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Autor Tema: Anteproyecto Ley Seg. Ciudadana  (Leído 2952 veces)

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Desconectado marini

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Re:Anteproyecto Ley Seg. Ciudadana
« Respuesta #40 en: 06 de Diciembre de 2013, 03:59:41 am »
El Consejo de Europa critica la 'ley Fernández'

- El comisario de Derechos Humanos considera el texto «muy problemático


El anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que está preparando el Gobierno de Mariano Rajoy es «muy problemático»  y «desproporcionado», porque puede «conducir a restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica», según advirtió ayer en Bruselas el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks.

La norma diseñada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, establece cuantiosas sanciones económicas de hasta 30.000 euros por «ofender» a España, las comunidades autónomas, las autoridades locales, las instituciones y los símbolos y por otras actividades no tipificadas como delito como las manifestaciones espontáneas, los actos de protesta para impedir un desahucio e incluso las pitadas al himno nacional en los partidos de fútbol.

El responsable de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la organización que agrupa a los estados democráticos europeos, subrayó que «es esencial» que el Gobierno del PP se esfuerce para que la ley que sea definitivamente aprobada por el Parlamento español «cumpla totalmente» los criterios internacionales de respeto de la libertad de expresión, manifestación y reunión.

Muiznieks cuestionó la claridad jurídica de los términos legales del anteproyecto de ley y se preguntó «si son necesarias estas restricciones en una sociedad democrática» para respetar el orden público.

El comisario europeo expresó su esperanza en que el ministro del Interior «deje de culpar» a la población de los problemas sociales que son consecuencia de la crisis económica y de las duras medidas de ajuste aplicadas por el Gobierno. Muiznieks

anunció que seguirá «muy de cerca» el trámite parlamentario de la ley de seguridad ciudadana, porque la libertad de expresar «el desacuerdo con las medidas de un Gobierno» debe ser respetada y protegida.

RESPUESTA DEL MINISTRO / Fernández salió ayer al paso de las críticas y señaló que quienes tengan dudas sobre la «juricidad» del anteproyecto de ley deben saber que la norma «no puede pasar por más filtros de órganos institucionales de los que va a pasar». Y rechazó que la ley vaya a menoscabar «libertad y derechos».

El informe sobre España presentado por Muiznieks, que ya adelantó EL PERIÓDICO el 10 de octubre, critica también «la reducción del presupuesto para protección social, salud y educación» que ha realizado el Gobierno y «que ha conducido a un desarrollo inquietante de la pobreza de las familias en España», con un aumento de la malnutrición y de la desigualdad social que tendrá «consecuencias devastadoras a largo plazo».

El documento del Consejo de Europa censura a los gobiernos catalán y español por la brutalidad de la policía contra los manifestantes que protestaban por los recortes, por la «impunidad» y los indultos a los policías que maltratan a los ciudadanos y por el uso de pelotas de goma. El comisario criticó en especial el uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones de Barcelona y Madrid, el desalojo brutal de los acampados del 15-M, y la represión de protestas frente a los parlamentos catalán y español. «Estas prácticas son contrarias a la obligación que incumbe a España de respetar la libertad de expresión y de reunión», incluso «en las manifestaciones espontáneas» y en los escraches, señala el informe de Muiznieks.

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Desconectado marini

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Re:Anteproyecto Ley Seg. Ciudadana
« Respuesta #41 en: 06 de Diciembre de 2013, 12:16:24 pm »
La prensa europea se hace eco del “autoritarismo” de la ley de Seguridad Ciudadana.


“Problemática”, “autoritaria”, “camino a una dictadura”, “amenaza a la democracia”. Estos son algunos de los términos que han aparecido en la prensa europea en relación al anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes. Una nueva normativa que ha despertado el recelo de columnistas del diario británico The Guardian o del alemán Die Tageszeitung (TAZ), y de cuya polémica generada se han hecho eco varios rotativos europeos.

En el Reino Unido, The Guardian abría la semana pasada con el titular “De Québec a España, las leyes contra la protesta amenazan verdadera democracia” una información firmada por Richard Seymour en la que aseguraba que “el choque entre la austeridad neoliberal y la democracia popular” ha producido una crisis de “ingobernabilidad” en las autoridades. “La reorganización de los estados en una dirección autoritaria es parte de un proyecto a largo plazo para detener la democracia manteniendo un mínimo de legitimidad democrática, de eso es lo que van las leyes antiprotesta”, mantenía el rotativo británico, que calificaba la reforma legal en España como “un ataque a la democracia”.

“No se trata sólo de un elemento más de disuasión de las protestas, sino que tiene un efecto de domesticación a largo plazo para este tipo de manifestaciones”, señalaba el artículo. The Guardian repasaba las modificaciones legales en varios países y extraía una tajante conclusión: en aquellos donde ha habido recortes y retrocesos en derechos y libertades, los gobiernos han endurecido las leyes para evitar que los ciudadanos protesten.

El columnista señalaba, además, la diferencia del trato policial entre las protestas convocadas por organismos “oficiales”, como podrían ser los sindicatos, y las manifestaciones protagonizadas por ciudadanos que no están bajo ningún ente de este tipo. “Al tratar con las protestas más grandes en representación de entes ‘oficiales’, la policía tiende a preferir enfoques consensuados y negociados, y tienden a tener una mayor distancia física sobre las personas”, indicaba el artículo. “Por el contrario, los pequeños grupos de manifestantes que representan coaliciones sociales independientes son más propensos a ser considerados extremistas , terroristas o incluso -suspiro teatral- anarquistas, y por lo tanto sujetos a la policía militarizada, la vigilancia directa y la coerción física, con la invocación de la ley ‘anti- terrorista’ u otras leyes represivas”.

“Te deja sin palabras”

En un sentido similar, el diario cooperativo alemán Die Tageszeitung publicaba un artículo fechado en el 21 de noviembre con el titular “Camino a la dictadura”. En su columna, el corresponsal del TAZ en España, Reiner Wandler, criticaba las limitaciones legales de la protesta afirmando que el hecho de que a las “víctimas de la política de estabilidad europea y los que protestan” se las amenace con multas “deja sin palabras”.

“En Madrid no sólo se debe prevenir la protesta social, sino también erradicar la pobreza mediante multas. Quien duerme en la calle puede esperar multas de hasta 750 euros. Y si se queja, puede conllevar 30.000 euros adicionales por insultar o amenazar a la policía”, denunciaba el artículo, publicado antes de que el Ejecutivo español rebajara algunas de las sanciones que preveía inicialmente el borrador.

“En España, claro, no se ha llevado a cabo un golpe de Estado, y el Parlamento todavía está allí, pero ya no defiende más los derechos civiles”, concluía.

“Una ley contra los indignados”

También el semanario alemán Der Spiegel se hacía eco de la reforma legal y recogía las declaraciones de la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, quien denunciaba el “autoritarismo máximo” que supone la norma. También las del director de Greenpeace en España, Mario Rodríguez: “Esta es la nueva arma del Gobierno para intimidar a los desobedientes, a los ‘niños malos’”. “La ley se dirige contra el movimiento de los indignados”, aseguraba Der Spiegel, a la vez que destacaba que “sólo las dictaduras negarían a sus ciudadanos el derecho a manifestarse”.

En Italia, Il Giornale informaba de que “indignarse en España saldrá caro”, y destacaba como “muy discutible” la confección de un “registro de infractores” que prevé la reforma legal, “con nombres y apellidos de los autores, y la fecha y el lugar del evento”. En una información firmada por Giuliana De Vivo el pasado domingo, se hacía eco de la “polémica” suscitada por el anteproyecto de ley y constataba que, “si estuviera en vigor en Italia, aligeraría gran parte de la cuenta bancaria de algunos de los participantes en manifestaciones”.

En este sentido recordaba el “provocador beso” de una manifestante a un policía antidisturbios durante una protesta contra la construcción de una línea de tren de alta velocidad en la ciudad de Susa: “Según lo declarado por la protagonista, ‘no era un mensaje por la paz, sino que quería ridiculizar a la policía’”. Así que, insinuaba el artículo, con la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana en vigor, en España este acto podría llegar a sancionarse con hasta 1.000 euros por “vejar o injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad”, una sanción que inicialmente se preveía como grave, con multas de hasta 30.000 euros.

Europa considera la reforma “altamente problemática”

El Consejo de Europa también ha manifestado sus reparos a la reforma legal del Gobierno. El comisario europeo de derechos humanos, Nils Muiznieks, afirmó este lunes en Bruselas que el borrador presentado por el Ministerio del Interior es “altamente problemático”, y planteó sus dudas acerca de la necesidad de mantener estas “restricciones en una sociedad democrática, sin interferir demasiado en la libertad de reunión“.

Muiznieks , que se mostró “seriamente preocupado” por el impacto que pueda tener la ley sobre los derechos fundamentales y declaró que espera que el Ejecutivo “no vaya más allá” en la limitación de la protesta porque la ciudadanía tiene derecho a expresar “el desacuerdo con las medidas de un Gobierno”.

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Re:Anteproyecto Ley Seg. Ciudadana
« Respuesta #42 en: 11 de Diciembre de 2013, 09:24:56 am »
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Te voy a citar un precepto legal, art. 514 C.P.

1. Los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación comprendida en el número 1.º del artículo anterior y los que, en relación con el número 2.º del mismo, no hayan tratado de impedir por todos los medios a su alcance las circunstancias en ellos mencionadas, incurrirán en las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses. A estos efectos, se reputarán directores o promotores de la reunión o manifestación los que las convoquen o presidan.

Como ves ya se traslada esa responsabilidad a quienes promueven, dirigen o convocan una reunión o manifestación, en este artículo se hace referencia a las reuniones o manifestaciones ilícitas según desde el punto de vista penal, cuando esas conductas no revistan tal carácter por faltar algún elemento de la tipicidad o bien ser de menor entidad se persiguen ahora también en vía administrativa. Si en la mayor no se está limitando el ejercicio de un derecho creo que tampoco se hace en la menor.

Es que en el caso que me planteas no estás ejerciendo estrictamente el derecho de reunión en lugar de tránsito público, sino quizá el de circulación. Para entender una concentración humana como reunión a los efectos de la Ley 9/1983 han de ser más de veinte personas convocadas a un fin concreto, por eso los botellones no son manifestaciones y no necesitan de la necesaria comunicación a la autoridad.  Aquí como ves no se está limitando el derecho fundamental del art. 21 CE.
Tú mismo lo has escrito, artículo del Código Penal, con las garantías que ello conlleva, el problema es que ahora se traslada al ámbito administrativo con las "garantías" que ello conlleva, valga la redundancia.
En cuanto al segundo párrafo no me estoy refiriendo a los botellones en concreto.
Para mi esta ley no va dirigida a los sindicatos, que a estos ya los tienen controlados, sino a los movimientos sociales que están surgiendo sobre los que no tienen ningún tipo de control y eso es muy peligroso para sus intereses.