Pero mesetario, entiendo que hay una incoheencia entre ambos regímenes disciplinarios. Y si no la hay, uno de ellos se aplicado rigurosamente y el y otro no se ha aplicado, por tanto hay un agravio comparativo entre ambos artífices, secretaria y juez.
Además había posibilidad de sancionar al Juez con una suspensión, pero sencillamente, el CGPJ ha arropado al Juez, actuando corporativamente por encima de toda justicia.
Baste leer lo siguiente para comprender que esos vocales que han arropado al Juez Tirado no han querido aplicar el reglamento.
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Félix Azón ha propuesto al Pleno de este órgano que mantenga la multa de 1.500 euros, impuesta a este magistrado por una falta grave de desatención.
El también instructor del expediente abierto al juez de Sevilla Rafael Tirado -por el retraso en ejecutar una condena contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés-, baraja además la posibilidad de que, si considera su actuación como muy grave, endurezca la sanción y le suspenda entre uno y seis meses, lo que evitaría la pérdida de destino del titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla.
Fuentes del CGPJ señalaron ayer que el Pleno del próximo martes no tiene por qué ceñirse a esta propuesta y puede optar entre un amplio abanico de resoluciones que irían desde la anulación de la multa al endurecimiento de la sanción contra Tirado, para quien la Fiscalía solicita una suspensión por tres años.
La propuesta de Azón, que apenas ocupa un folio, propone en concreto al Pleno que se desestime el recurso interpuesto por Tirado contra la decisión del anterior Consejo de multarle y que, respecto a la petición de la Fiscalía, opte entre mantener la sanción económica o bien considerar su conducta como falta muy grave, debiéndole suspender de sus funciones entre uno y seis meses.
El pasado 24 de septiembre, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, presentó ante el Pleno del CGPJ, un recurso de alzada contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria de este órgano de multar con 1.500 euros a Rafael Tirado.
Asimismo solicitaba que se le impusiese la sanción de suspensión por tres años por la comisión de una falta "muy grave" del art. 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Esta calificación de "muy grave", también contempla la posibilidad de un traslado forzoso o incluso apartar definitivamente al magistrado de la carrera judicial, extremo que apoya la familia de la niña Mari Luz.