que aparece en las conversaciones grabadas por la Guardia Civil en la investigación del ayuntamiento de Torre Pacheco, exigiendo que el alcalde dejara una obra desierta para después adjudicársela modificando el proyecto en su beneficio.
MAZARRÓN. El juez investiga, de momento, a concejales de la oposición por compra de votos. Ellos implicaron, a su vez, a varios miembros del equipo de Gobierno municipal del PP.
MULA. El ex-concejal de Urbanismo, Leandro Pérez de los Cobos (PP), fue denunciado por la Fiscalía por recalificar terrenos que habían sido de su propiedad.
MURCIA. En este municipio, que es la capital de la Región, hay al menos tres causas abiertas. La primera de ellas atañe al arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, que permanece en excedencia. La Fiscalía lo denunció por favorecer presuntamente a una empresa propiedad de familia desde su puesto de funcionario. Por otro lado, el Colegio de Arquitectos presentó un recurso contencioso-administrativo contra la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia. Y, por último, en la Operación Umbra, iniciada en octubre de 2010, han sido detenidas tres personas, entre ellas el gerente municipal de Urbanismo, e imputadas otras cinco, entre ellas el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena (PP), y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.
OJÓS. El alcalde de Ojós, Francisco Salinas, de los independientes, fue detenido por presunta corrupción de menores (fotografías pornográficas). La familia del joven implicado recibía ayudas sociales del consistorio.
SAN JAVIER. El ex-alcalde de San Javier, José Hernández (PP), fue detenido junto a dos empresarios del municipio. Por el caso de Puertomayor, en el municipio de San Javier, están imputados también los ex-directores generales Antonio Alvarado y Marcos Ortuño Soto, siendo este último concejal del PP de Yecla.
SANTOMERA. La Fiscalía ha pedido la apertura de juicio oral contra el presidente de la empresa Áridos del Mediterráneo, Pedro García Balibrea (presidente de la Cámara de Comercio de Murcia), y contra el ex-alcalde de Santomera, José Antonio Gil Sánchez (PSOE), por delitos medioambientales ocasionados por la explotación de la cantera ‘El Zacacho’ sin licencia.
TOTANA. En la llamada Operación Tótem se investiga una trama de corrupción de la anterior corporación del PP y de la actual, por la presunta exigencia de comisiones ilegales para recalificar terrenos. Hay catorce detenidos y cuatro imputados más. Entre los arrestados estaba el alcalde del PP, José Martínez Andreo, que permaneció dos meses en prisión, de la que salió tras abonar una fianza de 70.000 euros. Entre los imputados se encuentra el diputado expulsado del PP Juan Morales, ahora en el Grupo Mixto de la Asamblea Regional. Una docena de imputados en la Operación Tótem, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Totana, se sentarán finalmente en el banquillo de los acusados, según se les ordena en un auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
ULEA. El alcalde, José Bolarín Cano (PP), fue denunciado por la oposición por presuntos delitos urbanísticos y tráfico de influencias por favorecer presuntamente la reclasificación de terrenos propiedad de su suegro. Además, se le investiga en relación a la Operación Biblioteca de Librilla.
VILLANUEVA DEL SEGURA. El alcalde, José Luis López de Ayala (PP), fue objeto de una querella de la oposición por otorgar la licencia para construir una urbanización en una zona de dominio público hidráulico del río Segura.
En un comunicado hecho público por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en marzo de 2009, se intentaba acotar el número de casos que hasta ese momento se mantenían ‘vivos’ en cualquiera de las fases judiciales. Entre ellos no se encontraba, claro está, la Operación Umbra, iniciada en octubre de 2010. Después de recordar que el número de denuncias archivadas en la Fiscalía a responsables de ayuntamientos del PP había ascendido a 51 hasta esa fecha (21 en 2006, 21 en 2007 y 9 en 2008), la Junta de Fiscales precisaba que en relación al PSOE solo se habían presentado 11 denuncias, siendo archivadas 8 por el Ministerio Público. En relación a las querellas formalizadas por la Fiscalía en los distintos Juzgados de Instrucción, las que afectaban a responsables de ayuntamientos gobernados por el PP eran 8 (ahora, con el caso de Nueva Condomina, serían ya 9), lo que sumado a las 3 que afectaban al PSOE hacía un total de 11 (ahora, harían un total de 12). Además, hasta marzo de 2009, la Fiscalía había formalizado tres escritos de acusación: uno contra el alcalde de Alguazas, por delito contra la ordenación del territorio, pendiente de celebración de juicio; otro contra el ex-alcalde de Santomera, por delito medioambiental, igualmente pendiente de la correspondiente vista oral; y un tercero contra el alcalde de Mazarrón y otros (entre los que se encontraba un afiliado al PSOE), que tras celebración de juicio dio lugar a una sentencia absolutoria, en contra de la petición de la Fiscalía.
* Los subapartados 4.1 y 4.3 de este capítulo han sido redactados por el periodista Tono Calleja, que actualmente trabaja en el diario El País e investiga sobre la corrupción política en España.
