Esta "adalid contra la corrupción", en el brevísimo período de su mandato, ha impedido ya en tres ocasiones, junto a sus corruptos socios de gobierno, que el Parlamento investigue el saqueo de fondos públicos en los conocidos casos Invercaria, Bahía Competitiva, y UGT-Andalucía. No sólo paga los abogados de los procesados en la causa de los Ere, sino que, además, pone a la Junta de Andalucía —siendo acusación particular— a ejercer de abogado defensor de los presuntos corruptos, y a entorpecer procesalmente la investigación; y por si fuera poco, pide que no se hable del asunto porque, dice, no interesa a nadie.