La vía pecuria (Camino Real de Madrid) que cruza la finca La Granjilla, propiedad de la familia de Esperanza Aguirre se sometió a un proceso de desafectación por parte del Gobierno regional para su desaparición como bien de dominio público a finales de 2003. Tras una sentencia favorable fue recurrida. Los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid convocaron ayer en la puerta que cierra el paso de esta vía pecuaria una rueda de prensa en la que solicitaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que renuncie a la Ley de Medidas Urgentes que se aprobará hoy porque, a su juicio, les retira competencias para efectuar su trabajo.
Los agentes apelaron a la “sensatez”, la “cordura” y el “sentido común” para que el Gobierno Regional retire la nueva Ley, una decisión que, a su juicio, supondría un ejercicio de “madurez política” y de gobierno por el interés general y no por el interés particular”.
Por su parte, el coordinador estatal de agentes forestales de CCOO y agente forestal de la Comunidad, Francisco Cabezos, indicó que desde su colectivo se van a emprender todas las medidas que estén a su alcance para detener este proyecto.
COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO
Entre otras medidas, Cabezos citó la solicitud de una reunión con el ministro de Justicia para hacerle llegar la situación y la intención de hacer un viaje a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo después del verano “para exponer ante todos los grupos parlamentarios de la Unión Europea, lo que para este colectivo es una vulneración de la Ley”.
Por el momento, el responsable forestal anunció que hoy se celebrará una concentración y una asamblea a las 13 horas y en cuanto a la posibilidad de iniciar una huelga, señaló que “el sector no sabe si terminará haciéndola”. “Ahora mismo, tal y como están los montes no es el momento apropiado”, indicó.
“EFECTOS PERVERSOS”
A juicio de los forestales la nueva medida conlleva “efectos perversos”. Por ello, Cabezos puso como ejemplo lo que ocurriría si se celebra una barbacoa en una finca de El Escorial. “Tendría que irme a San Lorenzo de El Escorial, y pedir al juzgado que esté de guardia una autorización para ver quién está haciendo el fuego. Al final, una simple barbacoa puede terminar siendo un incendio, en lugar de haber sido prevenida”, explicó.
Así, el coordinador estatal de agentes forestales de CCOO informó que “nadie cuestiona” la propiedad privada, pero que el terreno forestal y el monte preservado “están sujetos por la propia normativa ambiental de la Comunidad de Madrid y del Estado, a la hora de la inspección y control, ya que no es lo mismo entrar en la finca que en el domicilio”.
“Sin en una finca privada hay uno de los mayores núcleos de población de cigüeña blanca en árbol, una especie protegida. No son del propietario de esta finca, son de todos. Él es afortunado de verlas todos los días. Pero si no le gustaran, en esta finca o en cualquier otra, quién va a controlar que no desaparezcan. Hasta ahora, desde hace 130 años, de eso nos encargábamos nosotros”, subrayó.
