La amnistía fiscal que ha anunciado el Gobierno para que los particulares o empresas que hayan defraudado a Hacienda puedan blanquear su dinero negro, sacarlo a la luz, sin sufrir ningún castigo —pagando solo un gravamen simbólico del 10%, muy inferior a los impuestos que han dejado de abonar— es “éticamente impresentable”, un “atentado contra el Estado de derecho” y, además, “contrario a la Constitución”. Lo dice la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que, según su portavoz, agrupa al 95% de los 1.500 inspectores de España.
El cuerpo de funcionarios responsable de perseguir el fraude —integrado también por más de 8.000 técnicos y subinspectores— teme que la amnistía fiscal —“regularización extraordinaria”, en expresión del Gobierno— debilite su trabajo y provoque un “derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos y, en consecuencia, de la recaudación en periodo voluntario”. La campaña de la renta empieza este mes.
El artículo 31 de la Constitución dice: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Eso va radicalmente en contra de una política fiscal que “a los que pagan impuestos, se los sube” y, “a los que no, se los perdona”, sostiene la IHE en una nota. “La amnistía deslegitima al Estado a la hora de cobrar los impuestos. ¿Con qué cara vamos a ir nosotros ahora a reclamar a un ciudadano que no ha declarado una colaboración a una revista, o cualquier pago, cuando se está aprobando un perdón legal a los grandes defraudadores?”, inquiere un portavoz de la asociación. El PSOE también ha encargado un estudio jurídico para averiguar si la amnistía es constitucional.
