Lo ha pedido Bono.
Bono rompe la disciplina de Gobierno y reclama un acuerdo entre PP y PSOE sobre el Estatut
El PSC se muestra dispuesto a aceptar enmiendas a la financiación, pero considera intocables los capítulos identitarios
División en el Gobierno, rebelión de los barones, voces que discrepan en el PSOE. Zapatero no sabe cómo resolver la última «maragallada». El PSC está dispuesto a aceptar enmiendas mientras Bono, desde Canadá, pide un acuerdo PSOE-PP.
E. L. Palomera / Agencias
Madrid / Ottawa- El ministro de Defensa se erigió anoche en portavoz de los ministros, presidentes autonómicos y diputados contrarios a que el PSOE acepte sin más que Cataluña es una nación con todas las potestades fiscales de un Estado. En medio de la oposición cada vez más intensa de los socialistas frente al proyecto del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, el tripartito y CiU, un despacho de agencia advertía que José Bono, en viaje por Canada, abogaba por un acuerdo entre el PP y el PSOE en «un asunto que afecta a la igualdad y a la distribución territorial del poder». Según Bono, el interés general (que en este caso se podría traducir por alarma social, según fuentes socialistas) obliga a un acuerdo de amplio calado, algo así como los grandes pactos de Estado que Zapatero impulsó en sus tiempos en la oposición.
Este «flash» de Bono era el lazo a una tarde intensa, de cruces de declaraciones, descalificaciones y acusaciones soterradas en la que Zapatero encontró tan sólo el apoyo del ministro de Administraciones Públicas. Jordi Sevilla no tiene ninguna duda: el término «nación» para Cataluña es «constitucional»; eso sí, siempre que no tenga validez jurídica y quede encorsetado en el preámbulo estatutario. Está por determinar la forma en que el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, pretende encajar la polémica definición en un Estatut que será objeto de, como mínimo, sesiones cosméticas. En primer lugar, Zapatero ha de conseguir el consenso pleno no ya en su partido, sino entre los miembros del Gobierno, lo que no se antoja ni fácil ni rápido. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, se ha mostrado tajante al reiterar cuantas veces se lo han preguntado que en su opinión y en la Constitución la única entidad nacional es España. Los titulares de Defensa y de Justicia son de la misma opinión y, desde una perspectiva jurídica, la vicepresidenta Fernández de la Vega opina como el resto de sus compañeros, salvo José Montilla y desde ayer Jordi Sevilla.
Desde el pasado fin de semana, el PSOE y el PSC diseñan estrategias contradictorias para sortear los escollos políticos, jurídicos y financieros que ha provocado el pacto entre Zapatero, Mas y Maragall para aprobar en primera instancia el Estatut. Mientras una parte del PSOE encabezada por el presidente de la Comisión Constitucional, Alfonso Guerra, aboga por una profunda reforma del texto procedente de Cataluña para que pase el examen constitucional; en el PSC se diseña una campaña de imagen para que lo que denominan la sociedad civil española acepte las pretensiones estatutarias como el punto de partida de una segunda transición que resuelva de una vez por todas lo que denominan el encaje de Cataluña (e incluso del País Vasco) en España. En el PSOE se habla sin tapujos del «lío» provocado por Zapatero y, ya sea por convencimiento o por electoralismo de baronía, se han cargado las tintas contra «la última maragallada». En el Gobierno, las declaraciones del Jefe del Estado Mayor, Sanz Roldán, han provocado un cruce de declaraciones entre Montilla, muy crítico, y Bono, que ha comprometido su palabra en múltiples ocasiones respecto a las pretensiones de la Generalitat.
Zapatero está a la espera de la conversación que mantendrá hoy con Maragall para calibrar el grado de resistencia real que piensa oponer el líder catalán a los retoques que se diseñan desde el Gobierno y el PSOE al texto. Ayer mismo recibió una buena noticia: el portavoz del PSC en el Parlamento catalán, Miquel Iceta, apuntó que será muy difícil que el PSOE pueda dar curso en el Congreso al Estatut si no se aceptan las enmiendas que prepara. Se da la circunstancia de que tales añadidos no son sino los que el propio PSC enfrentó a la pinza formada por ERC y CiU tras el «repaso» por inconstitucional que el Consejo Consultivo de la Generalitat propinó al penúltimo proyecto estatutario. Pero mientras el PSC y Sevilla admiten cambios en el apartado de la financiación autonómica, la posición de los socialistas catalanes respecto a los capítulos identitarios es calificada en Madrid de «numantina». Guerra ha tratado de terciar en la polémica al sugerir que el Estatut catalán no se tramite al tiempo que el valenciano, lo que daría un margen de maniobra al PSOE y al PSC para consensuar al menos las discrepancias. Pero, claro, existe el precedente de 1979 cuando se tramitaron el vasco y el catalán.
Lo que es un hecho es que Zapatero se encuentra en minoría tanto en el PSOE como en el Gobierno en su pretensión de aceptar el término «nación», y también que es prisionero de los apoyos parlamentarios nacionalistas y de su promesa cuando no era presidente del Gobier-
no. Vamos, que no será por falta de voces que desafinen en el coro socialista. Unos más que otros, pero todos opinan, y no precisamente en la misma dirección que Zapatero. De nuevo ayer se dejó constancia en la reunión del Grupo Socialista en el Congreso, donde Alfredo Pérez Rubalcaba se vio obligado a hacer una llamada a la calma entre los suyos y a garantizar que se presentarán las enmiendas oportunas para que el texto sea constitucional.
Se produjo un debate intenso y encontrado entre las distintas sensibilidades del socialismo. Opinaron, entre otros, Rafael Estrella, José María Benegas, Isabel Pozuelo, Francesc Antich, Jesús Cuadrado y Daniel Fernández. Todos se lamentaron de la difícil y compleja situación en que el tripartito ha situado al Gobierno. Todos apelaron a la necesidad de buscar nuevos consensos. Todos coincidieron en que no se puede estar una legislatura entera hablando de Estatutos. Y todos subrayaron el prolijo contenido del texto.
Rubalcaba admitió la complejidad del escenario habida cuenta de que el PSOE no tiene mayoría absoluta, pero pidió que no se caiga en la estrategia del PP de exponer el asunto ante la opinión pública como si este debate fuera a suponer el fin del mundo e implicara la ruptura de España. No escatimó andanadas para los populares, cuya posición calificó de «apocalíptica» tras los anuncios de que «España se rompe, la economía se hunde y la familia desaperece». Y, a renglón seguido, confió en que algunas de las enmiendas socialistas cuenten con el apoyo del PP. De no ser así, el PSOE lo tiene complicado, aunque el PSC ya ha reconocido que el Estatut no se ajusta al cien por cien a la Constitución. El problema en la Cámara Baja ya no es el PSC, sino unos socios parlamentarios que son, también, proponentes y firmantes del anteproyecto que hoy llegará a la Carerra de San Jerónimo. La disposición de los socialistas catalanes a rebajar el texto no agradó a los republicanos, que no admitirán, como los convergentes, cambios sustanciales. La solución, pues, es harto complicada. «Diez meses de debate en Madrid, y si no hay salida constitucional, un adelanto electoral y aquí no ha pasado nada», proponía ayer uno de los diputados del PSOE.
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