Como sabéis, el Gobierno ha decidido una amnistía fiscal (y penal), con una penalización del 10%, a los que afloren rentas no declaradas.
Es una amnistía que favorece a los defraudadores, en contraste con los ciudadanos que pagan sus impuestos, y muy distinta de las que realizaron en su monento Solchaga y Boyer, que consistieron en amnistiar, efectivamente, los fondos procedentes del dinero negro, a cambio de que se invirtiera en deuda pública a un interés muy por debajo del del mercado.