Artículo GENIAL !!!

[marini]

Cuando arrasa la mayoría.

- En apenas dos años el Gobierno ha barrido derechos sociales y, tras afanarse este tiempo en incrementar la represión policial, ahora acomete un recorte directo de libertades fundamentales.


El jueves se aprobó la LOMCE. Sólo votó a favor el PP, evidenciando su soledad en este asunto. La comunidad educativa en su conjunto, de manera inédita, así como una amplia mayoría social, le ha hecho saber al Gobierno que estaba en contra. Pero ha dado igual.
Con su aprobación este viernes por el Consejo de Ministros, el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPC) ya está lanzado. En apenas dos años, el Gobierno ha barrido derechos sociales y, tras afanarse este tiempo en incrementar la represión policial, ahora acomete un recorte directo de libertades fundamentales.
En el pack represivo se pretende, además, introducir una reforma del Código Penal y una ley de huelga que "regule" los servicios mínimos. Para todo ello se escuda en la mayoría parlamentaria que posee.
Frente a todo esto, es preciso recordar que la democracia representativa moderna se concibió, precisamente, para evitar este tipo de actuaciones.
El gran experimento político de la modernidad consistió en apostar por la representación, sí, pero a la vez se trataba de no renunciar del todo a la democracia. La caída del Antiguo Régimen en Francia y la liberación norteamericana del imperialismo británico exigían que no se dejaran de lado dos asuntos fundamentales: la protección de derechos y la inclusión de algún tipo de participación ciudadana, aunque fuera cada cierto tiempo.
En todo ello latía un miedo principal: la formación de una mayoría parlamentaria que pudiera comportarse despóticamente una vez conseguido el poder. Las grandes obras de ingeniería política levantadas entonces trataron de resolver esta cuestión y, con sus aciertos y errores, han influido de forma capital en nuestros regímenes políticos.
Cuando en 1978 nos quisimos dotar de una Constitución, en lugar de apostar por un proceso colectivo que partiera desde abajo nos inclinamos por el Gran Legislador rousseauniano: un sabio –en nuestro caso, siete– que propusiera los términos de una nueva legislación a los miembros de la comunidad política.
El elitismo antidemocrático de esta opción no era nuevo, pero hoy lo estamos pagando. Los sabios reunidos en Filadelfia en 1787, o figuras como el abate Sieyès en el primer Comité constitucional francés, fueron también grandes legisladores, pero al menos lograron aquilatar mejor el edificio político que estaban construyendo.
La Asamblea Nacional francesa despertaría, eso sí, recelos en la nueva nación estadounidense, precisamente por acumular demasiado poder en una sola Cámara. Además traería inestabilidad. Es conocida la insistencia de los autores de El Federalista en los frenos y contrapesos que debieran tener unas instituciones diseñadas para el equilibrio.
Había que dividir el poder, empezando por el propio legislativo, con dos Cámaras –de representantes y Senado– que tuvieran distintas funciones, diferentes modos de elección, así como mecanismos para que una pudiera detener los excesos de la otra.
Al mismo tiempo, había que reforzar al Ejecutivo, introduciendo el veto presidencial, y debía garantizarse por todos los medios la independencia judicial. Clave resultaría el que ningún departamento dependiera de otros para financiarse. A todo ello se sumaría la estructura federal de un país amplio y numeroso, donde los Estados guardarían para sí importantes competencias políticas mientras los grupos de interés serían tantos que resultaría imposible que uno solo se hiciera con la mayoría.
El abate Sieyès, al igual que Madison y Hamilton, echaba pestes de la democracia directa o pura, como la denominaban. Se entiende mejor así que, entre otras cosas, aceptaran diversos grados de exclusión en los sufragios.
La apuesta del francés, sin embargo, era menos elitista que la norteamericana: "Representación sin alienación", la llamó. Incluía controles a los representantes desde asambleas de base con capacidad de revocación y de conformar listas de elegibles. A pesar de ser considerado la gran influencia de la primera Revolución, sus propuestas más sustanciales no se incorporaron a la Constitución de 1791, que, sin embargo, sí incluiría los nuevos derechos y el amplio poder de los representantes nacionales.
Mientras, el gran hito norteamericano tras la ratificación constitucional consistió en dotarse de una Carta de Derechos. Con el empuje político de Madison esto se logró también en el mismo año de 1791, plasmándose en las primeras diez enmiendas a la Constitución.
Todo esto que cuento marcaba la agenda europea y norteamericana hace más de 200 años. Así como la tecnología progresa desde entonces, el gran drama de la política es que los retrocesos son habituales, aquí y allí. Hannah Arendt solía decir durante la guerra del Vietnam que Estados Unidos era capaz de llegar a la luna pero no de salir de un lejano país asiático donde no se les había perdido nada. Esto, frente al optimismo cientificista de las ciencias sociales, resultaba revelador.
El diseño político de la Constitución de 1978 está demostrando ser un desastre. Fijémonos así en esta preocupación clásica por las mayorías. En España, las autonomías han tratado de ayudar a dividir el poder, así como a aproximar el Gobierno a la población, pero la disciplina de partido o las imposiciones han primado sobre su independencia en los asuntos cruciales.
Del resto casi mejor ni hablar: tenemos una sola Cámara Legislativa con poder real, y en ella la mayoría parlamentaria no es más que la correa de transmisión de un Ejecutivo donde manda un presidente que, a la vez, es el jefe de un partido. Es decir, nuestro sistema bascula en torno a decisiones que se toman en oscuros gabinetes de Génova 13, sin luz ni taquígrafos; sin deliberación pública.
La ley en nuestro país –es ya evidente– no tiene como fin la libertad ciudadana, ni es obra de quienes deben obedecerla. Éstas, con razón, eran las grandes preocupaciones de Sieyès. Tampoco el sistema judicial goza de una autonomía capaz de frenar ataques a los derechos recogidos en la Constitución y otras declaraciones internacionales. Como es sabido, los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Consejo General del Poder Judicial dependen de la mayoría parlamentaria-ejecutiva. Si es que hasta el presidente levanta impunemente un teléfono cuando no le gusta un juez.
Es, por tanto, muy fácil que una mayoría parlamentaria arrase con los derechos de todos. Sin división de poderes y sin un control ciudadano más allá de las elecciones, asistimos a lo que más temían los clásicos de la representación: la legitimación paulatina de una nueva tiranía.
Respecto a la LOPC, parece que no había forma más tosca de entrar en el capítulo de libertades. En lugar de encargar de manera elitista su redacción inicial a un “sabio”, la tradición antiilustrada hispánica ya no se molesta siquiera en disimular su barbarie: un mando de los antidisturbios ha estado dirigiendo su redacción.
El plan ha sido claro: retirar del Código Penal diversas infracciones, que al pasar al ámbito administrativo de la LOPC se impondrán sin control judicial previo. A la vez se incrementa su número, y las que quedan en el Código Penal afrontan penas más duras. Las tasas para recurrir, claro, por las nubes.
Tras el correspondiente globo sonda –y a pesar del voluntarismo que, esta vez sí, ha puesto el grueso de la oposición parlamentaria de la mano de la opinión pública–, derechos básicos como los de reunión y manifestación seguirán restringiéndose. Se persigue el disenso político. Se crea un registro de desobedientes. Volvemos a Esquilache con el tema de las capuchas, y se cae en el ridículo con las ofensas a España. Se legisla contra la dignidad de aquellas personas más concienciadas de la sociedad civil, aquellas capaces de oponerse pacíficamente a una ley injusta, como en la paralización de los desahucios. Las multas en estos casos podrían ascender a 30.000 euros.
La desobediencia civil pacífica, puntal de la conquista de derechos desde la segunda mitad del siglo XX, sufre así un duro golpe. Se criminaliza la protesta ecologista con multas de hasta 600.000 euros. El día que en Valencia mandaron a la policía cerrar una televisión pública, se sigue amenazando el uso de imágenes de actuaciones policiales con multas de 1.000 euros.
Diversos colectivos llevan años pidiendo reformas, pero en sentido inverso. La ley orgánica que se ocupa de regular los derechos de reunión y manifestación es de 1983, y su regusto franquista se observa al leer que reuniones de más de 20 personas deben comunicarse a la autoridad. Esto es lo que habría que reformar, y no las garantías que todavía teníamos para que una manifestación pacífica no comunicada se considerase legal. En DEMOCRACIA –sí, en mayúsculas– no se pide permiso para reunirte o protestar.
Por todo ello, este diseño político originado en 1978 no nos sirve. Una mayoría nos está arrasando. De manera arbitraria y despótica, tal y como temieron los burgueses que diseñaron la moderna representación política hace siglos. Lo paradójico de nuestro caso es que esta mayoría parlamentaria la manejan cuatro en un despacho apoyados, según las encuestas, por una minoría social.
Más allá de las formas institucionales, debemos analizar también la cultura política que mueve a los gobernantes. Por no salir de estos dos últimos días, fijémonos en las detenciones que el jueves publicitó la delegada del Gobierno en Madrid: se saltó la presunción de inocencia de 17 jóvenes estudiantes, antifascistas y feministas detenidos de madrugada en sus casas, como hace 40 años, mientras aireaba unos antecedentes “policiales” –no penales– que lo único que indicaban eran identificaciones previas. Y esa noche se cargó contra quienes protestaban pacíficamente contra esto, y fueron detenidas 11 personas más.
Ante la falta de frenos democráticos eficaces en el propio sistema, además de en las urnas, me temo que el asunto principal se decidirá en las calles. Saliendo por miles. Allí empezaremos a recuperar, a crear, las bases para una auténtica democracia política y económica. El primer paso, hoy como ayer, la desobediencia. El 14D tenemos cita en el Congreso.

[marini]

Este es uno de los que más me gusta.

Nacido para sufrir.

Me gusta que me maltraten. Me gusta que me mientan. Me gusta que me estafen. Me gusta que me roben. Me gusta que me traicionen. Me gusta que se rían de mí. Y me gusta que pasen por encima de mí. Yo he nacido para sufrir.

No me importa que me hagan daño así que mucho menos me importa que hagan daño a mis conciudadanos. No me importa que nos entreguen a los bancos como pago del rescate, que nos suban los impuestos, que ahoguen la cultura de este país o que me privaticen los servicios públicos. O me parece bien o me gusta tener un dueño que piense por mí. Así no tengo que pensar en la gente a la que echan de sus casas ni en los parados a los que les han bajado la paga ni en que me han bajado la pensión y la indemnización. Las cosas son así. Yo quiero que las cosas sean así. Y hago todo lo que puedo para que las cosas sigan siendo así.

A mí no me importa que los pensionistas no lleguen a fin de mes, que echen a médicos y profesores, que a los funcionarios les congelen el sueldo ni que haya 6 millones de parados, casi 3 millones de jóvenes desempleados y más de un 20% de pobres por ahí. No sufro cuando veo que la gente busca comida en la basura ni cuando los niños no tienen para comer ni cuando les quitan las ayudas a los discapacitados, les hacen pagar medicamentos a los enfermos o echan a los inmigrantes de la Sanidad. No se puede ayudar a todo el mundo. Yo solo me ayudo a mí mismo y no me va nada mal. Yo solo ayudo a los míos porque espero que los míos me lo recompensarán.

Por eso no me importa que me roben si son los míos los que roban porque quizá algún día me dejarán participar. No me importa que los míos sean corruptos ni que se financien ilegalmente ni que tiren mi dinero ni que se lleven el dinero público ni que se lo den a los bancos que me han hundido ni que destruyan mi región o mi ciudad. No sufro cuando roban el dinero de los parados ni cuando cobran sueldazos y colocan a los suyos de asesores y lacayos porque espero que a mí también me den un pedazo. Soy de los que acalla su conciencia pensando que todos roban. Soy de los que se tranquiliza pensando que los demás roban más. Soy de los que piensa que los míos son mejores o, en todo caso, son los menos malos. Me conviene pensar así. A mí con los míos, me va fenomenal.

Así que les perdono cuando incumplen todas sus promesas o se pasan por el forro su programa electoral porque tampoco quiero que me hagan cumplir a mí como ciudadano ni quiero asumir mi responsabilidad. Es más cómodo votarles hagan lo que hagan, es más cómodo pensar que no puedo hacer nada por evitar sus atropellos, que no soy responsable y que la democracia solo consiste en votar y aguantar. Yo lo aguanto todo. He nacido para aguantar y aguantarme.  Me gusta decir que defiendo valores como la honradez, la honestidad y la sinceridad pero a la hora de la verdad prefiero mirar para otro lado porque no hay ciego más feliz que el que no quiere mirar. Yo he nacido para sufrir pero no para castigarme. Que me castiguen otros pero yo jamás les castigaré. Por mucho mal que nos hagan. Yo he nacido para soportar lo insoportable.

No he nacido para enfrentarme. No he nacido para protestar. No he nacido para defenderme. No he nacido para defender mis derechos y mucho menos para defender a otros cuando se los arrebatan. He nacido para callar y acatar. He nacido para obedecer y claudicar. He nacido para agacharme y meter la cabeza en el hoyo. No quiero ver, no quiero dudar y si me pones en duda, te llamaré demagogo, antisistema o radical. Yo no soy un radical, yo soy parte del sistema, yo hago que el sistema no deje de girar. No me planto. No me enfrento ni a mí mismo, cómo voy a enfrentarme a lo demás. Yo no ofrezco resistencia al abuso ni desafío a la autoridad cuando es autoritaria. Yo no quiero disentir ni discutir. Prefiero consentir y asentir. Prefiero bajar la cabeza para decir que sí, que puedes darme con el látigo.

Yo soy así. Soy masoquista. Soy bipartidista. Soy del 34% que aún dice que va a votar al PP y del 29% que aún quiere votar al PSOE, según una encuesta de El País. Soy el 63% que perdona lo de Bárcenas o lo de los Eres, que no le importa la Gürtel ni el despilfarro, soy de los que prefiere olvidar que Zapatero y Rubalcaba pactaron con el PP para reformar la Constitución a petición de los mercados, de los que acepta que Rajoy nos haya vendido, mentido y apuñalado, de los que perdona que Zapatero y Rajoy nos hayan entregado a los bancos, de los acepta con resignación los recortes en pensiones, educación, sanidad, desempleo de unos y de otros, de los que asumen como una fatalidad las tres décadas de corrupción, privilegios, delitos y engaños de PSOE y PP, de los que seguirán votando a dos partidos que han comerciado con este sistema durante 30 años, lo han arrastrado por el fango y han dejado un cadáver de país y democracia a sus pies.

Pero no me quejaré ni me enfrentaré. Estoy dispuesto a sufrir por ellos porque ellos son los míos. Yo he nacido para servirles. He nacido para sufrir.

Por Javier Gallego. Carne Cruda 2.0 La Ser.

[marini]

Salgan con las manos en alto.

Mucha policía, que decían Eskorbuto y Sabina. Demasiada policía. Policía entrando en la radiotelevisión pública valenciana para impedir el acceso a los trabajadores y cerrar el canal. Inevitable recordar al ejército tomando el canal público en el golpe del 23F. Policía entrando en la universidad para retirar una barricada de estudiantes en la pasada huelga de la enseñanza. Inevitable recordar a los grises entrando en las universidad en los últimos coletazos moribundos del franquismo. Cuando el régimen agoniza, redobla sus fuerzas, como el enfermo que se apaga pero tiene una última recuperación con la que trata de agarrarse a la vida.

El régimen agoniza pero no lo demos por muerto. Al contrario, se revuelve con más furia, con cólera, con crueldad. Hoy se aprueba en Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que le sobra el adjetivo. Es solo una ley de seguridad, una ley para la seguridad de la policía y para la inseguridad del ciudadano. Nos deja indefensos frente a la agresión policial en la calle, no solo nos limita el derecho esencial de expresión y manifestación, más aún, nos deja jurídicamente indefensos. Las tasas judiciales para recurrir pueden ser aún mayores que algunas multas. No somos nosotros los que estamos rodeando al Parlamento, es el gobierno que ha convertido el Congreso en su cortijo, el que nos rodea y nos está haciendo un escrache.

El ministerio del interior ha rebajado las multas presionados por la indignación popular. Retroceden pero siguen golpeando. Cuando se siente ahogado, ahoga más, como el náufrago que se hunde y en su desesperación bracea, da golpes y patadas y arrastra en su hundimiento al que trata de ayudarle. El error es tratar de ayudar a este sistema, como nos dice Carlos Taibo, en su nuevo libro libertario: Repensar la anarquía. El error es querer salvar este sistema, recuperar lo que teníamos porque la nostalgia de tiempos pasados nos hace creer que lo que teníamos era bueno. No lo era, nos trajo hasta aquí no lo olvidemos.

No hay que ayudar a salvar ese sistema, hay que ayudar a ahogarle porque si no nos ahogará él a nosotros. Es lo que está pasando en este momento. Cuando más muerto parece, más peligroso se vuelve, más acorralados nos tiene. Ahora es cuando más rodeados nos tienen. Han puesto una valla de cuchillas en la puerta de nuestras casas y están a punto de gritar como la policía: “Salgan con las manos en alto”.

Pues sí, aunque nos cortemos, aunque nos hagan daño, ahora más que nunca hay que salir, que no nos pase como a los periodistas de Canal 9 que callaron o transigieron demasiado tiempo para terminar desgraciadamente desahuciados. El sábado 14 de diciembre a las 7 de la tarde hay una manifestación convocada para rodear el Congreso. Ahora más que nunca, creo, hay que rodear a los que nos rodean. Hay que salir con las manos en alto. Pero no las levantamos porque nos rindamos. Las levantamos para defendernos y decir simplemente: estas son nuestras armas.

Javier Gallego. Carne Cruda 2.0 La Ser.

[marini]

La violencia institucional del Gobierno del PP

Por Alicia Miyares - Doctora en Filosofía y docente de Secundaria

Solemos atribuir los actos violentos a un Gobierno cuando éstos son teocráticos, totalitarios y dictatoriales y, por el mismo razonamiento, solemos eximir a los Gobiernos democráticos de ejercer violencia institucional. Pero lo cierto es que este axioma político, según se van consolidando las democracias, es cada vez menos pertinente. 

Hoy en día, la medida de una democracia es otra democracia. Un Gobierno democrático se ha de comparar con otro Gobierno democrático por las leyes que elabora, por los derechos que hace suyos, por las actitudes que promueve, por los grupos de interés que favorece, por gobernar, en definitiva, de cara a la ciudadanía o contra ella.

Así, pues, para percibir la violencia ejercida en una democracia, no hay mejor registro que tomar a un grupo, clase social o colectivo sobre el que históricamente se ha ejercido violencia y comprobar cuánta de ella se ha resuelto con la práctica democrática. Las mujeres, desgraciadamente,  pertenecemos a ese grupo social de referencia.

En el fenómeno de la violencia se reconocen tres tipos: violencia estructural, violencia cultural y violencia directa, y esperamos de los Gobiernos democráticos rigor para abordarlas y leyes para combatirlas. A su vez, el grado de erradicación de las manifestaciones violentas nos sirve a todo efecto como indicador de calidad democrática y como medida evaluadora de la acción de un Gobierno. Por ello, si un Gobierno, por dejación u omisión (cuando no, beligerancia), no actúa decididamente en contra de los tres tipos de violencia, se puede afirmar de él que ejerce violencia institucional.

A la luz de estas premisas, repasemos nuestras leyes y la acción del Gobierno del PP.

La violencia estructural se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades como resultado de los procesos de estratificación o jerarquía social, y se concreta, precisamente, en la negación de estas necesidades. De las leyes hoy vigentes, y tomando como referente al grupo de las mujeres, la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y de hombres es la que más fielmente refleja el combate contra la violencia estructural.

En ella se abordan medidas para erradicar la estratificación social y jerárquica de un sexo sobre otro en la interpretación de las normas, en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo, en la política, en la educación, en las empresas, en los medios de comunicación, etc. Determina, además, cuáles han de ser las actuaciones de los poderes públicos para erradicar las desigualdades y satisfacer así las necesidades de las mujeres.

Si inaudito fue que un partido democrático recurriese ante el constitucional la validez de esta norma, más inconcebible es que hoy ese partido en el Gobierno haga dejación expresa de promover actuaciones en el sentido que marca la ley. De su inacción por cumplir y hacer cumplir la Ley de Igualdad, no se sigue solamente inoperancia sino que, al no combatir el modelo de estratificación y jerarquía social entre mujeres y hombres, lo está dando por bueno.

En el análisis de la violencia estructural no hay lugar para el término medio, ni caben actuaciones tímidas ni márgenes de tolerancia. Por ello, se puede concluir que el Gobierno del PP, al no combatir la violencia estructural, la perpetúa.
 
La violencia cultural se basa en un amplísimo entramado de valores asumidos acríticamente, y a través de ellos se logra la aprobación de posturas intransigentes en lo religioso, en lo económico, en las relaciones de género, en la educación, etc. No conozco, así, pues, mayor acto de violencia cultural en una democracia que violentar los derechos adquiridos.

De nuevo me remito a una ley vigente: la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que el Gobierno del PP pretende reformar. Tras la reforma anunciada, se esconde una cesión absoluta a valores y formas de vida de una religiosidad extrema. De llevarse a cabo, el Gobierno estaría ejerciendo violencia cultural sobre todas aquellas personas que no compartimos ese ideal de vida.

Nos estaría obligando a dar por buenas mistificaciones en torno a la concepción y nos limitaría en nuestro derecho a decidir para imponer el “plan de Dios”. La salud de una democracia se mide por su capacidad para deslindar las leyes de la moral religiosa, por salvaguardar el derecho a decidir en materia sexual y reproductiva. Por el contrario, cuando se pretende legislar en consonancia a una creencia religiosa, la ciudadanía no es posible. Y eso en democracia es violencia cultural.

La violencia directa es visible y de carácter físico o verbal, y en España se ha llevado por delante en una década la vida de casi 700 mujeres. Para detener esta violencia genocida, pues se ceba sobre las mujeres, disponemos de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. El ámbito de la ley abarca los aspectos preventivos, educativos, sociales y de atención a las víctimas, y se exige de los poderes públicos no ser ajenos a la violencia de género.

Si tomamos las medidas previstas en la ley y las iniciativas que en esta materia ha impulsado el Gobierno del Partido Popular, el resultado no puede ser más desalentador. No se entiende que se hayan recortado recursos y que no existan campañas de sensibilización. No parece tampoco que cerrar centros y servicios sea el modo más eficaz de luchar contra la violencia de género.

Produce perplejidad que este Gobierno declare de utilidad pública (lo que conlleva beneficios económicos y exenciones fiscales) a una asociación ultraconservadora –que defiende unas relaciones entre los sexos absolutamente estereotipadas– y que a la vez recorte subvenciones a las asociaciones de mujeres que luchan contra la violencia de género. En la nueva ley educativa me deja sin aliento la pobre consideración que se otorga a los valores cívicos, equiparándolos a la enseñanza doctrinal de la ideología sexual presente en la religión.

Podría seguir enumerando más actuaciones del Gobierno, pero creo que las expuestas son lo suficientemente representativas para afirmar que no se están tomando las medidas adecuadas para eliminar de raíz la violencia directa sobre las mujeres.

Derechos y creencias no son lo mismo y si un Gobierno, intencionadamente, promueve esta confusión, mantiene viva la violencia, ejerce violencia institucional.


Alicia Miyares es doctora en Filosofía y docente de Secundaria. Fue consejera técnica de la Unidad de Igualdad "Mujer y Ciencia" del Ministerio de Educación y Ciencia, y asesora del gabinete de la vicepresidencia primera en el Gobierno de Zapatero.

[El Macias]

          ¿ De quién será la primera de las genialidades ? .
           La segunda y la tercera están " alentadas " por la Ser . Y la cuarta por una de las asesoras del Gobierno del presidente que ha hecho más daño ( al País ) en menor tiempo .
          Y mari - Ni quiere darse cuenta de que vivimos en democracia , Ni quiere que " las cosas " vayan por cauces verdaderamente lógicos , sensatos y ( como hasta ahora , conveniente y aparentemente ) democráticos .
          mari - Si quieres tanta guerra , lucha y enfrentamiento vete a sitios donde verdaderamente sea menester . Aquí mas que guerra y fomento de revueltas se necesita JUSTICIA ( Tú , los que están , los que han estado y los que estarán ) debiéramos no solo saberlo ; sino terminar de emplearlo .
         " Si preguntas a muchos de los mayores que decían ser de izquierdas , te sorprendería de escuchar que no les molestaría... " . No se trata de hacer lo que se quiera , sino lo que se deba y se pueda . Y hoy se podrá esto y quizás mañana no .

[marini]

Habla para situarse contra la lucha y el enfrentamiento y en un post donde aún no he usado mi propia palabra lo primero que hace es cargar contra mí.

El mundo del revés, en fin...

Pero lo mejor de todo es la opinión a la hora de valorar los comentarios que he expuesto, lo primero es fijarse en el medio que lo publica o quien lo firma, de ahí ya extrae todas las conclusiones. Para cagarse...
Vamos que La Razón o Publico mañana publican El Quijote y este pasa directamente a ser basura.

[El Macias]

      Sigo si saber de quién era la primera de las genialidades . ¡ No sería de Sobes !... Tal vez de Zapatero...

[marini]

      Sigo si saber de quién era la primera de las genialidades . ¡ No sería de Sobes !... Tal vez de Zapatero...

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Nos puedes decir qué partes de ese artículo te hacen dudar o situarte en contra?

[fcalero15]

y no pueden ser geniales y cortitos? De extensión, no de profundidad intelectual...

[marini]

El siguiente artículo muestra como Argentina consigue dejar una dura crisis rompiendo con el FMI y devaluando su moneda.

¿Salirse del euro?

La aplicación de las políticas neoliberales promovidas por la Troika (el Fondo Monetario Internacional, FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, BCE) e impuestas por la mayoría de gobiernos en la Eurozona han empeorado sustancialmente las economías de estos países. Sus políticas de austeridad de gasto público (forzándoles a reducir el déficit y deuda públicos, a fin de dar confianza a los mercados financieros) y su énfasis en la devaluación doméstica vía reducción de los salarios (en teoría para hacer la economía más competitiva, facilitando así el crecimiento de las exportaciones,  crecimiento que se considera como el punto fuerte para salir de la crisis económica) han demostrado ser un fracaso. La Eurozona está ya desde 2007, más de cinco años, en la mayor recesión conocida en tales países, con el mayor desempleo conocido en esta zona monetaria, que alcanza niveles sin precedentes en los países de su periferia.

Es importante aclarar que ello era predecible. Tales políticas, promovidas por el FMI durante muchos años, han creado los mismos resultados negativos en cualquier lugar en el que se hayan aplicado. No es la primera vez que se aplican, y siempre (repito, siempre) han llevado a los mismos resultados negativos en los países a los que se impusieron dichas medidas. Uno de los casos más recientes fue el caso de América Latina, gobernada en la década de los años noventa por gobiernos conservadores y liberales que siguieron a pies juntillas las recetas del FMI. El coste social y humano fue enorme creando, como respuesta, una rebelión generalizada en contra de tales políticas, con elección en gran número de países comprometidos en interrumpir tales políticas.

El caso argentino

Uno de los primeros países en romper con este neoliberalismo fue Argentina, país que había sido hasta el 2001 el alumno ejemplar del FMI. Este país había ido acumulando deuda desde 1976, cuando se estableció un régimen militar que hizo lo que los gobiernos militares suelen hacer: aumentar enormemente el gasto militar pagándolo con deuda pública. Esta subió de 8.000 millones de dólares en 1976 a 45.000 millones siete años más tarde, cuando la dictadura terminó. Para reducir esa deuda, el gobierno de Carlos Menem siguió la receta del FMI y de Washington, aplicando medidas de claro corte neoliberal (como siempre ocurre cuando se considera que el mayor problema de un país es su llamada indisciplina fiscal, es decir, elevado déficit y gran deuda pública). Y uno de ellas era fijar el valor del peso argentino al del dólar estadounidense. El peso no podía devaluarse. Tenía que fijar su valor al del dólar.

Como ocurre en la Eurozona, dichas políticas redujeron la inflación, que es lo que la banca –cuyo mayor enemigo es la inflación- deseaba. Pero ello se consiguió a costa de unos problemas enormes, como ocurre en la Eurozona, con un gran crecimiento del desempleo, de la pobreza y de las desigualdades. La enorme reducción de la demanda creó una parálisis económica que empeoró todavía más el déficit y la deuda pública. Repito que esto que está pasando en la Eurozona estuvo pasando en América Latina. Era, pues, extraordinariamente predecible.

De ahí que el gobierno argentino decidiera romper con el FMI, con sus recomendaciones, y variara casi 180º las políticas que había estado imponiendo a la población. Rompió la paridad del peso con el dólar, permitiéndole así devaluar el peso argentino, haciendo los productos más baratos y más competitivos. En lugar de devaluar los salarios, devaluó la moneda. Otra medida que el gobierno argentino adoptó fue un aumento del gasto público financiado a través de políticas fiscales progresivas que tuvieron un impacto redistributivo muy acentuado, permitiendo una reavivación de la demanda doméstica, que fue el motor del estímulo económico. Todos los datos muestran que fue este aumento de la demanda doméstica lo que fue responsable del enorme crecimiento económico que se inició a pocos meses (sí, a pocos  meses) de que se tomaran tales medidas en 2001-2002.

El PIB aumentó un 90% en diez años, siendo uno de los países que ha crecido más en América Latina (con un crecimiento anual del 8% y 9% hasta 2009), alcanzando el PIB que había tenido antes de iniciarse la crisis en tres años después de iniciarse tales políticas. Como resultado de ello, la pobreza pasó de afectar a alrededor del 50% de la población en 2002 a alrededor del 20% en 2010, y las desigualdades de renta (que en 2001 eran 32 veces mayores entre el 5% superior de la población con mayor renta y el 5% inferior) bajaron a 17 veces, y el desempleo bajó, reduciéndose a más de la mitad (bajando al 8% en 2010).

Un factor que contribuyó a estos desarrollos positivos fue el renegociar la deuda externa, de manera que dicha deuda se devaluó, pasando a valorarse de 62.500 millones de dólares a 35.300 (una reducción del 42% que tuvieron que absorber los acreedores). Ello permitió reducir considerablemente el pago público por los intereses de la deuda, lo cual permitió que el déficit público se eliminara, pasando de un déficit del 5,6% del PIB en 2001 a un superávit del 1,9% en 2005. (Y la deuda pública pasó del 113% del PIB en diciembre de 2001 a un 72% en el mismo periodo). Se mire como se mire, el cambio de rumbo fue positivo para el país.

La respuesta de los medios europeos de información a esta realidad: su sesgo neoliberal.

La cobertura por la mayoría de los medios de información de la realidad de América Latina, incluyendo la existente en Argentina, ha sido extraordinariamente sesgada, dando una visión muy negativa de lo acaecido en aquel continente y en aquel país. Los mismos medios que han estado promoviendo las medidas neoliberales que la Troika  está promoviendo en la Eurozona, han presentado el caso de Argentina (y el de otros países que han roto con el neoliberalismo) como un desastre. En un excelente artículo de Julien Mercille “European Media Distort The Lessons of Argentina’s Crisis and Recovery” (del cual he extraído la mayoría de datos de este artículo), el autor muestra en detalle el enorme sesgo de la prensa de mayor difusión en su intento de desacreditar la experiencia de Argentina y otros países que han roto con los preceptos de la Troika, intentando por todos los medios (con todo tipo de falsedades y manipulaciones) evitar que aquella experiencia se contagie a la Eurozona.

Es interesante notar que, últimamente, una vez mostrado que el desastre anunciado para Argentina por parte de estos medios no ha ocurrido, y que, antes al contrario, Argentina ha recuperado su crecimiento y reducido su pobreza, su desempleo y sus desigualdades, estos mismos medios intentan ahora atribuir dicho éxito a causas ajenas a las políticas llevadas a cabo por el gobierno argentino, tales como associar el crecimiento tan notable de la economía argentina al crecimiento del comercio internacional, que ha incrementado la demanda de los productos argentinos resultado del boom económico internacional. Este argumento ignora que el crecimiento económico argentino, sin embargo, estuvo motivado por la demanda doméstica, no por el incremento de las exportaciones que, en realidad, disminuyeron. Las exportaciones bajaron de un 25% del PIB en 2002 a un 18% en 2010.

Otro argumento utilizado para desmerecer el caso de Argentina es el que asume que la renegociación de la deuda argentina a costa de los acreedores ha creado una supuesta dificultad en conseguir crédito internacional, una amenaza constante que se considera como insalvable. Pero este argumento ignora que el capital invertido en Argentina procedía, en gran parte, del propio país, siendo el sector público el que impulsó tal inversión masiva, financiada con un aumento de los ingresos al Estado (consecuencia de su reforma fiscal) en lugar de con crédito internacional, realidad igualmente aplicable a España, donde el Estado podría ingresar algo más de 72.000 millones de euros corrigiendo el fraude fiscal (extendido, en particular, entre las grandes fortunas, las grandes empresas y la banca).

Una crítica más acertada y válida del caso de Argentina es que la inflación (un 31% en el periodo 2007-2008) es muy elevada, incluso para los niveles latinoamericanos. Ahora bien, tal y como señala Mark Weisbrot, esta elevada inflación no es rara en momentos de transición de un nivel de desarrollo bajo a otro más elevado, como también ocurrió en Corea del Sur. Aún así, este factor negativo no puede negar los otros positivos.

Dos últimas observaciones. Una es que es urgente que se abra un debate en España sobre el mérito o demérito de salirse del euro. En este aspecto, es criticable que apenas exista debate sobre este tema. Incluso en amplios sectores de izquierda apenas aparecen artículos que cuestionen la permanencia de España en el euro. De ahí que tal debate debería darse con especial énfasis entre las izquierdas, sin insultos, sarcasmos o sectarismos.

La otra observación es que aquellos desde la izquierda que se oponen a salirse del euro, no están indicando cómo el mayor problema económico (además de social) que España tiene, es decir, el desempleo, podrá resolverse en este país. Las propuestas más avanzadas en este sentido son las propuestas de la Confederación Europea de Sindicatos, que avanzan políticas públicas de clara orientación expansiva, con las cuales estoy totalmente de acuerdo. Pero para realizarlas y llevarlas a cabo, se requieren cambios sustanciales en el contexto político del establishment que gobierna tanto la Eurozona como el euro. La arquitectura institucional de la Eurozona es, por diseño, liberal, y es dificilísimo que ello cambie, condenando a España a un desempleo y precariedad por muchísimos años. Si se oponen a salir del euro, deberían explicar cómo piensan resolver el enorme desempleo y el gran descenso de los salarios en España.

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[marini]

Mas de 30 economistas de reconocido prestigio firman el manifiesto Salir de Euro.

A continuación os pego ese manifiesto en formato PDF, tiene 6 páginas y mejor que lo abra quien pretenda leerlo. Solo refleja la pura realidad y gran coherencia.

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Aquí lo explica en vídeo el economista Pedro Montes.
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