pues a mí el juez Garzón me parece que con su labor ha hecho que el mundo vaya un poquito mejor y ojalá hubiese más como él, no solo en España sino en todo el mundo, siempre lo he admirado y lo seguiré haciendo, lo dicho me parece no solo un buen juez sino el mejor
Una duda xexitana, si finalmente el juez Garzón terminara condenado por prevaricador ¿seguirías pensando que hacen falta más jueces como él?
Diría, depende - de quien condena. El TE de Derechos Humanos existe.
En todo caso lo que consiguió no lo quita nadie.
La Ley de Amnistía no ampara crímenes contra la humanidad, y puede resultar que prevarica el que diga ignorarlo.
Pero lo que no pueden ignorar desde lo alto del Poder Judicial es que el impedimiento de de la acción penal contra quienes han cometido crímenes lesivos para la humanidad, vulneraría los artículos:
- 10.2 y 96.1, de la Constitución
- la Declaración Universal de los Derechos Humanos
- el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que determina que serán juzgados y condenados quienes cometan actos delictivos según los principios generales del Derecho Internacional;
- la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece que todo tratado obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, y que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado;
- la Convención contra el Genocidio;
- a Convención contra la Tortura;
- la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, todos ellos firmados por España.
Éstos y otros acuerdos, principios y normas imperativas del Derecho Internacional establecen la imprescriptibilidad de estos crímenes y señalan que sus responsables no pueden en ningún caso beneficiarse de leyes de impunidad.
Los prevaricadores serán los jueces que en el ejercicio de su cargo se han opuesto a la investigación de los crímenes de la dictadura y los jueces que en el ejercicio de su cargo vienen dictando resoluciones manifiestamente injustas contra este juez. A ellos debe serles aplicada la sanción que el Código Penal prevé para quienes abusando de su autoridad dicten resolución injusta a sabiendas, con dolo: la inhabilitación absoluta para todo empleo o cargo público de 10 a 20 años.