El delito del dirigente del PNV era grotesco y evidente: era una desobediencia y probablemente, prevaricación como una catedral: el Supremo le dijo: "disuelve el grupo etarra de las Instituciones" y Atutxa no lo hizo.
Llegó el PSOE al poder, de la mano del 11-M, de ahí nació la era que empezó con el chivatazo a los etarras y ha terminado con el caso Troitiño. (Jueces condecorados, las actas de ETA donde sale que Zaragoza y Garzón aterrizaron y eran el Fiscal y el juez que querían los etarras, etc.).
Fruto del aterrizaje de los nuevos Fiscales, de la mano del PSOE, la Fiscalía retira su acusación y Atutxa es absuelto. Pero había otra acusación, que era la de Manos Limpias. Manos Limpias recurre al Supremo y el Supremo condena a Atutxa, que había cometido el delito.
Corrupción, impunidad de los corruptos nacionalistas: esto es lo que pretende el PSOE con la ley con la que se proponen restringir la acción popular. Manos Limpias consiguió con su acción penal que se condenara un delito que efectivamente se cometió y al cual, los pactos de Zapatero con terroristas y nacionalistas contra el Estado de Derecho pretendieron dar carpetazo. Si lo que pretende ahora Caamaño hubiera estado entonces en vigor, ni los crímenes, ni la colaboración con el terrorismo, ni la corrupción del poder podrían ser perseguidos, ni obviamente, castigados.
