Puente de plata para que el juez Carmona no investigue el caso Bárcenas
Han tardado menos de una semana. En mitad del verano, en seis días, sin apenas publicidad, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado al juez Miguel Carmona como uno de los dos candidatos españoles a una plaza en La Haya, en la Sala de Apelación del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia. La noticia ha pasado bastante desapercibida, pero no es un nombramiento más: es parte de una complicada maniobra judicial para garantizar que el caso Bárcenas quede en manos de Pablo Ruz.
Miguel Carmona es el titular del juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, el antiguo juzgado de Garzón. Ganó la plaza hace más de un año, aunque aún no ha pisado ese juzgado. Hasta septiembre, forma parte del CGPJ como vocal. En su ausencia, es Pablo Ruz quien se ocupa del número cinco. Si Carmona se va a La Haya, Ruz se quedará porque la plaza no saldrá nuevamente a concurso para que se decida según escalafón; los puestos internacionales son, por definición, temporales.
Desde el Gobierno, el interés por evitar que Miguel Carmona vaya al juzgado número cinco es manifiesto. En el PP temen que Carmona, fundador de Jueces para la Democracia, les ponga el partido patas arriba si se ocupa de la investigación de la Gürtel y el caso Bárcenas. Para evitarlo, se han movido para consolidar a Ruz en esa investigación –con su irregular nombramiento como juez de apoyo– y también para ofrecer una salida a Carmona: un retiro dorado en La Haya, un oportuno destino que justo acababa de salir a concurso internacional.
La plaza en el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia la convoca la ONU, que informó a los distintos países miembros hace ya casi un mes. El Ministerio de Exteriores español pidió los candidatos para el puesto al Ministerio de Justicia y este, a su vez, le pasó el encargo al Consejo General de Poder Judicial, el CGPJ: el organismo de gobierno de los jueces y que decide los nombramientos.
En el CGPJ saben de la plaza en La Haya desde principios del mes de julio, pero no publicaron la convocatoria en la intranet de los jueces españoles para buscar candidatos hasta unas semanas después: hasta el 23 de julio. Lo hicieron contra su voluntad porque el plan inicial era otro: elegir el candidato a dedo y que fuese Miguel Carmona, vocal del propio consejo. Cambiaron de estrategia por la presión de algunos jueces, que se enteraron de que esa plaza estaba disponibles y criticaron que se cubriese sin concurso.
Una de las vocales del Consejo, Margarita Robles, criticó en un email interno la decisión de no publicitar la plaza y obligó al CGPJ a anunciar la convocatoria en la intranet de los jueces para que pudiesen presentarse los candidatos. Lo hicieron tarde y mal: el 23 de julio, en pleno verano y con poco plazo. El 29 de julio, solo seis días después de anunciarse la convocatoria, la decisión ya estaba resuelta; la justicia no siempre es lenta.
Para Carmona es un destino goloso: mejor pagado que la Audiencia Nacional, con más prestigio y bastante menos problemático. Le faltan apenas dos años para jubilarse y es un buen broche final a su carrera. Además, su hija vive en La Haya, por lo que podrá disfrutar de su familia.
Que Carmona coja el puente de plata que le ofrece el CGPJ, si finalmente consigue la plaza en La Haya, permitirá a Ruz quedarse 'temporalmente' en el número cinco como sustituto. Gracias a esta carambola, al frente del juzgado más delicado de toda la justicia española, en el momento más delicado para la democracia en años, se queda un juez en precario, al que renuevan en el puesto cada seis meses, sin plaza fija en la Audiencia y por tanto dependiente de la voluntad del politizado CGPJ. Un juez respetado y competente, pero sin demasiada experiencia –apenas lleva diez años ejerciendo y nunca antes con asuntos de esta envergadura– y cuya conservadora forma de instrucción consiste en pedir permiso a la Fiscalía antes de cada paso que da. Ruz es una garantía de que los delicados sumarios de la Gürtel y Bárcenas vayan bien (para el PP).
La salida de Miguel Carmona hacia ese tribunal aún no es segura. Como se trata de una plaza internacional, pueden optar a ellas magistrados de otros países y probablemente haya más candidatos. Por España, el CGPJ ha designado a dos de entre los solo tres que optaron (probablemente si la convocatoria no se hubiese anunciado así de mal, habrían sido muchos más los aspirantes al puesto). El segundo candidato español, además de Carmona, es José Ricardo de Prada, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
De Prada tiene bastante más experiencia que Carmona en justicia internacional: ya ha sido juez de la Sala de Crímenes de Guerra de la Corte de Bosnia y forma parte del Mecanismo Residual para los Tribunales de la antigua Yugoslavia y Ruanda, que juzga a criminales de guerra en estos dos genocidios. Ha participado como magistrado en misiones oficiales en Honduras, Costa Rica y Rumanía y es experto de la UE en cooperación internacional. Sin embargo, el CGPJ ha decidido que Miguel Carmona es mejor candidato que De Prada para el puesto en La Haya. Curiosamente, la comisión internacional del Consejo le dio tres votos a Carmona y solo dos a De Prada. Casualmente, el presidente de la comisión internacional del CGPJ es el propio Carmona. Desde el Consejo aseguran que al menos se abstuvo de votar.
La decisión final la tendrá la ONU, pero también dependerá del interés de la diplomacia española. Hay muchas posibilidades de que España consiga la plaza porque en los últimos años se ha convertido en un importante donante de Naciones Unidas y, sin embargo, los españoles apenas tienen presencia en los organismos de la ONU. Hoy no hay ningún juez español en un tribunal internacional, por lo que lo más probable es que Carmona consiga el puesto, a pesar de que De Prada tiene más experiencia, si el Ministerio de Exteriores se esfuerza lo suficiente. Todo apunta a que la diplomacia española se esmerará.
Un refuerzo irregular
La designación exprés de Carmona para el tribunal internacional no es la primera irregularidad en estos días. Se suma al nombramiento a dedo de Pablo Ruz como juez de apoyo para el juzgado número cinco, que se decidió la semana pasada.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 216 bis), antes de pedir un juez de refuerzo hay que intentar otros procedimientos menos extremos para aliviar la carga de trabajo de un juzgado colapsado. Son dos: reforzar con más funcionarios y sacar del reparto de nuevos casos a ese juzgado, para que no se acumulen más. Estos requisitos no se cumplieron. No se reforzó la plantilla del juzgado –no es necesario, el central número cinco tiene medios más que suficientes– y tampoco se le sacó del reparto. Hace unos meses, el juez Pablo Ruz rechazó quedar exento del reparto de nuevos casos; consideró que no le hacía falta. No se entiende entonces por qué Ruz se basta él solo, pero Carmona necesita refuerzo.
La otra irregularidad es que la plaza de juez de refuerzo no se sacó a concurso, como ordena el artículo 216 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se designó a dedo a Ruz porque el CGPJ consideró que era una renovación de la plaza como suplente que ya estaba ejerciendo. Sin embargo, no es lo mismo ser suplente que juez de apoyo y –hasta que llegue Carmona, si es que lo hace– se da la curiosa circunstancia de que el juez Ruz se está reforzando a sí mismo.
Si Carmona finalmente se va a La Haya, habrá que ver lo que sucede con el juez de refuerzo. ¿Seguirá siendo necesario o ya no? Si Ruz es el juez de refuerzo, ¿no habría que sacar a concurso la plaza de juez de reemplazo? ¿O es que pase lo que pase, todo pasa por que la Gürtel y Bárcenas quede en manos del juez Ruz?
