Discrepo de Palangana y de Wimblendon.
Del primero, porque aun siendo formalmente cierto que la jurisprudencia no es fuente del derecho, el valor que se le da en la práctica es similar e incluso a veces mayor que el de una ley.
Y del segundo, por lo siguiente:
1. Para crear jurisprudencia es necesario dos sentencias en la misma línea.
2. Y sobre todo, porque tiene todo el aspecto de ser un bandazo, una “ocurrencia” o una “genialidad”, que no tiene visos de consolidarse. Piénsese por ejemplo en el caso en el que un abogado, haciendo uso de esta nueva línea del TS, acusa al TS de prevaricación.
Lo cual no quita que, la sentencia constituya un gravísimo precedente y un auténtico atropello hipergarantista al Estado de Derecho, que desconoce cosas como el uso social del derecho o, el que los derechos deben ser ejercidos en armonía con los derechos de los demás o el respeto a la ley. Y sobre todo, es fruto de una errónea concepción de que todo vale en defensa del cliente o de que, los derechos del cliente son sacrosantos. ¿Y por qué los del cliente sí y los demás son limitados? Es una concepción ultragarantista, poco adecuada, indigna desde luego de un árbitro, de un notario y no digamos ya de un juez y poco recomendada igualmente para un abogado, aunque un poco más comprensible. El problema viene de la Universidad que enseña el derecho, sólo desde la óptica del cliente, del delincuente y no desde una perspectiva integral y ponderando los intereses en juego. Una concepción errónea que yo mismo tuve la desdicha de asumirla como propia, pero de la que afortunadamente, me he desintoxicado.
En serio: reflexionad sobre este asunto, porque es un debate a mi juicio de gran trascendencia. Incluso si se me apura, el gran civilista que desde luego no es Lasarte, es aquel que tiene la virtud de refutar de raíz esta errónea concepción ultragarantista, es aquel que hace ver el derecho como el debido equilibrio de los derechos e intereses en juego, que hace que la convivencia social sea posible, duradera y viable.
Pero repito: no se debe y aun es suicida, hacer prisionera a toda la sociedad de “los sacrosantos derechos del delincuente o del cliente”.