Recupero este hilo a raíz de una noticia que he visto en El Confidencial sobre la judicatura murciana y que paso a reproducir:
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La imagen que dan los jueces es de compadreo trasnochado"
“El Ilustrísmo Sr. D. Antonio Martín Ferradal, Magistrado-Juez Encargado del Registro Civil Exclusivo de Murcia” acaba de ser nuevamente sancionado por el Consejo General del Poder Judicial por haber ordenado la detención de una funcionaria judicial de la Fiscalía en el ejercicio de sus funciones, según documentación a la que ha tenido acceso este diario. La resolución del CGPJ tiene fecha de 24 de abril pasado.
La condena es por “falta leve”, así que su ilustrísima sólo tendrá que abonar 200 euros de multa y puede interponer recurso, a pesar de que es la segunda vez que se le condena en la misma instancia por hechos similares y de que uno de los cuatro vocales de la Comisión Disciplinaria del CGPJ, José Manuel Gómez Benítez de Lugo, emitió voto particular considerando que los hechos eran constitutivos de falta grave. La misma intensidad con la que Martín Ferradal fue condenado el año pasado a una multa de 3.000 euros por una falta grave de la Ley Orgánica del Poder Judicial consistente en exceso o abuso de autoridad o falta de consideración con los ciudadanos.
El lenguaje jurídico se refiere eufemísticamente a que el magistrado denominaba “putas” a las mujeres con hijos fuera del matrimonio, “maricones” a las parejas gays y “gentuza” a los inmigrantes que piden ser nacionalizados como españoles. “A los extranjeros los somete a unos interrogatorios extenuantes y les pregunta cosas que ni yo mismo, que llevo 20 años casado, sé sobre la familia de mi mujer”, asegura un funcionario bajo condición de anonimato. Entre sus perlas dialécticas, los funcionarios del Registro, sobre todo si son del sexo femenino, están habituados a oír a este juez de 68 años que se pasan “las mañanas sin hacer nada, con el papo en la silla” o que son “unos ignorantes”.
En esta ocasión, apenas nueve meses después de ser condenado por todo lo anterior, su Señoría ha visto como era calificado de “falta leve” el haber ordenado al guardia civil de servicio en el Registro que detuviera a una funcionaria de la Fiscalía quien, en ejercicio de sus funciones, le había solicitado la agilización de un trámite judicial y tuvo que escucharle, además, unas cuantas lindezas en tonos desabridos y amenazantes, como queda constancia en la denuncia de la afectada, que prefiere que su nombre no sea publicado.
El circo judicial murciano
La benevolencia mostrada por el presidente de la Comisión Disciplinaria, Pío Aguirre Zamorano, que actuó como ponente, y los vocales Miguel Carmona Ruano, Margarita Uría Etxeberría y Gemma Gallego Sánchez no ha sorprendido en ambientes jurídicos ni ciudadanos en Murcia, donde ha corrido de boca en boca, habituados como están a las significativas salidas de pata de banco algunos de los componentes del estamento local y a los litigios públicos entre ellos.
Muy recientemente, el pasado 27 de abril, se conoció que el CGPJ iniciaba un expediente disciplinario contra el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, Abdón Díaz Suárez, a instancias del magistrado Álvaro Castaño Penalva, de la misma instancia, que denunció a su compañero el pasado mes de enero por revelar deliberaciones de un caso, lo que sería falta grave si es estimada su opinión.
El abogado que defiende los intereses de Díaz Suárez, José Luis Mazón –conocido entre otras cosas por haber iniciado procedimientos contra el juez Baltasar Garzón– aseguró en la prensa local que el presidente del TSJ de Murcia, Juan Martínez Moya y Álvaro Castaño han iniciado una "cacería operativa" de su cliente porque "no es domesticable" y no se deja hacer ni coopera en trapicheos ilegales.
Mazón y su socio, el abogado oriolano Álvaro Panea –con estrechas relaciones profesionales con Mario Conde– iniciaron un caso contra el “superjuez” por haber supuestamente aceptado fondos del Banco de Santander para financiar su estancia académica en Nueva York en 2005 y 2006, causa archivada por prescripción hace dos meses después de que Garzón fuera inhabilitado en el Tribunal Supremo para 11 años por las escuchas del ‘caso Gürtel’.
"La imagen que dan los jueces es de compadreo trasnochado"
Antes de que Castaño iniciara su acción contra Díaz, la pelea jurídica entre los dos magistrados de la Sección Segunda era conocida en los ambientes jurídicos murcianos, especialmente entre la pléyade de abogados jóvenes que se buscan la vida en los juzgados casi recién salidos de una Facultad que es de las más antiguas de España y produce más de un centenar de licenciados por curso. “La imagen que dan los jueces en esta Región es de compadreo trasnochado, y no es de extrañar porque la inmensa mayoría son miembros de la reaccionaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) o de la Francisco de Vitoria, que es por el estilo”, asegura un abogado que lleva ejerciendo diez años y pide que su nombre no sea publicado. La progresista Jueces por la Democracia es prácticamente inexistente en Murcia.
Sin que todavía se haya olvidado del todo el caso de la inhabilitación hace año y medio del ultraconservador juez de Familia Fernando Fermín Calamita por prevaricar al dificultar la adopción de una niña por una pareja homosexual, otros casos de menor importancia siguen asombrando. Como, por ejemplo, el archivo hace un mes del reciente rechazo por el CGPJ de una investigación disciplinaria sobre el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM Julián Pérez Templado, denunciado por haber inadmitido una querella contra el presidente murciano, Ramón Luis Varcárcel, a pesar de la supuesta relación de amistad que mantenía con él.
Según el CGPJ, que el presidente murciano asistiera a la boda de la hija del magistrado y que éste tenga “íntima amistad con el cuñado y con la hermana” de Valcárcel, al decir del abogado Mazón, no es razón suficiente para que Pérez Templado hubiera debido abstenerse en aquel procedimiento. En otra polémica decisión, hace un año que este magistrado, expresidente “progresista” del TJSM, absolvió de delito ambiental al presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Pedro García Balibrea, tras pasarse dormitando en la vista oral el tiempo que duró la exposición del fiscal de Medio Ambiente y la del abogado de la acusación particular, en una sala abierta al público y con cámaras de televisión dada la relevancia social del acusado.
Con este ambiente, comenta otro joven abogado bajo condición de anonimato, “no es de extrañar que Andrés Montalbán”, el juez que representaba a Jueces por la Democracia, “pidiera traslado a Elche, harto de todo esto”. El sindicato mayoritario en la administración judicial en Murcia, Comisiones Obreras, opina que “casos de jueces, como el responsable del Registro Civil, sancionado en dos ocasiones, o las trifulcas entre jueces ocasionan descrédito y aumento de la falta de valoración que la ciudadanía tiene de la Justicia, más aún en estos tiempos de crisis”.
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LoginEsta noticia parece avalar la tesis de una querida compañera, a la que le mando un saludo.
