Gómez Bermúdez admite la querella de IU sobre los papeles de Bárcenas
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha admitido a trámite la querella presentada por Izquierda Unida (IU) por la supuesta contabilidad B del PP y ha citado a declarar entre el 25 y el 27 de marzo a los 15 "querellados", entre los que se encuntran el extesorero de los conservadores, Luis Bárcenas, exdirigentes de esta formación como Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, y empresarios de la construcción.
En un auto dictado este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acuerda la apertura de una investigación por estos hechos y ordena a los querellados que "en el improrrogable plazo de siete días aporten copia o relación de los ingresos de los que hayan sido beneficiarios entre 2002 y 2009 por administraciones gobernadas por el Partido Popular", informa Europa Press.
La querella, elaborada conjuntamente con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes, se dirige contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y los que fueran responsables de organización, finanzas y asesoría legal del PP y exministros Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por supuestas comisiones irregulares al PP entre los años 2003 y 2008. De los querellados, Bárcenas, Crespo y García Pozuelo están ya imputados en la investigación sobre la trama Gürtel.
Empresarios de la construcción
Además, se dirige contra el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, ex presidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; Luis de Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros; Alfonso García Pozuelo, de construcciones Hispánica, que pagó entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, también donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas, que pagó al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que donó al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros.
A todos ellos los querellantes atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.
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