Hasta 2005, hubo dudas sobre cómo debía interpretarse este artículo y si las víctimas o perjudicados debían ser españoles para que pudiera abrirse el proceso. Pero ese año habló el Tribunal Constitucional. Dio amparo a la activista guatemalteca Rigoberta Menchú y dijo claramente -en contra del criterio del Tribunal Supremo- que estos delitos podían investigarse aunque no hubiera conexiones con España. La Audiencia adquiría así la jurisdicción universal pura y absoluta.
La legitimidad para abrir este tipo de procesos no sólo deriva de la ley, sino también de un buen número de tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España -Convenciones de Ginebra, Convención contra el Genocidio, contra la Tortura...- y que son, por tanto, de obligado cumplimiento. Otros países europeos que también los han firmado, como Francia, Alemania, Holanda o Italia, tienen también procesos de justicia universal abiertos, pero en un número muy reducido ¿Cuáles son las diferencias con España?
Son esencialmente dos: la primera es la exigencia de algunos países de que el delito tenga relación con el Estado que va a juzgar. La segunda, la posibilidad o no de ejercer la "acción popular"
Uno de los problemas es que no existe una Corte Penal Internacional en la que puedan presentarse querellas como las que están llegando a la Audiencia. El Tribunal de La Haya tiene muchas limitaciones, de forma que la gran mayoría de estos delitos quedarían impunes. "Y estamos hablando de los crímenes más atroces, de crímenes contra la humanidad", opina Manuel Ollé, letrado encargado, entre otros asuntos, de la matanza de jesuitas en El Salvador en 1989, entre los que estaba Ignacio Ellacuría. "Mientras los Gobiernos no tengan la voluntad política de crear un tribunal eficaz y efectivo, la única vía es la justicia universal implantada en el mayor número de países posible. Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad con los derechos humanos".
Incluso sin condena ni juicio, la apertura del proceso tiene consecuencias. La principal, remover a la opinión pública del país en el que se cometieron los hechos. Si es una dictadura, será imposible que se juzguen a sí mismos. Pero cuando se trata de una democracia, las cosas cambian. "Algunas de estas causas han tenido una eficacia simbólica importantísima y han generado procesos internos que han terminado con juicios en los países en los que se cometieron los crímenes"
En cuanto al coste y los medios dedicados a estos procesos , de las más de 500 causas abiertas en el Juzgado Central 4 -el que investiga a Israel o a Ruanda- sólo tres son de justicia universal. De los 2,5 millones de casos pendientes que hay en España, sólo el 0,0005 persiguen a estos presuntos delincuentes. Los más protegidos.
No puedes ver los enlaces.
Register or
Login