Nuevos recortes por el inminente segundo rescate de EspañaEl segundo rescate de España está cantado. El Gobierno parece rendido a las presiones del mercado, del Eurogrupo, del FMI, de Obama, pero, sobre todo, de su propia situación financiera. No tiene más remedio en las próximas semanas que solicitar al Fondo de Rescate (FEEF) que compre deuda española y conseguir además que el BCE compre en el mercado secundario. El Tesoro tiene fuertes vencimientos de deuda a largo plazo en octubre que a los precios actuales y con el mercado cerrado para España serán muy difíciles de renovar.
Aunque el Gobierno se resista a caer en el segundo rescate (recordemos que el primero es el crédito de 100.000 millones para ayudas a la Banca), porque solicitar ayuda al Fondo de Rescate implica pasar por una fuerte condicionalidad que implica nuevos y más duros recortes, ya no existe otra salida y Rajoy en sus últimas declaraciones ya no lo niega. El ministro de economía, por su parte, ha reclamado al BCE una actuación sin límites, más bien reclamando que se apruebe en el próximo consejo un amplio programa de deuda, que, en principio, sólo se ativaría, si España soliita formalmente el rescate al Eurogrupo.
La estrategia del Gobierno es llegar al rescate con la mayoría de los deberes hechos para impedir una fuerte condicionalidad que le exija actuar sin margen de maniobra. No obstante, se haga lo que se haga, los recortes tendrán que venir en aquellas partidas de gasto que aún no se han tocado o que se han visto desbocadas por la recesión que vive España.
Subidas de nuevos impuestos son poco viables, al menos este año, ya que aún está pendiente de entrar en vigo la más importante, el IVA, y aún no se han podido comprobar los perniciosos efetos que tendrá sobre la demanda y si en efeto supondrá un gran aumento de la recaudaión o la caída de la atividad neutralizaará sus efetos recaudatorios.
¿Qué partidas se tendrán que recortar?
En primer lugar, las partidas a recortar son aquellas más relacionadas con la crisis económica que disparan el gasto público:
1) Desempleo: Aunque ya se ha bajado del 60 al 50% de la base reguladora lo que un desempleado cobra a partir del sexto mes, se nos pedirá que acortemos el período de cobro por lo menos 6 meses. La mayoría de los países europeos tienen un seguro de desempleo mucho menor.
2) Reducción y/o pérdida del derecho a percibir la prestación por desempleo por el rechazo de tan sólo una oferta de empleo en firme por parte del desempleado, ya sea de su profesión habitual o de cualquier otra. Se entenderá por rechazo la no presentación a la entrevista correspondiente en el día y hora fijados.
3) Pensiones: Antes que la Seguridad Social se vea obligada a gastar el fondo de reserva (que supone desinvertir en deuda pública), se impondrá el rápido equilibrio de sus cuentas mediante una rebaja de las pensiones contributivas, seguramente rebajando las pensiones máximas e incluso en ellas eliminando una paga extra como se ha hecho con los funcionarios. Aumento del tiempo de cotización de forma casi inmediata para las nuevas pensiones. Revisión de los parámetros para obtención pensiones de invalidez. En suma, dificultar la obtención de pensiones y rebajar el monto de lo reconocido.
4) Endurecimiento de las condiciones para el cobro de las ayudas en el ámbito del empleo rural, establecidas en Extremadura y Andalucía, teniendo que justificar más tiempo de trabajo para poder percibir la ayuda.
En segundo lugar, se exigirá que se reduzcan los gastos de funcionamiento de la Administración y una reorganización de la misma:
1) Despido de empleados públicos (se puede calcular en unos 200.000 la cantidad que se exigirá, de los 850.000 que hay en la actualidad, contando a los casi 150.000 que prestan sus servicios en empresas públicas). Para ello, el Gobierno ha autorizado a realizar despidos colectivos cuando las partidas presupuestarias asignadas a una administración desciendan un 10%. Por tanto, legalmente queda abierta la vía para los despidos, y el rescate exigirá que se lleven a la práctica.
2) Privatización de empresas públicas. Se tendrá que programar la privatización o cierre de todas aquellas empresas cuya actividad no suponga un servicio esencial.
3) Eliminación en Comunidades Autónomas, Ayuntamiento y Diputaciones de las competencias redundantes, asignándolas a una sola administración. Por ejemplo, los servicios de salud o sociales de los ayuntamientos, pasarán a prestarse por las Comunidades Autónomas. Posible desaparición de las mancomunidades de municipios.
4) Refundición de ayuntamientos. Se trata de reducir los 8.000 ayuntamientos que hay en España, obligando a su fusión cuando los núcleos de población estén muy cercanos o la integración del municipio en el más cercano cuando no alcance un número mínimo de habitantes.
5) Eliminación en las Comunidades Autónomas de todos aquellos cargos y unidades administrativas que son prestados por el Estado: por ejemplo los tribunales de cuentas, defensores del pueblo y órganos similares. Esas competencias pasarían a desarrollarse de forma exclusiva por el Estado.
6) Jubilación forzosa de los funcionarios o empleados públicos llegados a los 67 años.
7) Eliminación de la posibilidad de prejubilaciones con cargo a fondos públicos baja ningún supuesto.
En tercer lugar, en cuanto a los principales servicios públicos, y sobre todo en la sanidad y educación:
1) Extensión del copago al uso de los servicios sanitarios por consulta y por pruebas diagnósticas, utilizando la misma clasificación realizada para el copago en los fármacos. Pago en el servicio de urgencias de un mínimo por asistencia que tendrían que pagar todos los pacientes, dispusieran o no de tarjeta sanitaria.
2) Disminución de la cantidad a cargo de la administración en los medicamentos cofinanciados por la sanidad pública, según los tramos puestos en marcha recientemente.
3) Reducción de las subvenciones a la escuela concertada, que quedaría autorizada a cobrar a los alumnos una matrícula anual.
4) Eliminación de las subvenciones a los libros de texto en aquellas comunidades en que se estén llevando a la práctica.
5) Cierre de colegios públicos que no alcancen un número de alumnos determinado e integración de los mismos en otros cercanos.
6) Limitación de las becas al rendimiento académico de los alumnos, elevando los requisitos por encima de los actuales y endureciendo las circunstancias económicas que se prevean para su concesión.
En cuarto lugar, los servicios sociales y cultura serán recortados en los siguientes aspectos:
1) Restricción de las plazas subvencionadas en geriátricos, discapacitados o enfermos mentales, endureciendo los requisitos para su acceso.
2) Modificación de la Ley de Dependencia una vez más para endurecer los requisitos precisos para acceder a cualquiera de las ayudas previstas, limitando aún más la cuantía de las mismas.
3) Eliminación de la práctica totalidad de las subvenciones al teatro, el cine y la música y limitación a un porcentaje sobre los ingresos totales en otras administraciones, como ayuntamientos y comunidades autónomas.
Además, se limitarán aún más las subvenciones de ayuda al desarrollo y, en general, cualquier subvención que no esté relacionada con la creación de empleo en actividades empresariales.
Estas son las principales medidas que se van a poner en práctica para cuadrar las exigencias del segundo rescate de España. Alguna de ellas serán traumáticas aunque otras entran dentro de la racionalidad económica más elemental. En todo caso, el camino andado hasta ahora por el Gobierno es insuficiente frente al desplome de ingresos que se viene produciendo por la crisis. Se trata de un plan de estabilización en toda regla que erosionará aún más la poca popularidad de un Gobierno que está gestionando la crisis de forma muy similar al anterior: medidas a golpe de exigencia y siempre tarde. El otoño será caliente, aunque pillará a los españoles tan hastiados y cansados de la crisis que el pasotismo se impondrá en una población que empieza a resignarse sobre el futuro inmediato que le espera.
FUENTE: No puedes ver los enlaces.
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