Las togas, también para los ciegos. El Consejo del Poder Judicial vota hoy un informe a favor de que los invidentes accedan a la judicatura.En la sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías un juez no necesita consultar tomos del BOE para ejercer su trabajo. La técnica está de su parte, y previsiblemente en pocos años habrá un juez ciego en España si hoy el Consejo General del Poder Judicial vota a favor del informe favorable de uno de sus cinco vocales, Juan Manuel Fernández. El magistrado ciego que apruebe la oposición no hará historia fuera de España. Bélgica y Perú cuentan con invidentes en su cuerpo judicial desde 2009 y Brasil desde 2010. Austria busca la fórmula.
Gabriel Pérez Castellanos, un invidente de 23 años, presentó ante el Consejo una instancia con su caso hace 10 meses. Ante la falta de respuesta el pasado otoño comenzó a estudiar un máster en Asesoría Fiscal y Laboral. En julio se emitió un informe desfavorable que no llegó a votarse y, con los nuevos miembros del órgano de los jueces, arrancó el proceso otra vez. En marzo, el Consejo encargó a Fernández, a su vez presidente del Foro Justicia y Discapacidad, el informe que hoy se vota. Su derecho a ejercer está contemplado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de 2006, ratificada por España.
En su documento, Fernández recuerda que el artículo 49 de la Constitución dice que la ley velará por la “previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” y les “amparará especialmente para el disfrute de los derechos”. Y, por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial, que da acceso a la carrera de magistrado, expone en su artículo 301 que –como en el resto de opciones públicas— se reservará al menos un cupo de un 5% de las vacantes a personas con un 33% de discapacidad o superior, siempre que superen las pruebas selectivas. Pero también la norma dice en su artículo 303 que estarán incapacitados para el acceso en el cuerpo “los impedidos física o psíquicamente para la función judicial”. La palabra impedido ya ni siquiera se admite en el lenguaje oficial.
Como la ley no especifica quién se considera discapacitado, el vocal Fernández ha estudiado el Principio de Inmediación, que exige que el juez participe en la práctica de la prueba y esté presente en las vistas y audiencias previas al momento de dictar sentencia. Y ha concluido que hoy, con las nuevas tecnologías, hay pocas ocasiones en las que hay impedimentos para un invidente, y que la vista no es un sentido imprescindible en la toma de declaraciones. Cree que es más importante el oído para apreciar evasivas, titubeos o vacilaciones. Según la leyenda, hacia 1750, en Reino Unido, sir John Fielding, conocido como Blind Beak (el magistrado ciego), era capaz de reconocer a cientos de ladrones por su voz.
Entre las escasas situaciones en las que se necesita ver están, por ejemplo, algunos conflictos de propiedad intelectual que exigen observar el original y la copia o en un caso de lindes de tierras. Y eso se solventa eligiendo para el invidente un destino adecuado, como audiencias provinciales, tribunales superiores de Justicia —en los que participan al menos tres jueces en la sentencia— o juzgados de lo social, que son unipersonales. Tradicionalmente, los debutantes trabajan en juzgados mixtos con casos civiles, penales y laborales.
Gabriel Pérez, titulado en Derecho y ciego desde los tres años, recurrió al CGPJ a petición de los jueces de la Audiencia Provincial de Valladolid, dispuestos a prepararle las oposiciones —unos cinco años— si les garantizaban que luego podría ejercer. Y, a falta de contestación, lanzó una campaña de reivindicación en change.org que han apoyado 114.000 personas.
A José González, también invidente y opositor a magistrado, nadie le recomendó que se asegurase de poder ejercer, pero está seguro de que, de aprobar, no hubiese tenido problemas. “La sociedad está cambiando mucho, es más sensible a la discapacidad, y no creo que a última hora pusiese trabas. Es una cuestión de voluntad y, de no querer que entrásemos, nos pararían desde el principio”, argumenta este licenciado de 38 años en conversación telefónica desde Santa Marina del Rey (León), donde estudia 10 horas diarias de lunes a sábado. Cuenta que “hace 25 años un invidente aprobó el escrito, pero cuando le dijeron que consultara el BOE suspendió la prueba médica”. Se llamaba Mariano Ruiz y actualmente trabaja como técnico superior de la ONCE. Las cinco medallas de oro en atletismo cosechadas en varias ediciones de los Juegos Paralímpicos le ayudaron a superar el sinsabor del rechazo en las oposiciones.
A José le quedan restos de vista en un ojo y con ayuda de lupas sale adelante con programas informáticos de zoom. Perdió la vista en un accidente de tráfico a los 22 y su vida dio un vuelco. Hasta la fecha era un albañil con apenas la EGB. Obstinado, aprendió braille y se preparó la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. “Mi ilusión como albañil era estudiar Arquitectura, pero no iba a poder aprobar nunca dibujo técnico y me decanté por Derecho”, cuenta el leonés que se ha presentado tres veces al examen, la última hace solo un mes. Una de las veces aprobó la prueba, pero los nervios le castigaron, como a tantos, en el oral
El pasado agosto el Ministerio de Sanidad modificó la ley para que una persona con discapacidad que es valorada como no apta en el examen físico del MIR pueda solicitar el cambio de especialidad en un plazo máximo de seis meses. Se accedió a este cambio tras no pasar el examen un médico con problemas motores.
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