PP y PSOE rechazan someter a referéndum el tratado de libre comercio EEUU/UE

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Este fue el tratado que prometio 6 millones de puestos de trabajo EEUU/Mexico. Al final 11 millones de puestos de trabajo destruidos en EEUU y empleos muy muy precarios en Mexico, condiciones laborales de exclavitud.

A esto no llevan PP y PSOE.

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Más poder para las multinacionales americanas, menos soberanía para España.

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Consejo científico  ATTAC ESPAÑA.

El Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio: El ascenso al poder ilimitado de las multinacionales

Resumen introductorio
El TTIP ha sido vendido a los ciudadanos europeos y norteamericanos como un vehículo poderoso para mejorar el crecimiento económico, prediciendo un aumento de hasta el 1% del PIB, así como la creación de cientos de miles de puestos de trabajo. Sin embargo, parece que la fe en la liberalización comercial es tan exagerada como los beneficios que pudiera reportar. Lo que emerge de todo esto, es que el TTIP es un proyecto político transatlántico promovido por las élites políticas y corporativas sobre la promesa infundada de aumentar el comercio y el número de empleos, la misma que retrotraerá las protecciones regulatorias sociales y medioambientales, reducirá los derechos de los ciudadanos frente a las corporaciones y consolidará el liderazgo de EEUU y la UE en el mundo.
Se exageran los beneficios y se ignoran los riesgos
La Comisión Europea llevó a cabo su propio estudio sobre el impacto del TTIP y concluyó que el crecimiento esperado en la región sería del 0.1%, y el ritmo del crecimiento en un periodo de 10 años, del 0.01% del PIB, lo que es absolutamente trivial si lo comparamos con los riesgos socio-económicos y medioambientales que puede traer como resultado.
El incremento de la competencia entre EEUU y la UE por la liberalización comercial podría desatar un proceso de reestructuración productiva que llevaría a la pérdida de puestos de trabajo (capítulo 1). Esta competición añadida incrementaría el desequilibrio ya existente entre la Europa del centro y la Europa periférica.
Por otro lado, la armonización de las regulaciones y normas a ambos lados del Atlántico sólo puede llevar a una mayor liberalización si se hace por el mínimo común denominador, es decir, implicaría una rebaja de los estándares europeos y americanos, ya que difieren prácticamente en todo, y la única forma de profundizar en el libre comercio es debilitando las regulaciones.
Por ejemplo, la protección del consumidor en Europa quedaría muy debilitada, en áreas como los alimentos modificados genéticamente, la carne tratada con hormonas y el pollo desinfectado con cloro (capítulo 3). Como resultado, las políticas europeas de agricultura sostenible podrían desaparecer totalmente, ya que la UE abriría su mercado a los productos americanos, los cuales no están sujetos a normas estrictas sobre el bienestar de los animales, o el uso de pesticidas agrícolas dañinos, a las cuales si están sujetos los productores europeos.
Otras políticas medioambientales europeas, y de regulación financiera en EEUU, podrían verse también afectadas. El TTIP podría amenazar la moratoria europea sobre la extracción de gas de pizarra (gas de esquito) (capítulo 2), y podría debilitar también la regulación europea llamada REACH, soslayando, de esta manera, los requisitos de pruebas para miles de químicos tóxicos (capítulo 5).
Así mismo, la regulación financiera estadounidense podría estar en peligro, puesto que en la actualidad es más estricta y ejerce más control que la europea, justo en un momento en el que hasta el FMI y el BM han empezado a reconocer que el control del capital puede ayudar a prevenir y prevenir la fuga especulativa y desestabilizadora de capitales. Mientras tanto, el TTIP aboga por la liberalización de todos los servicios, incluyendo los financieros, lo que podría reforzar y promover, más que prevenir, otra crisis financiera internacional (Capítulo 6).
Al TTIP también se le conoce como TAFTA, y se propuso en Febrero de 2013, cuando Obama y los líderes de la UE se comprometieron a lanzar las negociaciones sobre el TTIP. La primera ronda fue en Julio de 2013 y se tiene la intención de acabar con estas negociaciones a finales de 2014.
Este acuerdo va más allá de simplemente eliminar los aranceles y abrir los mercados a los inversores de cada mercado, las negociaciones se están centrando en eliminar las mismas regulaciones que protegen a los consumidores, los trabajadores y el medioambiente, ya que se interponen en el camino de los beneficios corporativos. Por ejemplo, “en el sector del automóvil, no son los aranceles el mayor problema, sino las diferencias en los estándares de seguridad y medioambiente. El objetivo de estas negociaciones es reducir retrasos y costos innecesarios para las compañías” (Comisión Europea).
Con este objetivo, la UE y EEUU quieren “armonizar” sus estándares y normas, lo que equivale a una reducción y degradación de las normas sociales y medioambientales a favor de los intereses de los grandes negocios para que puedan mover libremente su capital, bienes y trabajo. Así por ejemplo, EEUU está deseando ver reducir los estándares laborales y el principio de precaución de Europa, y Europa los estándares para hacer tests, la seguridad de los aparatos médicos y medicinas, así como su régimen de regulación financiera que es más estricto. Las negociaciones pueden amenazar también la libertad en internet a través de los derechos de propiedad intelectual de las corporaciones, y tendrá consecuencias importantes sobre los agricultores, consumidores y pacientes.
Además, este acuerdo forma parte de una estrategia de la UE y EEUU para asegurar su liderazgo en los asuntos mundiales en un momento en el que se ve amenazado por el alzamiento de las economías emergentes (Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica).
Durante más de dos décadas, las corporaciones de Europa y América han estado intentando conseguir un libre mercado a ambos lados del Atlántico, para ello, muchas asociaciones industriales han presentado documentos conjuntos a favor de este acuerdo haciéndose oír con una única voz. Entre estos sectores encontramos: el automóvil, el farmacéutico, la salud, los químicos y el IT. La Comisión Europea ya ha tenido con los lobistas más de 100 reuniones, mientras deja en la más absoluta oscuridad a la población civil sobre este acuerdo.
Por otro lado, asociaciones de consumidores, activistas del medioambiente, comercio e internet, así como sindicatos y agricultores, ya han empezado a luchar contra esta agenda corporativa, a la vez que han subrayado la necesidad de que haya un debate público sobre este acuerdo, y han puesto sobre la mesa el debate sobre la necesidad de reformar las normas del comercio internacional.

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Consejo científico ATTAC ESPAÑA.

Lo que esconde el Tratado Comercial Transatlántico.

- La UE y EE UU preparan un pacto de liberalización de inversiones

El mensaje desde las fuerzas políticas y económicas hegemónicas parece evidente: “Europa ya está saliendo de la crisis”. Sin embargo, las cifras muestran cómo la realidad es otra: la UE ha registrado dos recesiones en menos de cinco años y tres de las cinco mayores economías de la UE siguen en recesión y registran crecientes cifras de desempleo y un aumento de los precios.
De hecho, según la OCDE de aquí a 2015 el 90% del crecimiento mundial se generará fuera de Europa, y un tercio sólo en China. En esta línea el Consejo Nacional de Inteligencia norteamericano, Asia está desplazando al gigante EE UU y la UE como mayores economías, exportadores y proveedores de inversión extranjera directa. Se estima que Asia tendrá más producto interior bruto (PIB), más gasto militar y más inversión en tecnología que la UE o EE UU. Con una balanza comercial claramente desequilibrada los poderes políticos, económicos y financieros, a ambos lados del Atlántico, preparan la contraofensiva geopolítica ya que aún representan el 40% del PIB mundial y un tercio del comercio internacional. Según Javier Solana, ex alto representante de la política exterior de la UE: “Europa y EE UU se necesitan mutuamente y la cooperación entre ambos lados del Atlántico es clave”. André Sapir, del think thank neoliberal Bruegel, afirma que “se trata de enviarle el mensaje a China de que todavía somos muy importantes”.
La reforma llega en forma de un polémico tratado comercial transatlántico denominado “Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones” (TTIP, por sus siglas en inglés) o el “sueño europeo-americano”, tal y como lo ha calificado el también exsecretario general de la OTAN Solana. La nueva ronda de negociaciones, iniciadas en julio, tenía previsto reanudarse hoy 7 de octubre en Bruselas a puerta cerrada y con documentos secretos, únicamente accesibles para los grupos de presión empresariales, pero a última hora ha sido desconvocada. Entre los supuestos beneficios de este acuerdo está, según la Comisión Europea, la creación de 400.000 nuevos empleos, una línea en la que también incidió Barack Obama que habló de millones de puestos cualificados.
Sin controles laborales, ni ambientales
Frente a las mentiras de la creación de empleo, la realidad es otra: el TTIP se usará para eliminar regulaciones sociales, laborales y ambientales que hasta la fecha han protegido –de forma desigual– ciertos derechos de las personas. El beneficio será para las grandes empresas transnacionales. Así se deduce de las explicaciones de la Comisión Europea: “la barrera comercial más importante no son los aranceles que se pagan en la aduana, sino los obstáculos detrás de las fronteras, tales como las diferentes normas ambientales y de seguridad […] El objetivo de este pacto comerciales reducir los costes y retrasos innecesarios para las corporaciones…”
Aprovechándose de la violenta crisis el argumento de “crear empleo” neutralizará cualquier preocupación por la salud, los derechos laborales y la crisis ecológica. EE UU se niega a ratificar normas y convenciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre derecho a la sindicalización. Mientras tanto, la Comisión Europea acelera los ataques a las políticas salariales exigiendo normas más “flexibles”. Los programas de ajuste estructural y recortes sociales de la troika resultantes de la crisis del euro y la liberalización comercial son dos caras de la misma moneda.
Bruselas está controlada por los lobbies
Según el colectivo Corporate Europe Observatory la Comisión Europea efectuó 130 “reuniones con partes interesadas” en relación a las conversaciones para un acuerdo de libre comercio entre la UE y EE UU. Al menos 119 de estas reuniones –más del 93%– fueron con grandes empresas y sus grupos de presión, entre ellos destacan el Consejo Empresarial Transatlántico y Busi­ness ­Europe. Así, este pacto transatlántico plantea numerosos y graves amenazas para la población, el medioambiente y las economías. Asimismo concentrará todavía más poder económico y político en las manos de las elites en ambos lados del Atlántico.
Inseguridad alimentaria y fracking
Corporaciones transnacionales de EE UU están haciendo mucho lobby para rebajar las normas laborales en Europa y deshacerse del Principio de Precaución (sobre el que se basan varias directivas ambientales como la que regula las sustancias químicas peligrosas o las normas de seguridad alimentaria, etc.), con el fin de aumentar sus exportaciones.
El enfoque de la Comisión Europea al negociar las normas de seguridad alimentaria encajarían perfectamente con los continuos intentos por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de descafeinar el sistema regulador de la UE para los Organismos Modificados Genéticamente al nivel de los EE UU – donde los alimentos transgénicos no requieren una supervisión, pruebas de seguridad o etiquetado. Por su parte, empresas energéticas tienen su vista puesto sobre la extracción de gas y petróleo no convencional mediante la fractura hidráulica (fracking) y podrían usar las negociaciones del TTIP para romper las prohibiciones logradas por las movilizaciones sociales.
Nuevas amenazas a la sanidad pública y a la libertad de expresión
Estas negociaciones  incluirían un capítulo sobre inversiones, con el que empresas farmacéuticas y de servicios hospitalarios podrían impugnar legalmente las políticas públicas de salud, algo que ha pasado ya con otros tratado comerciales. Aparte de que la UE ensaya vender los servicios de salud pública a los inversores transnacionales, con el pacto comercial se pretende profundizar en los Derechos de Propiedad Intelectual que debilitaría el acceso de pacientes –especialmente de enfermedades crónicas- a medicinas genéricas. La Asociación Europea de las Medicinas Genéricas (EGA) advierte que cualquier intento de fortalecer los derechos de propiedad intelectual tendrá consecuencias negativas sobre el suministro de medicamentos genéricos”, e impide la producción de medicamentos más baratos y efectivos.
Una de las demandas claves de las patronales en todas las negaciones comerciales ha sido garantizar que la compra pública (contratos de gobiernos locales, autonómicos, estatales) sean abiertos a la competición global, especialmente de cara a los recientes programas económicos que pretenden favorecer contratos con pequeñas empresas locales frente a las empresas multinacionales como una vía de apoyar las economías locales para recuperarse de la crisis financiera.
Colectivos que defienden la libertad de expresión en Internet y el copyleft, y quienes consiguieron frenar el Acuerdo Comercial Anti- Falsificación (ACTA) en el Parlamento Europeo en 2012, tienen muchas razones para estar preocupados porque una nueva versión de ACTA hace parte de las negociaciones de normas más favorables para las corporaciones de la comunicación y la Propiedad Intelectual.
Liberalización de los servicios
El acuerdo de libre comercio UE-EE UU busca una mayor liberalización de todos los sectores de servicios, pero muy en concreto de las políticas de inversión y de los servicios financieros. “Hay rumores cada vez más fuertes [sobre los esfuerzos que están haciendo las grandes corporaciones financieras] para conseguir silenciosamente a través de los acuerdos comerciales lo que no pueden obtener a la vista del gran público”, avisó en Bloomberg News la senadora Elizabeth Warren, miembro de la Comisión de Bancos del Senado de los EEUU. Con el apoyo de la Comisión Europea y el Gobierno del Reino Unido, los grupos de presión empresariales de EEUU y la UE están redactando normas para eliminar regulaciones gubernamentales que limitan los movimientos de capitales así como suprimir los controles sobre los gigantescos transferencias transatlánticos entre las plazas financieras más importantes (Wall Street, City de Londres, Frankfurt, París). El pacto con un capítulo sobre la “protección de inversiones” permitiría asimismo a bancos y fondos de inversión de Wall Street demandar, por ejemplo, al Gobierno griego, si éste resolviese no pagar la deuda ilegítima para garantizar los derechos sociales de la población. El TTIP permitiría a los bancos debilitar o eliminar regulaciones así como demandar a los gobiernos por “perdidas de beneficios potenciales” y recibir compensaciones pagados con los impuestos de la ciudadanía.
Pérdida de empleo y Derechos Laborales
El estudio de impacto de la Comisión Europeo sobre el futuro tratado comercial  reconoce que sectores como la ganadería, fertilizantes, agrocombustibles y azúcar sufrirán impactos negativos. También bajarían los ingresos de industrias como la maquinaria electrónica, equipos de transporte y metalúrgica, así como los sectores de productos madereros y papel, servicios a las empresas y comunicación con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. Una mayor exportación de EEUU podría agravar además la división intra-europea entre los países “ricos” y “pobres”. Al respecto señala el reciente Informe sobre Comercio y Desarrollo 2013 de la UNCTAD que la estrategia de competir a través de las exportaciones no puede llevarse a cabo por todos sin terminar por empobrecer a los demás países, y, por lo tanto, destrozando a todas las economías que la practican.
Resulta razonable concluir que las políticas de liberalización comercial y de inversiones conllevan una pérdida de empleos y derechos laborales, una mayor precarización y el aumento de desigualdades. Mientras la UE busque la subordinación de sus leyes laborales a los intereses de las grandes empresas, es de esperar que el derecho a la sindicalización, la negociación colectiva, el derecho a la huelga y otros derechos laborales sigan minándose.
El Acta única europea
Este nuevo pacto comercial se enmarca en las políticas de Bruselas iniciadas en la década de los 80, como la entrada del Acta única Europea (1985), el mercado único Europeo que pronosticaban la creación de entre 2 y 5 millones de puestos de trabajo en la UE-12 que existía en el momento. Lo que ocultaban era cuántos empleos se destruirían.
Hoy, veinte años más tarde, en la UE hay 26 millones de personas sin empleo y otras tantas trabajadoras y trabajadores con un sueldo de miseria. En el Reino Unido, más de seis millones de personas de hogares con empleo están sumadas en la pobreza. La entrada en la UE y la adopción del euro causó la desindustrialización parcial de los países mediterráneos. En Grecia, por ejemplo, el Mercado Único ha destruido mucho empleo en el sector manufacturero (-10%) y agrario (-20%).
Más información:
Vídeo sobre explicativo sobre Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones” (TTIP)
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Las resistencias y las respuestas de la sociedad civil
Un amplio abanico de redes y organizaciones sociales de ambos lados del Atlántico ya han hecho sonar las alarmas. Hay un primer nivel de coordinación para frenar las negociaciones y exponer sus amenazas. La red europea Seattle-to-Brussels Networkpublicará un informe para explicar las posibles consecuencias de este tratado transatlántico y convocará una reunión en diciembre para coordinar la lucha entre colectivos de EEUU y Europa. Es una importante oportunidad para forjar vínculos con los movimientos sociales anticapitalista de EE UU y acordar estrategias comunes.
En Alemania hay una campaña “TTIP” nein danke!, en Francia se está formando una coalición. En otros países hay procesos similares. El tema está también en la agenda de un encuentro europeo de estrategias frente a las políticas económicas de la UE y de la troika que tendrá lugar del 4 al 6 de octubre en Ámsterdam. Por las redes sociales se han convocado acciones el 24 de noviembre. También en el Estado español se está preparando reuniones para explorar las condiciones de una campaña amplia.
Es un tema que podría entrar en la agenda del 15M y las mareas en defensa de los servicios públicos. Una oportunidad para salir a la calle de forma descentralizada podría ser la semana del 1 al 6 de diciembre, mientras se reúne en Bali la Organización Mundial de Comercio, el Movimiento de Indonesia contra Neocolonialismo e Imperialismo “Gerak Lawan” ha convocado a los movimientos por la justicia global a segundar una semana de lucha contra el “libre” comercio.
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Organizaciones sociales expresan su rechazo a las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP)

Hoy, 26 de marzo, organizaciones sociales y sindicales han entregado una carta en las sedes de la Comisión Europea en Madrid y Barcelona destinada a Francisco Fonseca Morillo, Director de la Representación Permanente. Con ello se han sumado a la campaña internacional en oposición a las negociaciones comerciales que tienen lugar de forma antidemocrática y a espaldas de la sociedad, según las organizaciones firmantes.
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP) suscita una creciente oposición a ambos lados del Atlántico. Grupos de la sociedad civil de la Unión Europea y de EEUU han expresado su preocupación por una posible eliminación de salvaguardas y la degradación de normas y regulaciones en materia social, laboral, alimentaria, medioambiental, sanitaria y energética. Se vislumbra un recorte generalizado de los derechos fundamentales de la población y un poder de influencia sin precedentes para las grandes corporaciones.
El TTIP permitiría a los inversores reclamar indemnizaciones como resultado de regulaciones, leyes, normativas u otras decisiones gubernamentales que tengan el efecto de reducir sus oportunidades de lucro. Debido a que casi todas las medidas de la administración pueden ajustarse a esa definición, las políticas públicas han sido objeto de demandas inversor-Estado en todo el mundo.
Según las filtraciones de documentos «secretos», varias regulaciones previstas por el TTIP serían contrarias al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Además, los posibles impactos del Tratado sobre las reglas de seguridad alimentaria afectarían directamente a las y los consumidores causando problemas de salud.
En el ámbito de la salud y de la educación pública, el Tratado reforzaría la liberalización de los mercados de servicios, es decir, una mayor privatización de los servicios públicos, a pesar de que una amplia mayoría de la población se opone rotundamente a ello.
Finalmente, en un contexto de economía de casino financiero y responsable de la actual crisis, que impacta gravemente en los derechos básicos de la población mediante los recortes actuales, preocupa el objetivo del TTIP de liberalizar aun más los servicios financieros que podría impedir a la administración regular el sector financiero, restringir fusiones y adquisiciones, establecer impuestos y tasas a bancos y transacciones financieras, así como establecer un control de los capitales.
La eliminación de los controles sobre el capital y la liberalización de los servicios financieros ha exacerbado la crisis de la deuda europea. La consiguiente imposición de privatizaciones, el desmantelamiento de las leyes de protección laboral y los drásticos recortes sociales –mientras los bancos que alimentaron la crisis siguen protegidos por las leyes comerciales- son un reflejo del impacto devastador de las normas comerciales.
Ante esta situación, las organizaciones del Estado español demandan la paralización inmediata de las negociaciones del TTIP. Asimismo han emprendido una amplia campaña de denuncia y movilización a nivel europeo y transatlántico, con el objetivo de evitar que la firma del Tratado tenga lugar. En la misma línea, han reivindicando la urgente necesidad de un Mandato de Comercio Alternativo y una revisión del actual régimen comercial que desemboque en alternativas basadas en la democracia, cooperación, participación real, derechos humanos, justicia social, igualdad de género y sostenibilidad. NdP
Organizaciones firmantes:
ATTAC España, Baladre, Confederación General del Trabajo (CGT), EdPAC, Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad-Cátedra UNESCO de Sostenibilidad UPC, HuertAula de Agroecología Cantarranas UCM, Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid, Marxa Mundial de Dones – Catalunya, Observatori DESC, Observatorio de la Deuda en la Globalización, Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia, Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid, Suds, Unión Sindical Obrera (USO), Plataforma Rural (ACSUR-Las Segovias; Amigos de la Tierra; Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI); Colectivo Tierra de Campos; Colectivos de Acción Solidaria (CAS); Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU); Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG); Ecologistas en Acción; Emaús Fundación Social; Entrepueblos; Fundación Global Nature; GRAIN; Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos; Movimiento Rural Cristiano; Mundubat; Perifèries; Sindicato de Obreros del Campo (SOC-SAT); Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE); SODePAZ; Universidad Rural Paulo Freire (URPF); Justicia Alimentaria Global-VSF; Xarxa de Consum Solidari).
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