Economistas de izquierdas presentan una alternativa "a la falacia de los expertos" sobre las pensiones
En 17 puntos desmontan los mitos que el Gobierno ha ido extendiendo para convencer a la población de que el gasto de la Seguridad Social es un despilfarro. La coyuntura económica no puede ser la coartada para esconder las verdaderas carencias del sistema: políticas de empleo, falta de ingresos y un sistema fiscal desigual
¿Es razonable decir que España no podrá soportar un gasto máximo en pensiones equivalente al 14% del PIB en 2050, cuando Francia e Italia invierten hoy más de eso? ¿Pone realmente en peligro la supervivencia del sistema de pensiones la mayor esperanza de vida? ¿Es obligatorio que el sistema de pensiones esté ligado a las cotizaciones a la Seguridad Social?
Estas son algunas de las razones que el Gobierno de Mariano Rajoy ha empleado para justificar la necesidad de aplicar la reforma de las pensiones elaborada por su grupo de expertos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, trata de vender como un éxito el supuesto ahorro de 33.000 millones de euros que supondrá la reforma tan sólo de aquí a 2022. El éxito es de dudosa ética si se tiene en cuenta que esa cifra que ahorra la ministra se consigue no actualizando las pensiones con el IPC y, por tanto, quitándole poder adquisitivo a uno de los sectores más vulnerables de la población.
Un grupo formado por 24 economistas presentó ayer en Madrid un manifiesto en el que desmenuzan una a una lo que consideran "las falacias del grupo de expertos" de Rajoy y que propone un proyecto alternativo que no sólo evitaría ese recorte de 33.000 millones, sino que además garantizaría que el sistema de pensiones siga siendo 100% público. "La argumentación del Gobierno y los expertos es una falacia y una traición contra los intereses de la mayoría", denunció Héctor Illueca desde los despachos de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados tras haber mantenido una reunión con el diputado Alberto Garzón.
Como firmante del documento, Garzón defendió ayer que la reforma "es una barbaridad", "una vergüenza" y "un asalto al botín cuyo único objetivo es el de privatizar el sistema de pensiones". Ese es uno de los puntos que trata de desenmascarar el manifiesto, ya que el proyecto promovido por Báñez favorece o al menos extiende la idea de que si el Estado no puede garantizar las pensiones, entonces lo mejor es optar por los fondos privados. El joven diputado de IU anunció que la federación que dirige Cayo Lara está preparando un calendario de movilizaciones para el otoño que tendrá como uno de los temas principales las pensiones.
Gasto excesivo
La coartada inicial del Gobierno para plantear la reforma es que el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad son dos problemas fundamentales en el esquema español. Es el mismo argumento que desde los años noventa han empleado analistas, bancos y gobernantes de turno para vaticinar el caos. Pero como explica el manifiesto, "el tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya que no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones demográficas y el hecho de considerar solo la población total no pueden constreñir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones".
En el momento actual de crisis es muy sencillo que la gente asuma que el Estado debe apretarse el cinturón. La Unión Europea, gracias a las recomendaciones y a la supervisión que hace de nuestra economía durante el semestre europeo, ha presionado a Rajoy para que ajuste las cuentas. Cualquier cifra, como esa de los 33.000 millones, parece un inmenso despilfarro, pero los economistas rebaten que el Estado gaste demasiado en las pensiones. Desde hace meses, sindicatos y partidos de izquierda vienen insistiendo en un dato claro: seguimos invirtiendo menos que la media europea (el 10% del PIB por el 12% de la media de la UE) y para 2050 el gasto será como el que hoy en día tienen países como Italia y Francia, en torno al 14% del PIB.
Y eso no hará que el sistema de la Seguridad Social quiebre. Según los firmantes, en realidad, las posibilidades de que eso ocurra son mínimas. De hecho, si se llegara a ese punto estaríamos en una situación de suspensión de pagos. Al contrario, remarcan que el Estado siempre estará detrás y que buena parte de la confusión que existe en torno a la sostenibilidad viene de la segregación en las fuentes de financiación que propició el Pacto de Toledo. Con la firma de ese acuerdo se estipuló las pensiones se financiarían a través de las cotizaciones sociales. Y esto, para ellos, es un error. "Lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública [...] En un Estado concebido como social por la Constitución esto es inconcebible [...] Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también las pensiones", sostienen.
Más ingresos
Desde este punto de vista, los trabajadores y los salarios tendrían que ser los únicos que han de mantener las pensiones y para ellos "no hay ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales". Lo afirman además amparándose en el artículo 50 de la Constitución, que sostiene que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". Esto les lleva a concluir que es precisamente el Estado el que debe procurarse de los recursos necesarios para garantizar las compensaciones a los pensionistas y si, como sucede en el contexto económico actual, las cotizaciones sociales no son suficientes, entonces debe buscar fondos alternativos en los Presupuestos Generales del Estado.
Y la manera de conseguirlos sería engordando las arcas del Estado. "El hecho de que los ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos en pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la caída de ingresos debida a la recesión y que, por extensión, lo verdaderamente insostenible es la propia recesión", reza el texto, y es aquí donde entra en juego el paro y el consumo: "Lo que se debería estar haciendo de forma urgente es adoptar las medidas que permitan superar, de una vez por todas, la caída del PIB y del empleo. En ningún caso se puede afirmar que la viabilidad del sistema de pensiones puede estar siendo “seriamente cuestionada” por la severidad de la crisis económica. Lo que está en cuestión es la política económica seguida".
Los firmantes rebaten asimismo que la esperanza de vida, la pirámide de población y la proporción entre activos y pasivos no deben ser las únicas variables que utilice el Gobierno para justificar los recortes y ponen como ejemplo la renta per capita, que "en los últimos treinta años casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los políticos- de realizar una verdadera política redistributiva".
Asimismo, apuntan que si el sistema fiscal fuera más justo, el peligro sería evitable: "El riesgo viene de una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal de España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo".
