Todo empezó con Felipe González, quien, a cambio del apoyo de CiU a su último gobierno, entregó las infraestructuras del transporte y la distribución públicas, así como un inmenso fondo de comercio, a Gas Natural por la décima parte de su valor. Un robo a los españoles del orden de los 4.000 millones de euros actuales. Y lo que todavía fue peor, se permitió a Gas Natural explotar en la práctica este mercado en régimen de monopolio, algo contrario a las leyes y las prácticas de la economía internacional.
Se dictó una ley en virtud de la cual los dos grandes monopolios del sector –Enagás (responsable de las grandes infraestructuras de transporte) y Gas Natural (principal responsable de los aprovisionamientos y de la práctica totalidad de la distribución)– tienen garantizada una remuneración a todas sus inversiones con dinero público equivalente al tipo de interés de los bonos del Estado a diez años más 150 puntos básicos. Para conseguir esta monstruosidad, basta el simple requisito de estar incluidas en un esperpento creado al efecto en el Ministerio de Industria y denominado “Planificación Obligatoria”, en el que estas empresas incluyen todas sus inversiones, empezando por las más disparatadas. Un robo ‘legal’ a todos los consumidores.
Todo ello nos lleva a que los españoles tengamos que soportar unos precios de gas entre los más altos del mundo, y lo que aún es peor estamos entrando, como en el sector eléctrico, en una situación de déficit de tarifa que eleva más todavía los disparatados precios, que a veces doblan los de nuestros principales competidores europeos. ¿Cómo narices va a poder competir España con estos países, aun contando con la deflación salarial salvaje que está aplicando este Gobierno de despiadados? ¿De dónde saca este Gobierno de tramposos que las exportaciones pueden ser nuestro futuro, con los precios de la energía y la financiación más caros del mundo desarrollado?
La causa de que los españoles tengamos que pagar los mayores precios de la electricidad (incluyendo el déficit de tarifa) no sólo de Europa sino de todo el mundo desarrollado, los del gas y los de los productos petrolíferos antes de impuestos, las mayores comisiones bancarias y los mayores tipo de interés, o el mayor costo de las telecomunicaciones, está en una sola y única razón: la connivencia entre la oligarquía política y la empresarial, que ha permitido y permite a estos sectores esenciales:
– Recibir a precios irrisorios los activos públicos existentes en dichos sectores, pertenecientes al pueblo español. En concreto, en el 10% de su valor real por término medio.
– Sustituir los antiguos monopolios públicos con precios regulados por monopolios privados con precios libres. Esto sería de cárcel en cualquier otro país y también en España si la Justicia no estuviera a las órdenes de la oligarquía política.
– Implantar una legislación según la cual los errores de gestión cometidos por estas grandes empresas, algunas de las cuales están entre las más ineficientes del mundo, no los pagan ellas, sino los ciudadanos.
