Éste es el fruto natural del estado autonómico: el PP aceptó (el PSOE también) que los máximos plenipotenciarios de la nación fueran los presidentes autonómicos a los cuales, nunca se les habría de exigir cuentas.
El PP fue el que decidió que el eje de su discurso fuera la defensa del estado autonómico, Rajoy fue el que amañó el Congreso de su partido con Camps y con Arenas, para seguir siendo candidato. A Rajoy no hay que exigirle cuentas por este asunto, sino por decidir ser un lacayo limpiabotas de los presidentes autonómicos, por haber apostado por ese anacronismo antiespañol e irracional del Estado autonómico.
Sin esa decisión política de Rajoy de dar todo el poder a los presidentes autonómicos, para retener mediante maniobras de caciques la Presidencia y autoproclamarse como candidato, sin su apuesta perdedora por el estado autonómico, este caso no habría tenido lugar, ni habría crecido tanto la bola de nieve. Apostó por ello, perdió una vez, perdió otra vez y no volverá a perder, no porque no lo merezca, sino porque le ha tocado la lotería de enfrentarse con el gobernante más corrupto, más antiespañol, más mafioso, criminal y destructivo que ha tenido nunca España.